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Mujeres relatan historias de violencia durante sus embarazos en centros de salud de Guanacaste y el país

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Estaban dando Latin American Idol en la televisión. La participante costarricense María José Castillo cantaba “Sobreviviré” de Mónica Naranjo. Era el último concierto antes de la gran final y ella era la primera tica que llegaba hasta ese punto. Tenía a casi todo el país paralizado, y al personal de enfermería del hospital de La Anexión de Nicoya que trabajaba esa noche, también.

Así recuerda Margoth Rojas ese 8 de octubre del 2008. Ese día dio a luz a su primera hija. Recuerda que llegó con tres centímetros de dilatación, que la internaron, pero no se sentía lista para parir, no tenía contracciones. Todavía le quedaban dos días para la fecha que le habían dado los doctores como límite para tener a la bebé.

Cuenta que estaba de pie, con las manos apoyadas sobre la pared, como si en esa posición el dolor se fuera a sentir menos. Le pedía a las enfermeras que veían el programa que la ayudaran a caminar, a sentarse, a algo, pero no le ayudaron. Le habían provocado el parto con “suero”. Nunca le explicaron por qué. Para ella, fue el inicio de una noche muy larga.

En ese momento, Margoth solo sentía que la forma en que la estaban atendiendo no era la correcta porque la hacía sentir mal. Con el tiempo, supo que había sufrido de violencia obstétrica, pero no lo pudo llamar de esa forma hasta años después.

Violencia obstétrica es un término que se usa para describir el irrespeto que sufren las mujeres embarazadas antes, durante o después del parto. Es, por ejemplo, que no puedan elegir en cuál posición dar a luz, que el personal médico no les informe sobre el procedimiento que sigue, que las insulten o les griten. Es un trato deshumanizado. Humillante.

Cuando les pedimos a las mujeres en nuestras redes sociales que nos contaran sus experiencias de parto, llegaron 20 testimonios de todo el país en solo dos días. Todas dijeron haberse sentido violentadas en algún momento de su embarazo.

La academia y la legislación internacional definen a la violencia obstétrica como cualquier acción o conducta que cause daño, sufrimiento físico o sicológico a la mujer antes, durante y después del parto. Se trata de una violación a los derechos humanos a manos, generalmente, del personal de los centros de salud del país, públicos y privados.

Incluye también la consulta prenatal en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) o clínicas. 

Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos, lo explica así: “La violencia contra las mujeres ha venido reconociéndose de manera progresiva, por lo cual hay muchos términos o muchos tipos de violencia que han sido visibilizados [hasta] recientemente”.

Lo que se nombra es lo que existe. En el momento en que yo veo que están hablando de violencia obstétrica, puedo decir: ‘mirá, yo viví eso y no sabía que era violencia’. Se vuelve un mecanismo de prevención para que no ocurra”, dice Arroyo.

Desde el Hospital La Anexión de Nicoya, donde parió finalmente Margoth, su director Anner Angulo asegura que hoy el centro hospitalario tiene mejores condiciones para atender a las madres. El área de gineco obstetricia se trasladó en el 2016 a la nueva torre médica, un moderno edificio con una mejor infraestructura. Según Angulo, el personal está comprometido con respetar cada vez más los derechos de las mujeres gestantes. Además, asegura que en este momento el hospital no ha recibido ninguna denuncia por violencia durante el parto ni existe ningún proceso administrativo abierto en contra de esta área.

Sin embargo, hace diez años, la noche de Margoth terminó con un desgarre. Perdió el conocimiento. Abría los ojos y tenía los codos de alguien sobre su estómago. Los cerraba. Los abría de nuevo y escuchaba: “Tiene que seguir pujando”. Despertó en cuidados intensivos.

¿Cuántas más?

El caso de Margoth no es exclusivo del hospital de La Anexión, de Guanacaste, ni de un periodo de tiempo específico, pero sí es un problema que afecta a las mujeres de la provincia, aunque el Estado no tiene certeza estadística de cuántas son o desde cuándo lo han sufrido.

Gabriela Arguedas, investigadora del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer (CIEM), de la Universidad de Costa Rica, y que ha estudiado el tema desde el 2013, fue enfática en que a nivel nacional, ni la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ni ninguna otra institución del Estado recopila datos de violencia obstétrica que permitan dimensionar el problema en Guanacaste o en cualquier otra parte del país.

A su criterio, la carencia de datos oficiales no quiere decir que el problema no exista. Según Arguedas, hay suficiente evidencia cualitativa en forma de historias de mujeres que permite validar el problema a nivel nacional.

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes ha denunciado la inexistencia de datos desde hace al menos tres años.

Es urgente que el Estado cuente con datos actualizados tanto de los eventos de violencia como de la atención que brindan [los centros de salud] a las mujeres y, además, que esa información se publique”, indicaba la denuncia de la Defensoría en octubre del 2016. .

Un año antes, en el 2015, la Defensoría constató en un informe que algunos hospitales del país violentaron los derechos de las mujeres embarazadas durante el parto y el post parto. El informe detalla varias de las denuncias que interpusieron las mujeres afectadas ante la Defensoría.

“Digo que me estoy sintiendo muy mal, me quejo y me dicen que todas pasan por eso, que no sea pendeja”, se lee en un testimonio contenido dentro del informe. La Defensoría solicitó no revelar el nombre de la víctima.

El documento contempló la valoración de los servicios que se daban en el hospital Enrique Baltodano de Liberia. En ese momento, la institución denunció que las mujeres que eran trasladas hasta Liberia para tener a sus bebés no tenían garantizado su regreso al lugar de donde provinieron.

Ese mismo año, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el CIEM presentaron el tema de la violencia obstétrica en Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese espacio, el Estado admitió que de enero a agosto de 2015 recibieron 1.248 quejas relacionadas con obstetricia en los hospitales del país, pero no pudieron verificar cuántas se referían a violencia obstétrica en específico.  

Como respuesta a la falta de datos, Arguedas trabaja en un proyecto de investigación que pretende dotar al país del primer Observatorio de Violencia Obstétrica, un espacio que busca generar conciencia del problema, orientar a  las mujeres y producir información.

“Necesitamos producir datos y contribuir al desarrollo teórico y de política pública. Queremos hacer sugerencias a instituciones del Estado sobre qué acciones son necesarias para enfrentar este problema”, dijo la investigadora.

La Voz de Guanacaste solicitó desde el 6 de setiembre anterior una entrevista con algún vocero de la CCSS que se pudiera referir a este tema. Este medio también solicitó la estadística utilizada por la institución para medir, directa e indirectamente, este tipo de violencia. Al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.

Derechos reales

Margoth siempre supo que ella no era la primera mujer que pasaba por eso. Y con los años, supo que su experiencia del 2008 tampoco sería la última.

En el 2016, durante su novena semana de su segundo embarazo, su mamá la trasladó de emergencia al hospital de Nicoya por un sangrado. La internaron y un doctor le dijo:

—En hora y media venimos para hacerle un legrado [procedimiento quirúrgico que puede provocar un aborto].

— Usted no me está diciendo qué tengo. A mí nadie me ha revisado, recuerda haber contestado Margoth.

— ¿Y por qué el berrinchito?, sentenció el médico.

Para ese momento, Margoth ya no era una madre primeriza. No tenía tanto miedo. Ella sabía que por lo menos tenía derecho a que le explicaran lo que estaba pasando con su embarazo. A que le explicaran el procedimiento.

La Fundación Previda, que se dedica a impartir cursos de preparación al parto a nivel nacional, realizó una encuesta entre 1.114 mujeres atendidas en 12 hospitales del país entre el 2013 y el 2014. Solo un 40% de las encuestadas aseguró que el personal de salud les pidió el consentimiento sobre los procesos que les realizarían.

Sin saber, Margoth estaba exigiendo un derecho que toda mujer embarazada tiene en el país y que están definidos, en su mayoría, por la propia CCSS. Si bien la institución no utiliza el concepto de violencia obstétrica de forma explícita, sí define cómo se debe brindar una atención respetuosa a la madre.

La información contenida en la “Guía de Atención Integral a las Mujeres Niños y Niñas en el periodo prenatal, parto y posparto”, publicado por la CCSS desde el 2009, es un ejemplo de esa documentación. (Vea infografía “Tener una experiencia positiva…”)

“La CCSS no habla de violencia obstétrica pero sí tiene muy definido los derechos de la mujer en las etapas del embarazo. Lo que hay que hacer es exigir que se cumplan esos protocolos”, comentó Rebeca Turekky, de la asociación sin fines de lucro Mamasol, que  aboga a nivel nacional por partos más humanizados y libres de violencia.

A la Guía se le unen otros instrumentos como la Ley General de Salud y la Ley de derechos y deberes de usuarios de la CCSS. Además, existen otras directrices de organismos internacionales que el país considera vinculantes, como los emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Luego de horas de insistencia para que le hicieran exámenes y le explicaran por qué querían hacerle el legrado, a Margoth le dieron la salida. Un nuevo médico le dio la opción de ir a su casa bajo su propio riesgo. Debía guardar reposo absoluto y tomar unos medicamentos. Su hijo nació finalmente en el Hospital México.

“Casi pierdo a mi bebé. Pero yo fui tan necia… Yo solo quería que me explicaran las cosas”, cuenta ahora Margoth con mucha claridad, como si hubiese sido ayer que se enfrentó a esa situación.

Por una ley

En Costa Rica no existe una ley que defina o penalice la violencia obstétrica. Para algunas especialistas es necesario que exista para reconocer el problema. Arroyo es una de ellas.

“Muchas veces se mete como mal praxis pero no es suficiente, porque no necesariamente va a recoger el elemento de género o el elemento de derechos humanos”, dijo la abogada.

La Defensoría ha sido enfática, en al menos dos informes, en que ningún instrumento contiene mecanismos de denuncia para las mujeres que han dicho sentirse violentadas, ni establece sanciones para el personal de los centros de salud que incumplan con algo de lo estipulado en las Guías de la CCSS.

Para la investigadora Gabriela Arguedas, sin embargo, una nueva norma legal no va a solucionar el problema necesariamente.

Lo que falta es un compromiso real de las autoridades a que reconozcan el fondo del problema”, dijo.

En América Latina existen leyes específicas contra la violencia obstétrica en países como Venezuela (que se convirtió en el primer país en aprobar una legislación relacionada, en el 2007), Argentina (2009) y México (2014). 

Dice Margoth que ella quiso interponer una denuncia por cada una de las experiencias de sus partos, pero no las concretó. En el parto de su hija, por ejemplo, el expediente (del cual La Voz de Guanacaste tiene copia) no fue llenado correctamente y omitía el nombre del personal que la atendió. No supo contra quién dirigir la denuncia.

Un parto menos amargo

No todas las historias son como las de Margoth. Pese a la falta de datos, es posible que cada vez sean menos. Hay indicios para pensar que hay una mayor concientización del problema en los sistemas de salud del país.

En febrero del 2017, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que introduciría música, esencias y paletas heladas para hidratar a la madre durante el parto en las maternidades del país. También, que permitiría el acompañamiento permanante de una persona de confianza antes, durante y después del parto.

Según Rebeca Turekky, de Mamasol, la Caja sí ha dado el paso para hablar de parto humanizado o parto respetado, un concepto considerado la antítesis de algunos de los componentes que alimentan la violencia obstétrica.

El hospital de La Anexión, en Nicoya, es uno de los centros que adoptó algunas de esas medidas.

Su director, Anner Angulo, aseguró que el traslado hacia una torre médica en 2016 les ayudó a brindar una atención enfocada en el bienestar de la mujer embarazada, pues ahora sí cuentan con la infraestructura para hacerlo.

“Ya contamos con cortinas para darle privacidad a las usuarias cuando las vamos a valorar”, dijo Angulo.

Según la Defensoría, para el año 2017, la CCSS se comprometió a invertir más de ¢972 millones para fortalecer las maternidades del país, incluyendo algunas adecuaciones físicas.

Gloria Espinoza, supervisora del servicio de gineco obstetricia de La Anexión, agregó que otro cambio que realizó el centro médico fue capacitar al personal, tanto médicos como enfermeros, sobre las mejores prácticas en la atención del parto.

“Fuimos a conocer la experiencia de Puntarenas [Hospital Monseñor Sanabria] que es uno de los centros pioneros en este proceso. Fuimos y vimos lo que ellos estaban innovando y nosotros vinimos y lo tropicalizamos de acuerdo a nuestras condiciones”, comentó Espinoza.

Eso sí, para la jefa de enfermería, el verdadero fortalecimiento de La Anexión ha sido la mística con la que trabaja el personal.

Socializar el tema de parto humanizado ha motivado al personal. Las enfermeras obstetras, de iniciativa de ellas, hacen tarjetitas donde se pone la huella del bebé y se le dan a la mamá”, contó.

“Tenemos aromaterapia y eso ha sido donado también por las enfermeras, por el personal”, agregó Espinoza.

A ese buen camino, Turekky le agrega la necesidad de educar al personal médico desde las aulas y educar a la misma población, a las mujeres, sobre su propio cuerpo, y que tengan claro que ellas son las que deben decidir sobre él.

 

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