La Municipalidad de Nicoya dejó de hacer los trámites de cobro judicial a los contribuyentes morosos del Barrio San Martín, quienes ya acumulan ¢320 millones de deudas por no pagar impuestos.
El cobro judicial eleva a los Tribunales de Justicia los casos de personas morosas, quienes podrían ser multadas e incluso llegar a perder sus bienes si no cancelan la deuda.
La Voz de Guanacaste conversó con todos los involucrados en el problema, pero las versiones son distintas. La encargada de cobros de la municipalidad, Jessica Mohr, y el alcalde suspendido Marco Jiménez, se culpan entre sí.
Según los informes de Mohr, esta práctica se implementó en los primeros meses de la primera administración del alcalde, quien asumió en mayo del 2010. Ella aseguró que Jiménez le ordenó que dejara de emitir esos cobros judiciales, pero dijo que no tiene ningún documento para probarlo porque la conversación fue oral y no quedó registro escrito.
Consultado por este medio, Jiménez aceptó que tuvo una conversación con ella pero negó haberle ordenado que dejara de enviar los cobros judiciales. “Doña Jéssica nunca ha recibido ninguna directriz ni ninguna orden de esa naturaleza”, dijo Jiménez. (Vea un extracto de la entrevista al final de esta nota).
En lo que sí coinciden es en que hablaron sobre la vulnerabilidad social y económica de los habitantes del barrio.
San Martín abarca el 50% de la población del distrito central de Nicoya. “Sus caseríos crecen con mucha rapidez y es considerada una población de alto riesgo social”, indica un estudio del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) del 2010.
Solo este barrio acumula el 14% de todo el pendiente de cobro de la institución, que asciende a los ¢2.237 millones.
Al cierre de esta edición, Mohr no envió la información sobre cuántos son los casos de San Martín que están pendientes de cobro judicial.
Tampoco detalló cuántos de esos cobros han prescrito pero aseguró que, anualmente, el departamento tramita la notificación de la deuda a los contribuyentes para que no prescriba. De esta forma, el municipio no pierde para siempre la posibilidad de cobrarles ese dinero.
La regidora suplente y vecina de San Martín, Amada Macotelo, dijo que una vez tuvo una conversación con Jiménez sobre el pago de impuestos del barrio. “Él me dijo que había mucha gente que tal vez no podía pagar y que la casa se la podían quitar”, cuenta. “Pero en ningún momento me dijo de una directriz de que no se cobrara”, agrega.
Macotelo cree que los vecinos no pagan por desinformación. “Nunca les ha llegado aviso o no han ido a preguntar a la municipalidad”, dice.
Por su parte, el presidente de la asociación de desarrollo de la comunidad, Manuel Alberto Chacón, asegura no haber escuchado ningún comentario sobre el tema. “Nunca he oído nada y no sabría decirle nada”.
Documentos sin firmar
Según Mohr, el reglamento del municipio indica que los cobros judiciales se realizan cuando el contribuyente no ha pagado sus impuestos municipales durante tres meses. Agregó que su departamento le da prioridad para enviar a cobro las deudas más grandes y las acumuladas por más tiempo.
Para hacer los cobros judiciales, el departamento de cobros del gobierno local de Nicoya envía la información de la deuda y del contribuyente a un abogado externo, quien se encarga de formular la demanda.
Luego, ese abogado la pasa al alcalde para que la firme y, finalmente, el abogado la presenta ante los Tribunales de Justicia.
El abogado externo de asuntos judiciales de la municipalidad, Manuel Vargas, dijo que cuando ellos formularon las demandas de cobros de San Martín, el alcalde las rechazó. “Luego dejaron de llegar”, agregó.
Nosotros dejamos de enviarlos porque la alcaldía no iba a firmar las demandas de San Martín”, dijo Mohr.
Una directriz escrita para revertir la oral
Como profesional y coordinadora del área de cobros, Mohr admite que esto no está bien y que afecta las finanzas municipales. Sin embargo, no ha hecho nada para que el departamento rectifique.
En una sesión del concejo municipal de setiembre del 2018, la actual alcaldesa Adriana Rodríguez le indicó a Mohr el cambio de esa “política”. Rodríguez incluso aseguró a La Voz que se lo ha dicho en otras ocasiones. Sin embargo, Mohr insiste en tener una directriz formal por escrito para hacerlo.
Luego de una primera entrevista sobre este tema, la alcaldesa se comunicó con este medio para indicar que, nuevamente, le exigió a Mohr cambiar esa directriz.
Ella no tiene por qué no hacerlo. (…) Si no lo retoma le voy a pedir explicaciones. Y que asuma su inacción de ser necesario”, dijo Rodríguez. Se refiere a que, en caso de que Jéssica Mohr no cambie el trato diferenciado a los contribuyentes de San Martín, podría tener llamadas de atención, una investigación o incluso un proceso administrativo.
Jiménez admite trato diferenciado a San Martín
El alcalde dijo a este medio que lo que él solicitó fue hacer estudios socioeconómicos a los vecinos de San Martín.
Foto: Municipalidad de Nicoya
Tanto Mohr como Jiménez concuerdan en que tuvieron una conversación sobre el cobro de impuestos a San Martín, sin embargo, ningún documento evidencia de qué realmente hablaron.
Este es un extracto de la entrevista con el alcalde suspendido, Marco Jiménez, levemente editada por precisión y espacio.
-¿Usted dio la orden de dejar de emitir cobros judiciales, como lo indica Jéssica Mohr?
Doña Jéssica nunca ha recibido ninguna directriz ni ninguna orden de esa naturaleza. ¿Qué fue lo que se le indicó a doña Jéssica Mohr en su momento? En los casos en donde habían realmente problemas socioeconómicos, que enviara a estudios cada uno de esos casos para darle un trato diferenciado (…) de tal forma que tuvieran mucho más tiempo para poder cancelar sus obligaciones municipales.
-¿Hay pruebas documentales de eso?
No, fue lo que hablamos en su momento.
-¿Usted no cree que esto procedió de manera incorrecta por haber tenido esta conversación, que tiene repercusiones para las finanzas, sin un respaldo documental?
Lo que hablamos en su momento era que cuando hay gente demasiadamente pobre que tiene problemas para cancelar las obligaciones con la municipalidad, que se les hiciera el estudio porque la ley no permite no cobrar a la gente. Eso sí lo hablamos.
-¿Debió existir un documento que respaldara la conversación?
Ella debió haber hecho la consulta en forma escrita. Quien me hizo la consulta fue doña Jéssica, yo le contesté a doña Jéssica concretamente. No hay que dar una directriz cuando la ley es muy clara.
-Si los cobros se están acumulando desde su primera administración, ¿cómo no se dio cuenta de que esto estaba pasando?
Nosotros hicimos cobro judicial conforme lo dictó la oficina a cargo de doña Jéssica.
-¿Usted nunca se enteró de que esto estaba pasando?
Lo que teníamos era un informe generalísimo de la deuda, la morosidad y el pendiente de cobro que tenía el gobierno municipal. Quien determinaba quien era el que se iba a cobro judicial no es el alcalde, para eso hay una oficina especializada en la materia, la de cobros. Mucho antes de que yo ingresara a la municipalidad pasaba eso. Que ahora yo lo sé producto de estos comentarios que ha hecho la señora Mohr.
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