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Morosidad alcanzó 33% del presupuesto municipal de Liberia

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En el 2018, la morosidad de la Municipalidad de Liberia alcanzó los ¢4.962 millones, un 33% del presupuesto total para ese año. Con ese dinero se podrían pagar todos los salarios y gastos administrativos del municipio en un año completo (¢3.240 millones) y sobraría.

El alcalde Julio Viales alegó, en la sesión del concejo del 11 de marzo, que esta deuda es tan alta que le impide al municipio invertir en algunas obras de infraestructura que incluso ya estaban presupuestadas.

Aunque exista el presupuesto, la municipalidad no tiene la capacidad. Es un problema que hemos ido generando por el no pago de los impuestos, de la basura, del cementerio”, dijo el alcalde ante un ciudadano que se quejaba porque la muni no ha reparado la calle de su comunidad.

Viales aseguró en esa ocasión que la deuda de los morosos ascendía a “más de un presupuesto municipal”. Sin embargo, los datos enviados a este medio por el departamento de cobros de la muni muestran que esa suma es menos de la mitad (33%) si se compara con el presupuesto municipal aprobado por el concejo. 

Además, la morosidad viene a la baja. En el 2017 correspondió a un 44%, y en el 2016 fue de un 36%. Aún así, la Contraloría General de la República (CGR) cataloga una morosidad como “alta” cuando supera el 30% del presupuesto municipal, y corrobora que tiene graves consecuencias para el cantón, pues los tributos son la principal fuente de ingresos de un municipio.

Responsabilidad compartida

El alcalde también afirmó que la culpa de esa deuda la tienen los liberianos, que no se acercan a pagar lo que deben.

El problema es que la gente no está viniendo a pagar. No le está tomando la importancia a sus obligaciones de pago de impuestos”, dijo también el encargado de la Administración Tributaria, Luis Alonso Coronado.

Según la Contraloría, existen inconsistencias del municipio que también tienen parte de la culpa de la alta morosidad. Un informe de la CGR en el 2018 le hace varias críticas a las bases de datos que utiliza el municipio para cobrar los impuestos, entre ellos, “datos incongruentes, omisos, incompletos y duplicados”.

“[Esto] podría ocasionar eventualmente evasión del pago de tributos al no poder identificar de forma oportuna los contribuyentes morosos”, criticó la Contraloría en el informe.

De hecho, el riesgo de que una parte de ese monto se vuelva incobrable es alto. Por un lado, el 33,6% de la deuda estaba en riesgo de prescripción cuando la CGR emitió el informe a mediados del 2017, pues no se habían elevado a cobros judiciales. Según la CGR, un 30% de la deuda que tenían los contribuyentes con la muni en el 2017 se arrastraba desde hacía más de seis años.

Por el otro, según Coronado, muchas de las patentes que han ido acumulando deudas con la muni son de negocios que cerraron sus puertas y nunca le avisaron a la muni que ya no necesitaban el permiso de operación.

También explicó que los impuestos por el uso del cementerio son difíciles de cobrar porque la Junta de Protección Social les “heredó” la administración en 1986 y, desde entonces, la muni desconoce a quién pertenecen muchos de los nichos.

Coronado aceptó la desactualización de la base y aseguró que están trabajando en ella. “Si tenemos una buena base de datos, nos permite hacer una mejor gestión de cobros”, dijo. “En junio del 2017 entramos con un nuevo sistema que nos permite saber cuánto es recuperable y cuánto no. Eso nos está permitiendo ordenar la situación”, agregó.

 

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