La mayoría de fincas donde se siembran semillas de algodón, maíz y soya modificadas genéticamente, mejor conocidas como transgénicas, están en Guanacaste, en los alrededores de Cañas, Las Juntas y Liberia, según un mapa del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), obtenido por La Voz de Guanacaste.
Durante años, activistas ecologistas y académicos que cuestionan el impacto que tienen estos cultivos en el medio ambiente y en las comunidades cercanas, han querido obtener más información sobre estas siembras, ya que los pobladores de estas zonas tienen derecho de saber qué se cultiva cerca de donde viven o trabajan.
Argumentan que en el país no hay capacidad para vigilar que las siembras de transgénicos se hagan de forma segura; que un campo sembrado con ellos no podrá limpiarse en el futuro para sembrar allí otra cosa; que éstos ponen en peligro la biodiversidad del país; y que no hay pruebas científicas de que no causan daños a la salud.
La información sobre dónde se ubican las fincas “se considera secreta”, dijo el profesor Jaime García, del Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR), y agregó: “Lo que hemos argumentado es ¿cómo se puede saber que no está pasando nada si no sabemos dónde están las fincas?”
La Voz de Guanacaste obtuvo un mapa con la ubicación de fincas donde se cultiva semilla transgénica en Costa Rica, facilitado por el SFE y que se adjunta más abajo en este artículo
Sala Constitucional dijo que información de permisos para siembra de transgénicos no es confidencial
Este sector de la población también ha criticado el secretismo con el otorgamiento de permisos.
Por ejemplo, García argumentó que los permisos “no tienen fecha de caducidad y los informes de seguimiento a estas siembras autorizadas de cultivos transgénicos no vuelven a analizarse a lo interno de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, aunque posteriormente se varíen las áreas y los lugares de siembra de estos eventos autorizados”.
Sin embargo, Alex May, del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), aseguró que si la compañía se cambia de finca tiene que solicitar otro permiso y enfatizó que “una de las actividades que está más regulada en Costa Rica es el tema de la investigación y liberación de transgénicos”. “En el caso particular de Costa Rica aquí no se siembran cultivos transgénicos para consumo humano, sólo semilla para exportación. Desde que entra la semilla, se siembra, se cosecha, se empaca, todo eso está regulado”, afirmó May.
Secretismo o no, pareciera ser que la Sala IV está de acuerdo con García ya que el 11 de septiembre, la Sala decidió sobre una acción de inconstitucionalidad contra el Reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria en el que establece que ese reglamento viola los derechos de los ticos, porque dice que la información técnica que dan las empresas que piden permisos para sembrar transgénicos, es confidencial.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada el 31 de enero de 2013, y dice que el artículo 132 del Reglamento a la Ley de Protección Fitosanitaria “violenta en forma grosera el derecho de participación ciudadana, particularmente el derecho de toda persona a participar en aquellos asuntos donde se discuta una posible afectación al ambiente”.
Los que presentaron la acción de inconstitucionalidad fueron gente del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, de la Asociación Mesa Nacional Indígena, de grupos ecologistas y el exdiputado y excandidato a presidente por el Frente Amplio José María Villalta.
Ellos dicen que: “Por mandato constitucional la información relacionada con proyectos que afectan el ambiente es pública. Sin acceso a la información técnica aportada para justificar un permiso de liberación de transgénicos, tampoco es posible evaluar si dicho permiso estuvo bien o mal otorgado, si la resolución que lo otorgó se encontraba bien o mal fundamentada, porque simplemente no se ha tenido pleno acceso a las pruebas y los fundamentos técnicos en que dicha resolución se sustenta”.
Sofía Barquero, asesora legislativa de la oficina del diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio, explicó a La Voz de Guanacaste, que “el acceso a expedientes públicos es libre en Costa Rica; pero en este caso los estudios que se hacen para permitir el otorgamiento de permisos para la liberación de transgénicos son secretos”.
Todo sigue igual
Los ecologistas celebraron porque creen que cambiará el proceso que se seguía.
Grupos como la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) afirmaron que con la resolución se garantiza que de ahora en adelante los procedimientos para autorizar los transgénicos serán accesibles para todos, e indicó que los permisos que estaban en trámite para liberar maíz transgénico no se pueden dar hasta que la norma no se ajuste a las disposiciones de la Sala IV.
Unos de los permisos que están en trámite son los de la compañía Delta & Pine, que quiere liberar al ambiente (es decir, sembrar a campo abierto) las variedades de maíz transgénico MON-88017, MON-603, MON 863 y MON 89034, en Upala y Cañas. La Comisión Nacional Técnica de Bioseguridad dio el visto bueno; pero la siembra no se ha podido hacer por la acción de inconstitucionalidad.
Pero según dijo Alex May, del SEF, quien además es presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, por ahora nada va a cambiar en cuanto a los permisos.
May explicó a La Voz que si se deroga el artículo 132, que es de un reglamento de 1998; lo que se va a usar es el Protocolo de Cartagena, del 2006, que es una ley con mayor rango y más nueva.
El Protocolo de Cartagena “viene a establecer con toda precisión qué es el manejo de la información confidencial y ahí se establece qué es confidencial y qué no y cómo se debe manejar ese tipo de documentación”, dijo May.
“Lo que era inconstitucional era un artículo de un reglamento y ahora hay una ley que tiene mayor rango jurídico, que subsana ese tipo de inconveniencia. Entonces desde el punto de vista práctico nosotros no encontramos nada diferente de lo que se ha estado haciendo¨, especificó May.
El funcionario espera que la resolución completa de la Sala IV se de en 15 o 22 días.
Consultado sobre si cambiará en algo el proceso de los permisos, May respondió:
“No, en lo absoluto. Se tiene que seguir trabajando, dando el servicio a las empresas, a las compañías, se tiene que seguir estudiando y cumpliendo con las funciones que están establecidas en la Ley de Protección Fitosanitaria. Los permisos se van a mover”, dijo May.
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