Para esta entrevista Adrián Rojas Herrera se vistió con la ropa más formal que tiene en su reducido armario: una camisa verde desgastada y pantalones al menos dos tallas más grandes que él. No le queda mucho desde que protagoniza una batalla legal contra la Municipalidad de Nicoya, que lo despidió en el 2013 y que hoy ya le debe, según los tribunales de justicia, ¢120 millones.
El exfuncionario trabajó desde el 2011 como encargado del departamento de Planificación, hasta que en el 2013 la Municipalidad lo despidió por una “reestructuración interna”. Antes de su despido, el funcionario percibía un salario de ¢1 millón.
Rojas decidió apelar su caso ante el Poder Judicial, pues creía que la Municipalidad lo había despedido ilegalmente: a él nunca se le notificó sobre la reestructuración pese a ser el encargado del departamento de Planificación Municipal y su despido no se dio a causa de la falta de fondos o de la necesidad de mejorar el servicio público.
El Tribunal Contencioso Administrativo falló por primera vez a su favor en el 2015 y posteriormente, ante las apelaciones de la muni, lo reafirmó en el 2017 y en el 2019. En estas resoluciones, el Tribunal ordena que reintegren a Rojas a sus labores y que le paguen todos los salarios que dejó de percibir desde el despido.
Primera resolución del Tribunal Procesal Contencioso en 2015 que dictaba a favor de Rojas
En total, la muni apeló tres veces. La primera apelación la interpuso el alcalde Marco Jiménez en el 2015, alegando que no tenía presupuesto para pagarle el salario a Rojas y que su plaza ya no existía.
La segunda y tercera las emitieron un representante judicial de la municipalidad y la vicealcaldesa, Adriana Rodríguez. Ambos documentos, prácticamente idénticos, acusaban al tribunal de omitir que Rojas no había expuesto su caso por la vía administrativa en un principio, por tratarse de un asunto municipal.
La Sala Primera rechazó la apelación al concluir que la Municipalidad no brindó un espacio administrativo para que Rojas apelara, sino hasta dos años después de la primera sentencia a su favor.
“El administrado no tiene por qué sufrir la inercia de la administración en perjuicio de su derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida”, culminó la institución judicial.
Sin embargo, el municipio logró retrasar la aplicación de la resolución por al menos cuatro años más.
Un viacrucis
Entró a la municipalidad mediante un concurso abierto para la plaza de Planificación. Obtuvo la mejor calificación de todos los postulantes, como lo reconoció el mismo alcalde Marco Jiménez en una carta del 2011 dirigida al departamento de Recursos Humanos. El documento está en el expediente judicial, del cual este medio tiene copia.
Rojas, entre otras cosas, dirigía y asesoraba la planificación y el desarrollo dentro de la muni, y elaboraba el Plan Operativo Anual municipal (PAO).
Así fue hasta que Jiménez le comunicó, mediante una carta del 29 de noviembre de 2013, que estaría despedido a partir del 1° de enero del 2014. El alcalde justificó la acción en “una reestructuración de plazas internas por múltiples necesidades de la municipalidad” y dijo que el puesto de Adrián fue uno más de los afectados”.
En 2015 el alcalde habló con este medio sobre el caso de Rojas. En ese entonces indicó que la decisión de eliminar la plaza de planificación fue “porque el trabajo que requeríamos no se estaba dando”, y porque era parte de la nueva estructura organizativa de la municipalidad.
“Nosotros hemos estado en un proceso de reestructuración desde el 2011 y ese proceso ha dado pie a una nueva estructura organizativa, que tiene un sentido lógico y tiene el reconocimiento de la Contraloría General de la República”, argumentó Jiménez.
El Tribunal Contencioso Administrativo enfatiza en su resolución que la Municipalidad nunca demostró que la reestructuración se diera por falta de fondos, o para optimizar el servicio público, únicos despidos permitidos.
En el mismo expediente consta que solo se suprimieron dos plazas: la de Rojas y la plaza de Control Interno, que también formaba parte del departamento de Planificación. Estos puestos no se volvieron a abrir en el municipio.
Rojas habla en voz baja, como si dudara al enunciar cada palabra que dice. Ya no le queda mucho pelo en la cabeza, pero sí muchas arrugas en la piel. Constantemente justifica que antes no se veía así, que lucía muy diferente, pero que todo el proceso legal lo ha deteriorado y que ya no le dan ganas “ni de bañarse”.
Los trámites legales le han costado casi seis años de su vida. La primera resolución a su favor, la del 2015, concluía que la municipalidad tenía que reinstalarlo bajo su mismo salario, sin montos retroactivos.
Luego de este primer veredicto, el alcalde ordenó reinstalar a Rojas. Según relata el exfuncionario, Recursos Humanos lo ubicó en una oficina que no tenía relación con su departamento y no le brindó equipo para trabajar. Un mes después, el alcalde interpuso la primera apelación y lo obligó a abandonar el puesto.
“¡Fue una burla!”, recuerda Rosa Rivera Bejarano, abogada de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien ha llevado el caso desde sus inicios.
En el 2017, el segundo fallo a su favor exigía que, además de ser reinstalado en su plaza, la Municipalidad tenía la obligación de pagar todos los salarios de Rojas desde su despido en el 2014, más otros beneficios laborales. En total, iba a cobrar alrededor de ¢60 millones.
Luego de la notificación de la resolución, el exfuncionario asistió toda una semana a las oficinas de la muni en busca de su reinstalación.
En 2017, Rojas envió una carta hacia la alcaldesa interina después de asistir toda la semana a retomar sus labores.
En un recurso de casación del 2018, Rojas dice que la vicealcaldesa Adriana Rodríguez (en ese momento alcaldesa, porque Jiménez estaba suspendido) lo envió a recursos humanos y le dijo que sería reinstalado al final de la semana. Días más tarde, le informaron que la alcaldesa apelaría de nuevo la orden y le solicitaron abandonar las instalaciones.
“¡Burla tras burla!”, insiste Rivera, quien dice ser testigo de las consecuencias físicas y psiquiátricas que este proceso le ha ocasionado a Rojas.
Las consecuencias mentales
Rojas es politólogo con una maestría en relaciones internacionales económicas. Fue cónsul en Paraguay y trabajó en varias instituciones públicas antes de entrar a la muni. Dice que, después de “tantos rechazos”, su salud mental se vio severamente afectada.
Según registros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ha retomado su tratamiento por depresión desde el 2015, año de la primera resolución judicial.
La Voz de Guanacaste obtuvo documentos de la Caja Costarricense del Seguro Social que prueban el estado psiquiátrico de Rojas | Cortesía
Actualmente está bajo tratamiento psiquiátrico puesto que afirma tener pensamientos suicidas constantes, hasta el punto de “planear todos los detalles de su suicidio”.
La voz de Rojas se quiebra cuando habla de su estado actual. Comienza a temblar y baja la mirada para tratar de ocultar las lágrimas. Luego de estar en silencio unos minutos dice:
“Me despidieron a mis 50 años, una edad en que si uno no trabaja se siente inútil. Así me siento yo. Yo creo que si no regreso este año a trabajar, puede que me mate”.
Rojas vive temporalmente en San José junto a unos familiares porque no puede pagar un alquiler en Nicoya. Explica que, durante todos estos años, acumuló múltiples deudas que escalan a ¢60 millones, casi la mitad de lo que la Municipalidad debería darle actualmente.
Para “sobrevivir”, como él dice, ha realizado pequeños trabajos de docencia. Dice que también “ha intentado” trabajar de chofer, pero que han sido fuentes de dinero esporádicas.
La última resolución
La Sala Primera emitió una última resolución sobre este caso el 18 de julio del 2019. La entidad rechazó el recurso de la vicealcaldesa Rodríguez, enviado en el 2017, y confirmó la resolución de ese entonces, que fallaba a favor de Rojas.
Jiménez y el departamento de prensa de la muni indicaron que no han recibido notificación de esto y que, por lo tanto, no puede hacer nada sobre el caso.
El 7 de octubre, Marco Jiménez afirmó mediante una carta a la abogada de Rojas que no había sido notificado sobre la tercera resolución de Rojas | Cortesía
El departamento de prensa del Poder Judicial los desmiente:
“La Sala Primera confirma que el rechazo de plano de los recursos de casación presentado en este caso, se resolvieron el 18 de julio de 2019 y luego de la redacción final de la sentencia, ésta se notificó a las partes el 5 de setiembre de 2019”, indicó, mediante correo electrónico.
La abogada Rivera también notificó en octubre al alcalde sobre la resolución del caso. Este le contestó asegurando que no podía hacer nada hasta tener la notificación del poder judicial. Marco Jiménez dejará de ser alcalde de la Municipalidad de Nicoya en mayo del 2020.
Este medio le envió al alcalde ocho preguntas sobre el caso a las cuales no lo respondió.
“La Municipalidad de Nicoya aún no recibe notificación del proceso de Ejecución de Sentencia por parte del Tribunal Contencioso Administrativo sobre este caso en concreto, del señor Adrián Rojas Herrera, por ello, no podemos referirnos al caso”.
Comentarios