Los reclamos y litigios legales continúan llegando a la municipalidad de Nicoya, esta vez sobre un tema recurrente en el cantón: la reapertura de un camino.
Durante la sesión del concejo del lunes 7 de diciembre Wilburg Díaz Cruz, aseguró que en el 2014, personal y maquinaria municipal ingresaron a un sector de una propiedad suya ubicada 600 metros de la plaza de deportes de Caimital, camino hacia Sámara, para habilitar un camino, y posteriormente la empresa Coopeguanacaste colocó postes para colocar alumbrado eléctrico.
Fue por esto que Díaz Cruz, presentó un recurso de amparo primero ante la Sala Constitucional y luego ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por no haber sido notificado sobre la resolución de la municipalidad de abrir el camino.
El 22 de enero de este año 2015, ese tribunal le ordenó a la alcaldía pagar ¢507.210 a Diaz Cruz. (Ver archivo adjunto)
Conflicto viejo
Para entender mejor cómo surgió este problema hay que remontarse al 2008, momento en que los anteriores regidores del concejo municipal ordenaron abrir el camino, por considerar que era un bien de dominio público.
Sin embargo, Miguel Carranza Díaz, abogado que representa a Díaz Cruz, explicó que nunca ha existido tal camino y que la municipalidad lo habilitó de manera forzada e ilegal.
“En un acuerdo del año 2008 se ordenó la apertura de un camino donde nunca ha existido tal camino. El camino no es público, fue que de manera arbitraria y con el uso de la fuerza con back hoe, policías y funcionarios municipales se abrió en parte del terreno del señor Díaz, un camino en el que antes no pasaban vehículos”, expresó.
Alexander Gutiérrez, asesor legal del concejo aseguró desconocer sobre la demanda en contra de la municipalidad presentada en el 2014, y del pago de medio millón de colones por indemnización hecho a Díaz Cruz. .
Además, afirmó que el plazo ya está vencido para presentar un recurso de revocatoria, es decir para anular el acuerdo tomado en 2008 por el concejo anterior.
“Sobre la indemnización no puedo referirme porque no la conozco, tampoco conozco de ninguna sentencia en contra de la municipalidad. Tampoco conozco el fondo de la apertura de esa calle. Lo que yo dije es que ya se les venció el plazo para presentar el recurso de revocatoria con apelación que tiene un plazo de 5 días hábiles después que el acuerdo del concejo está en firme, y aquí han pasado 7 años. Entonces lo que yo les dije [a los regidores] fue que la vía que están utilizando no es la adecuada”, indicó Gutiérrez.
Muni podría ser demandada por millones de colones
Carlos Medina, regidor municipal, solicitó tomar un acuerdo para que tanto la asesoría legal del concejo, como la municipalidad, investigaran el asunto. Sin embargo, su solicitud fue votada en contra.
“Me siento triste y molesto a la vez porque esa es plata de los contribuyentes de Nicoya. No podemos hacernos de la vista gorda con un asunto que le compete al concejo que debe ser vigilante de los recursos de todos los nicoyanos. Me sorprende que los compañeros [regidores] no votaran esto [el acuerdo] porque el dueño de la propiedad está abierto a dialogar y buscar una solución”.
En tanto, Miguel Carranza Díaz, al ver que los regidores no tomaron en cuenta su pedido de anular el acuerdo, anunció otra demanda contra la municipalidad por invasión a una propiedad privada, esta vez según él por varios millones.
“La demanda es inminente, probablemente por varios millones de colones, y la vamos a hacer en pocos días ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ellos [los regidores] van a tener que responder por esta acción de desinterés y despreocupación”, explicó Carranza.
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