La Municipalidad de Nicoya presupuestó para este año ¢50 millones que debe pagar en salarios atrasados al funcionario del departamento de Planificación Adrián Rojas, a quien la administración anterior de la muni despidió irregularmente en 2013. Así lo confirmó el alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez.
Esta cantidad corresponde a un primer pago que la Municipalidad le haría al funcionario, si este acepta una conciliación por la vía administrativa para saldar la deuda “de una vez por todas”. En una conciliación ambas partes acuerdan los términos sin tener que esperar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
El alcalde de Nicoya afirma que la administración debería pagarle a Rojas unos ¢94 millones, correspondientes a los salarios y pluses que no recibió desde el día de su despido hasta su reintegración a la institución en abril del 2020. La Municipalidad incluiría el monto faltante [¢44 millones] en el próximo presupuesto extraordinario.
Le mandamos a don Adrián y a su parte legal una carta el 13 de abril de este año, para que nos dijeran si estaban de acuerdo o no con el pago, pero no recibimos respuesta”, sentencia el actual alcalde.
La muni contrató nuevamente al funcionario en abril del 2020 bajo la categoría de profesional PM1 con la que fue despedido, la posición a la que el exalcalde Marco Jiménez lo relegó en 2012 para después despedirlo en 2013. Antes de su despido, percibía un salario de ¢1 millón.
Por su parte, Rojas dice no estar de acuerdo con el arreglo de pago. Él considera que lo mejor es esperar hasta que el juez del TCA indique a la muni cuál es la cantidad total de los salarios que debe pagarle y aclare si el monto que debe recibir corresponde al último salario antes del despido -y con el que fue reinstalado- o el salario con el que fue contratado en 2011.
Si el Tribunal le da la razón a Rojas y decide que debe ser indemnizado con el salario que entró a la institución, la muni podría deberle hasta ¢120 millones, casi ¢30 millones más de lo que está presupuestado.
En una primera conversación con La Voz, el funcionario argumentó que no aceptará la cantidad presupuestada ni firmará “ningún documento al respecto” hasta que el tribunal lo diga. Horas después de estas declaraciones, desmintió tener conocimiento de la propuesta de conciliación de la Municipalidad e indica que “no le han presentado ningún documento para firmar”.
El abogado especializado en litigios laborales, Ricardo Rodríguez, explica que en casos como este la ley permite que una de las partes del conflicto intente conciliar los pagos por la vía administrativa, y así no esperar hasta la sentencia de ejecución, pero también es válido como demandante esperar la resolución del Tribunal.
Además, Rodríguez añade que la muni está únicamente en la obligación de pagar los salarios, aguinaldos y pluses salariales basados en el último salario que el funcionario percibió antes de ser despedido irregularmente y no en las condiciones laborales de años anteriores.
En 2013, durante la administración del exalcalde Marco Jiménez, la muni despidió al funcionario por una “reestructuración interna”, luego de casi dos años de trabajar en la institución municipal. El exfuncionario trabajó desde el 2011 como encargado del departamento de Planificación.
Después que Rojas llevara el caso ante el Poder Judicial, el Tribunal Contencioso Administrativo concluyó que el despido fue injustificado, pues a él nunca se le notificó sobre la reestructuración pese a ser el encargado del departamento de Planificación Municipal y que no había pruebas de que su despido se diera a causa de falta de fondos o de la necesidad de mejorar el servicio público.
Administración cumplirá sentencia pese a crisis sanitaria
El Tribunal ordenó la reinstalación de Rojas y el pago retroactivo que dejó de recibir durante los últimos siete años debido al despido. Tras tres apelaciones fallidas por parte de la Municipalidad, el funcionario fue reintegrado formalmente a la institución en abril del 2020, un mes antes de que el periodo municipal del exalcade Jiménez finalizara y durante el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19.
El actual alcalde cuenta que cuando su administración entró la muni, descubrió que la plaza que actualmente ocupa el funcionario había sido cerrada años atrás. Por esta razón, este gobierno local tuvo que crear una nueva y ajustarla a las necesidades de la institución. Desde mayo del 2020 y hasta el 2023, las municipalidades no pueden crear plazas nuevas, según la Ley para apoyar al contribuyente local, y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 (N.9848).
Por ser una sentencia de la Sala I, decidimos hacer un esfuerzo para lograr cumplir lo que nos pidieron y poder realizar los pagos de don Adrián”, enfatizó Martínez.
El alcalde dice que con la conciliación, la muni busca “cerrar el capítulo” y dejar de arrastrar la situación como en los últimos años. Además sentencia que esta situación servirá de precedente para realizar protocolos que logren responsabilizar administrativamente a funcionarios de la Municipalidad que tomen “decisiones mal hechas”, como despedir a un trabajador sin sustento legal.
“Esta situación viene a golpear en este contexto de pandemia el presupuesto municipal, por una decisión en su momento que no estuvo bien hecha. (…) En la función pública debería haber un proceso de responsabilidad a la persona que cometió el error, además que debería haber un mejor control político para que otras situaciones no se extiendan así”, enfatiza Martínez.
Según el alcalde, la muni planea presupuestar el resto del pago dentro del próximo presupuesto extraordinario y seguir adaptando a Rojas en las funciones que tiene su plaza para “beneficiar a la municipalidad”.
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