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Mas armas, ¿más seguridad?

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De las 72 empresas que brindan servicios de seguridad privada en Guanacaste, solo cinco están ubicadas en Nicoya y solo una de esas cinco empresas nicoyanas está al día con las obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según datos del sitio digital del Ministerio de Seguridad Pública.

Elbert González Ramírez, Director de Servicios de Seguridad  Privada del Ministerio de Seguridad Pública, explicó que actualmente están haciendo un recuento e inspección en todo el país por medio del sistema Control Pas para detectar cuales empresas operan de manera ilegal. El Control Pas es una base de datos que brinda acceso público a la lista de empresas y agentes de seguridad de todo el país, y que también permite efectuar consultas, trámites y solicitudes.

La Voz pudo obtener la información de que solo cinco empresas nicoyanas se encuentran debidamente inscritas ante el Ministerio de Seguridad Pública, las cuales son: Falcon Alarm Monitoring CR S.A., Protección Investigación Y Capacitación (PROINCA) de Guanacaste S.A, Seguridad Centinela AM Ltda., Seguridad La Cananga S.A., y ZMG Seguridad Internacional S.A

Sin embargo, de estas cinco empresas, solo PROINCA apareció con sus cuotas obreros patronales al día, según el sitio de morosidad patronal.

González hizo hincapié en que las personas que adquieren el servicio de una empresa de seguridad tienen el derecho de exigirle documentación que permita conocer si opera de manera legal.

“Usted debe exigirle a la empresa copia de autorización y permiso de operación emitido por la dirección de Servicios de Seguridad Privada, donde tienen las oficinas, dirección física y números de teléfono, así como una cotización por escrito del servicio y el currículo de los oficiales”, explicó González.

Nicoyanos preocupados por empresas ilegales

La Voz consultó a tres de las empresas que brindan servicios de seguridad en el cantón de Nicoya y encontró que todas se encuentran preocupadas por la aparición que ha habido en años recientes de supuestas empresas que llegan a brindar seguridad a los habitantes del cantón.

Abraham Matarrita, propietario de Seguridad Centinela, empresa que ofrece servicios de seguridad en Sámara y Nosara desde hace 10 años, consideró que ha sido difícil mantenerse a flote durante los años con la venta de servicios de seguridad privada “porque empresas de San José vienen por unos meses a vender servicios más baratos, nos quitan los clientes y luego se van y nos crean mala fama al resto de empresas de seguridad privada”, afirmó.

Seguridad Centinela cuenta con tres oficiales quienes brindan seguridad física, y el costo de la vigilancia física de un oficial oscila entre los 600-700 mil colones al mes.

Luis Fajardo Salazar, dueño de PROINCA, empresa que inició operaciones en enero de este año, afirmó que la empresa tiene un polígono de tiro, una escuela para capacitar policías y licencia para trabajar en todo el país. Además, destacó que sus oficiales reciben salario estén o no contratados por clientes. “Tenemos cinco oficiales que son empleados de la empresa, y están al día con las obligaciones de la seguridad social y al día con el Instituto Nacional de Seguros”, dijo.

Actualmente PROINCA brinda servicios de seguridad a la empresa a cargo de las obras de construcción de la Torre Medica Hospitalaria del Hospital de La Anexión: “Nuestros oficiales usan detectores de metal, el arma reglamentaria de 9 milímetros y foco, entre otros”, indicó Fajardo y estimó que el costo es de 800 mil colones por tener un oficial armado en una oficina pequeña durante un mes.

Cámaras vrs. oficiales armados

Fajardo es de la opinión que “la seguridad física es mejor que la electrónica porque la electrónica no evita (un delito), solo graba el acto. Y nuestros oficiales saben cómo dar una respuesta inmediata, y reaccionar en situaciones de peligro”.

Al contrario de Fajardo, Elbert González cree que el futuro de la seguridad privada es la seguridad electrónica y predice que en el futuro habrá pocos o ningún oficial custodiando viviendas o sitios públicos.

“Yo preferirá no tener armas de fuego, sino tecnología. Hay oficiales de seguridad privada en países de Asia y Sudamérica que vigilan sin necesidad de usar armas de fuego, sino que hace uso de dispositivos de tecnología para vigilar y proteger y protegerse.”

Pierre Crespo, encargado de Falcon Alarm Monitoring CR S.A. destacó que actualmente son la única empresa en Nicoya que brinda respuesta armada y vigilancia las 24 horas, así como monitoreo vehicular por medio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), e implementaciones de programas de seguridad comunitarios como Calle Segura que consiste en la organización entre 4 y 5 vecinos que viven en una misma calle, quienes instalan una cámara de video que captura los movimientos en los alrededores del barrio y les permite a los vecinos acceder a las cámaras por medio de internet o dispositivos móviles.

“Si los barrios y los comercios de Nicoya se responsabilizan en la implementación de Calle Segura, es factible tener un pueblo autovigilado por los mismos ciudadanos y a un costo razonable”, destacó Crespo. Para adquirir este sistema de vigilancia entre cinco vecinos cada uno tendría que pagar mensualmente 10.000 colones.

Johnny Gutiérrez actualmente es oficial de Seguridad Falcon y anteriormente fue oficial de la Fuerza Pública. Él habla de las diferencias entre seguridad privada y seguridad pública y aclara que ellos son auxiliares de la Fuerza Pública y que su deber es prevenir delitos. 

“Nuestro compromiso con los clientes es la prevención, sin embargo tenemos limites pues aunque podemos aprehender a un sospechoso, no podemos arrestarlo. Eso es competencia únicamente de la Fuerza Pública”, aseguró Gutiérrez.

Armas aumentan en el  país

González Ramírez, del Ministerio de Seguridad Pública, mencionó que en los últimos 10 años  ha habido un incremento de casi el doble de armas que portan las personas en el país. En el 2000 por cada 100 mil personas había 2989 armas, mientras que hasta marzo de 2014 se habían reportado 4721 armas por cada 100 mil personas. Sin embargo, las cifras de armamento son aún mayores en extranjeros debido a que en el 2000 unas 115.751 armas fueron inscritas por extranjeros mientras que en lo que va del año 2014 la cifra suma 225.348 armas inscritas para un aumento del 94% en portación de armas.

 “En algunos hoteles costeros, hemos notado que muchas empresas contratan personal que utilizan escopetas para custodiar. Me gustaría saber si ese personal tiene la capacidad para portar y usar ese tipo de arma”, comentó González.

Por su parte, Omar Chavarría, jefe de la Fuerza Pública en Nicoya, manifestó que en febrero de este año decomisaron un arma a un oficial de una empresa de seguridad que opera en el cantón, la cual Chavarría no quiso revelar el nombre, por el motivo de que la persona no contaba con los permisos de portación al día.     

Chavarría manifestó que continuarán efectuando vigilancia a las empresas de seguridad privada que brindan servicios en Nicoya y a sus oficiales para estar seguros de que cumplen con las normativas de la ley.

 

¿Quién puede usar un arma?

Esta pregunta hizo La Voz a la doctora Gabriela Campos Aguirre, especialista en psicología, quien mencionó que la portación de un arma es un asunto delicado y no es algo que está al alcance de todos, pues se tiene que analizar el perfil psicológico de la persona responsable de manipularla.

Dentro de los impedimentos para usar un arma están el que la persona no puede ser menor de edad, tener algún impedimento físico o mental, o tener una condena que les prohíba portar armas. Además, un guarda de seguridad deberá aprobar primero el examen teórico-práctico y aportar un dictamen sobre la idoneidad mental.

Sobre este dictamen, Campos Aguirre explicó que es una prueba que en la teoría mide “la capacidad cognitiva, emocional y conductual para tomar decisiones en la posesión y portación de armas que no ponga en peligro injustificado la seguridad e integridad física de las demás personas y de sí mismo”.

Sin embargo, la doctora mencionó que la prueba presenta algunas limitantes, pues no se puede determinar con certeza el nivel de impulsividad del individuo debido a que para poder hacerlos se necesitaría efectuar una prueba médica como la resonancia magnética para poder medir la capacidad de respuesta en tiempo real de la persona ante eventuales situaciones peligrosas.

“Definitivamente una persona con problemas de ansiedad, esquizofrénica o bipolar o que refleje inmadurez no podría manejar un arma”, destacó Campos y agregó, “Creo que además de la prueba, los oficiales de seguridad deberían estar en constante chequeo y diagnósticos psicológicos para poder determinar su idoneidad mental y así estar seguros”.

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