Regional, Nicoya

Municipio de Nicoya podría pagar millonario monto ante demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo

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La municipalidad de Nicoya se expone a un pago millonario tras una denuncia interpuesta por Félix Rodrigo Duarte Orozco ante el Tribunal Contencioso Administrativo por supuesta usurpación de bienes y violación de propiedad privada.

Duarte, vecino de Nicoya, presentó la denuncia en el 2010 por ¢90 millones y se encuentra a la espera de la lectura de la sentencia.

De acuerdo con Duarte, el demandante,  los hechos ocurrieron en el 2004 cuando la alcaldía realizó la apertura de una calle de 14 metros de ancho, para conectar la calle que pasa por detrás del hospital con la vía principal de entrada a la ciudad, y  esta pasó sobre su terreno.

En la demanda se lee que dichas obras se efectuaron sin mediar negociación ni pago alguno al demandante,  por cuanto la calle  invade por completo su propiedad.  

La propiedad se encuentra en la parte noreste del Hospital Anexión, donde está ubicada la parada de taxis informales, antes de cruzar el puente hacia el hospital a mano derecha entrando a la ciudad de Nicoya.  De acuerdo con el mapa catastral, es una extensión de 451,19 m2 valorada por el departamento de bienes inmuebles del municipio en aproximadamente ¢65 millones.

“(En junio del 2010) yo fui a sacar los permisos para construir, para lo que había hecho un préstamo de ¢25 millones y me indican que no tenía permiso porque eso no me pertenecía. Yo nunca les he donado el lote, pero me salieron con eso. Ahora yo estoy pagando ¢300 mil mensuales  por el préstamo y no tengo permisos para construir”, comentó Duarte.  

El nicoyano realizó una apelación a principios del 2011 ante el concejo municipal, quienes decidieron trasladar el asunto a la Comisión de Jurídicos de la Municipalidad de Nicoya.

“Esta comisión, después del análisis de todos los antecedentes de rigor, una vez aprobado el mismo, solicita enviar el presente dictamen a la administración, con la recomendación de iniciar el proceso legal para enmendar el error cometido en contra de los interés del señor Rigoberto Duarte Orozco e iniciar el procedimiento  indemnizatorio correspondiente”, decía  el documento emitido por la comisión.  

En junio del 2011 el concejo conoció y aprobó este resultado de la comisión por unanimidad y lo envió a la administración para su ejecución. En ese entonces, el actual regidor Edwin Yockchen, presidía la comisión de jurídicos.

“Eso ya hace su tiempo y sí, supuestamente hay una calle ahora que en ese entonces  era parte de la propiedad de este señor (Felix Rodrigo Duarte) y no se hizo el debido proceso. Recuerdo que ese caso se trasladó a la administración, sin embargo no sé en qué terminó”, argumentó Yockchen.

Según Duarte, pese a la recomendación y los acuerdos del concejo, la administración de la Municipalidad se negó a ejecutar el proceso de expropiación e indemnización, por lo que se vio obligado a recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo en donde exige el pago del valor completo de la propiedad, más daños y perjuicios ocasionados durante el proceso, los cuales  deberá cuantificar dicho tribunal.

La Voz de Guanacaste intentó conversar con el alcalde de Nicoya, Marco Jiménez, el por qué no se siguió la recomendación de la comisión jurídica de indemnizar al vecino; sin embargo, fue imposible comunicarse con el jerarca.

¿Qué dice la ley?

El abogado Carlos Angulo de la Sociedad  BLP indicó que primero los municipios siempre deben intentar conciliar entre ambas partes, luego se debe demostrar que existe un interés público en esa propiedad y finalmente acordar una indemnización y expropiación.

“La municipalidad debe demostrar que existe ese interés público, luego el municipio debe  buscar negociar con las personas dueñas de la propiedad sin arbitrariedad. En caso que exista desinterés por parte de los dueños de la propiedad, entonces se debe realizar el debido proceso de expropiación con el previo pago de la indemnización correspondientes”,  indicó Angulo.

Sin embargo hay casos excepcionales. Un camino privado puede convertirse en público si tiene más de dos años de ser utilizado como tránsito público de personas,  y sin que el dueño haya emitido una restricción.

Angulo explicó que si las  personas invaden zona pública en condición de precarista, la municipalidad puede expropiar sin tener que indemnizar.

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