Falta de dinero y apelaciones. Esas son las dos razones por las que la Municipalidad de Nicoya incumple con desalojar siete comercios que invaden la playa en Sámara, según la coordinadora del departamento de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), Erika Matarrita.
La ZMT es una franja de 200 metros de ancho a lo largo de la playa. Se divide en dos: 50 metros de zona pública, a partir de la altura máxima de la marea que debe estar libre de obstrucciones, y 150 metros de zona restringida donde la muni puede otorgar concesiones, desde comercio hasta habitacionales.
En septiembre del 2021, la Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Nicoya inspeccionar la ZMT de Sámara y tomar medidas frente a las invasiones ilegales de la zona pública, a raíz de un recurso de amparo presentado por un vecino de la comunidad.
Tras la inspección, la muni determinó que siete comercios incumplen la ley, pues tienen sillas, mesas y toldos en la playa. Por eso, entre el 15 de junio y el 1 de julio del 2022, el gobierno local ordenó a Lo Que Hay, El Ancla, Locanda, Las Olas, La Dolce Vita, Gusto Beach y a BeachFront desalojar los mobiliarios de la playa.
En cinco días, los propietarios debían retirar los objetos sobre la arena y continuar con su negocio en la zona restringida. Sin embargo, Locanda, La Dolce Vita y Gusto Beach presentaron apelaciones. “Este proceso detiene los desalojos hasta que sean resueltas”, comentó la coordinadora de la ZMT.
Casi un año después, la Municipalidad de Nicoya no ha desalojado a ninguno, a pesar de resolver dos de las tres apelaciones y de que otros negocios nunca presentaron reclamos.
Apelaciones e inacción municipal
En octubre del 2022 el gobierno local rechazó las apelaciones de Locanda y La Dolce Vita. Matarrita explicó que una vez rechazadas, los comercios vuelven a tener cinco días para retirar su inmobiliario de la zona pública.
Por otro lado, los días hábiles de los negocios que no presentaron apelaciones vencieron entre junio y julio del 2022.
Matarrita argumentó que el atraso en los desalojos se debe a que prefieren realizarlos en una misma gestión en vez de local por local.
Lo que se busca es que los desalojos sean de manera masiva para que entonces tengas que ir un solo día. Por eso es que algunos están esperando que se resuelva lo del otro [Gusto Beach] para entonces hacerlo todo”, dijo y agregó que el trámite está pendiente en la alcaldía.
Además, admitió que la muni no incluyó en el presupuesto del 2023 los ¢10 millones que requieren para retirar el mobiliario que invade la zona pública. “Solicitamos que se incluyera en el presupuesto extraordinario de este año”, agregó.
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Comercios atados de manos
La Municipalidad de Nicoya tiene dos planes reguladores: uno que regula el ordenamiento en el casco del distrito central y otro costero que estipula normas para la ZMT de Sámara. En 1998 el Instituto Geográfico Nacional modificó los mojones y la municipalidad no tramitó los cambios dentro del plan regulador costero.
Por esta razón los concesionarios no pueden renovar las concesiones que les permite funcionar dentro de la zona restringida de 150 metros de la ZMT. Tampoco pueden solicitar permisos de construcción o remodelación de sus locales.
“La muni prácticamente me está pidiendo cerrar el negocio”, considera el propietario de Gusto Beach, Stefano Montalti. Su concesión venció en el 2017 y no puede adaptar su bar para liberar la zona pública sin necesidad de perder las 20 mesas que tiene actualmente en la playa.
“Por un lado me piden liberar la zona pública pero al mismo tiempo no me permiten hacerlo porque no puedo construir nada [en el local] hasta que la concesión esté renovada”, enfatizó Montalti.
Esta no es la primera vez que los negocios reciben órdenes de desalojo por ocupar la zona pública de la playa de Sámara.Foto: Yamlek Mojica
El mismo problema enfrenta Virginie Bury, una de las propietarias del hotel y restaurante BeachFront. El negocio tiene 10 mesas, seis de ellas en la zona pública y 16 sillas de playa más.
Según Bury, con el desalojo su restaurante perdería casi el 80% de los ingresos porque en el local solo tiene espacio para introducir dos de las mesas.
El año pasado pensamos en construir un segundo piso en el restaurante, en la zona que está dentro de los mojones. Pero si no podemos obtener permisos, no podemos construir y por lo tanto no podemos incluir las mesas que tenemos afuera”, comentó.
Bury aseguró que todo su mobiliario es removible. “Yo lo saco [a la zona pública] todas las mañanas y todas las noches lo guardamos todo”.
La coordinadora de la ZMT, Ericka Matarrita, explicó que la única alternativa que tienen los propietarios es tener todo el mobiliario dentro del local y sacarlo a la playa únicamente cuando la clientela lo solicite. Una vez que esa persona termine de utilizar la mesa o la silla, deben meterla al negocio inmediatamente.
El alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martinez, expresó en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal del 26 de abril que analiza la posibilidad de pedirle más tiempo a la Sala para ejecutar la sentencia y poder posponer los desalojos.
“Ninguno de nosotros quiere el desalojo hasta que haya un tema de seguridad jurídica [un plan regulador que permita a los comercios renovar sus concesiones]”, dijo el alcalde en la sesión extraordinaria.
Desde el viernes 12 de mayo La Voz se comunicó con el alcalde para preguntarle sobre la posibilidad de pedirle tiempo a la Sala, pero no respondió a diversas solicitudes.
Órdenes de desalojos no son asunto nuevo
Lo Que Hay, La Dolce Vita, Beachfront y Las Olas ya habían recibido órdenes de desalojo de la muni entre febrero y mayo del 2021.
En esa ocasión ningún negocio presentó apelaciones.
La Voz revisó las notificaciones que la muni entregó a los cuatro comercios y constató que los locales tenían cinco días hábiles para abandonar la zona pública. Pese al vencimiento del tiempo, la muni no llevó a cabo el desalojo de los locales.
Matarrita dijo desconocer la razón por la que la muni no despejó la zona pública de Sámara.
“Yo entré a este departamento en septiembre del 2022 (…) No sé por qué la alcaldía no procedió a desalojar a esos locales [en el 2021]. Esa es una pregunta para el alcalde”, comentó. Pero el alcalde no contestó a la solicitud de entrevista de La Voz.
Oposición de comercios y de Cámara de Turismo de Sámara
“El atractivo de Sámara es precisamente poder disfrutar de un platillo con la arena en los pies. Sámara no tiene otro atractivo como un parque nacional o avistamiento de ballenas”, comentó Bury, la propietaria de BeachFront.
Para el presidente de la Cámara de Turismo de Sámara, Xavi Palomar, los desalojos causarán la pérdida de aproximadamente 95 empleos directos y pérdidas anuales de ¢646 millones en ingresos a la comunidad. El dato contempla la pérdida de salarios, la reducción de compras y el dinero que destinan los comercios a la limpieza de la playa.
Según Palomar, los cálculos los realizó con los datos contables de los comercios que invaden la zona pública de Sámara.
Es renunciar a los huevos de oro (…) ¿Realmente preferimos, por el principio de legalidad, despejar todo lo que es zona marítima y perder un montón de empleos?”, cuestionó Palomar.
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BeachFront tiene actualmente 15 trabajadores y calcula que con el desalojo quedaría solo con cinco.
“El happy hour en la playa nos trae muchos beneficios. (Con el desalojo) calculo que perderíamos casi el 80% de los ingresos (únicamente del restaurante)”, comentó Bury.
En el caso de Gusto Beach, Montalti dice que cuenta con 30 empleados en temporada alta y, aunque no sabe una cifra exacta, comentó que “la reducción de personal es la única certeza ante los desalojos”.
“No puedo mantenerlos a todos. Pero para mí el daño es a largo plazo: no es tanto que pueda perder el 70% de mis ingresos, sino que a largo plazo Sámara se va a morir porque le van a quitar el atractivo que tiene esta playa”, expresó.
Por otra parte, el propietario del bar Las Olas, Cristhian Goussen, asegura que desde el año pasado retiró las 30 mesas que tenía en la zona pública. En su caso no tuvo que despedir a ningún de los 33 empleados con los que cuenta el negocio.
Yo no tuve que despedir a nadie. Pero mi caso es diferente porque en el local tenía suficiente espacio para meter todas las mesas. El resto de negocios están más limitados en ese sentido porque no los dejan construir”, comentó.
Tampoco considera que Las Olas haya perdido el encanto porque “seguimos estando frente a la playa”, expresó Goussen, aunque estima que sus ingresos sí se redujeron en un 20%.
Los mojones actuales seguirán vigentes
Los comerciantes aseguran que el terremoto de Sámara en el 2012 causó que la arena se elevara 70 centímetros y que el mar se retirara.
Para Palomar y los comerciantes consultados por La Voz, esto significa que el límite de los mojones está desactualizado y que la zona pública actualmente mide más de los 50 metros de arena que indica la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre.
Sin embargo, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), institución pública encargada de delimitar la ZMT, expresó a La Voz por medio de su departamento de prensa que el retiro del mar no es motivo para volver a amojonar.
“De acuerdo a la vigente Ley de Aguas N° 272, en lo relativo a los efectos el retiro del mar, indica en el artículo 74, que estos terrenos continuarán bajo la propiedad del Estado”, indicó el IGN.
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