En 1962, cuando la escuela de Terciopelo se construyó en el distrito de Sámara sobre un terreno donado que se ubica detrás de la plaza del pueblo, no se hicieron planes para un camino que entrara a la escuela. Según explica Mayra Mora Bonilla, directora de la escuela, en aquel momento esto no era un problema ya que no habían cercas y las personas pasaban libremente a través de la plaza. Sin embargo, años después se colocaron cercas y esto creó dificultades.
La escuela, que cuenta actualmente con 38 estudiantes, está rodeada de fincas y propiedades privadas y se sitúa detrás de la plaza donde la gente juega fútbol y que también está registrada como propiedad privada. En la época lluviosa, la plaza se inunda y los niños deben ir a la escuela en botas de hule para poder cruzar a través del barro. Esto es difícil para muchos estudiantes, como fue el caso en el 2008, cuando una niña con discapacidad no pudo asistir a la escuela ya que no le fue posible cruzar.
“Si ocurre un incendio, no tenemos manera de sacar a los niños”, lamentó Mora. También señaló que si surge una emergencia de salud no hay ningún acceso para una ambulancia. Mora es directora de la escuela desde el 2009 y desde entonces ha luchado por encontrar una manera de crear una entrada formal para la escuela. Según Mora, se realizaron consultas para ver si los vecinos podían donar parte de una finca para brindar un acceso pero nadie quiso hacerlo. Otra posibilidad sería reabrir un camino que no ha sido utilizado desde que se abrió la carretera principal a Sámara.
Mora interpuso un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Nicoya con relación a este camino y en diciembre de 2010 la Sala Constitucional emitió una resolución que ordenaba a la municipalidad a reabrir el camino. La orden requería que el ex alcalde, Eduardo Gutiérrez Rosales, o quien ocupara el cargo de alcalde de Nicoya, tomara acciones en el plazo de un mes después de haberse notificado la sentencia para reabrir la carretera, estableciendo una pena de tres meses a dos años de prisión o de veinte a sesenta días de multa por incumplimiento.
Aunque esto pareciera una solución sencilla, ha sido un proceso difícil y hasta el momento la orden judicial no ha sido acatada. El antiguo camino pasaba por el centro de lo que hoy es la plaza, la cual los vecinos desean preservar. Además, José Antonio Santiago López Pérez asegura que un segmento de la antigua carretera es parte de su propiedad y por lo tanto ha presentado una contrademanda. López construyó una bodega y un baño externo en donde solía estar la carretera, por lo que estos tendrían que ser demolidos para poder reabrirla.
López asegura que ha vivido en su propiedad durante 57 años, antes que construyeran la escuela y después que el camino cayó en desuso. “Yo no vivo haciendo mal a nadie. Eso es propiedad privada y la gente debe respetarlo”, afirmó.
López también relató que él y un primo hermano fueron quienes crearon la plaza, invirtiendo más de dos millones de colones de su propio dinero para comprar tubos para cerrar la plaza.El abogado de López, Modesto Mendoza, dijo que presentó una apelación ante el juzgado contencioso administrativo que aún está pendiente.
Además afirmó que hay un derecho de paso que podría abrirse en lugar del camino y que no afectaría ni la propiedad de López ni la plaza.Mientras tanto, el Concejo Municipal creó un órgano conformado por miembros del Concejo y el Departamento Legal para llevar a cabo un estudio y emitir un informe sobre el caso.
Bonifacio Díaz, síndico de Sámara y miembro de la comisión, explicó que deben medir la calle, señalando que para cumplir con la orden de la Sala tal como está tendrían que abrir el camino a través de la plaza. Una alternativa que está siendo evaluada por la comisión es la de abrir un acceso a la escuela y después abrir un camino al costado derecho de la plaza que lo comunique con la carretera principal sin dañar la plaza.
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