A solo unos cuantos metros de la casa de doña Ana Esquivel en Barrio El Cacao de Río Seco, en Santa Cruz, descansa un agujero en la tierra lleno de todo tipo de basura. Cada vez que deja de llover, y en verano, este montón de basura arde en llamas, deja escombros y esparce su humo a lo largo de las fincas y las casas vecinas.
Junto al agujero hay una bolsa llena de pañales, que no se queman fácilmente y, muy cerca, dos estañones llenos de botellas de vidrio que a doña Ana no le sirven para nada, pero que no puede quemar, ni tampoco enterrar. A lo largo del río Nandamojo, que corre cerca de su casa, se encuentran desde botellas hasta restos de lavadoras y otros electrodomésticos botados.
Ella es una de las casi 122.000 personas en Guanacaste olvidadas por los planes de recolección de basura de las municipalidades de la provincia, pues ninguna de las once que existen ofrece el servicio de recolección de residuos sólidos al 100% de su población.
Esto, pese a que la ley las obliga y a que cuentan con financiamiento por parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), además de que existen diversas opciones para disminuir la cantidad de desechos y mejorar la cobertura del servicio.
Solo Carrillo está cerca de lograrlo, con un 95% de cobertura. En la otra cara de la moneda se encuentran La Cruz, Nandayure y Nicoya, donde la recolección de residuos es menor a la mitad de su territorio, según datos de la Auditoría Operativa de Recolección de Residuos Sólidos realizada por la Contraloría General de la República (CGR) y publicada a inicios del 2016.
La Voz de Guanacaste en una investigación realizada durante los meses de setiembre y octubre en conjunto con el programa Punto y Aparte, que promueve el intercambio entre estudiantes y medios de comunicación de todo el país.
Obligación municipal
Según la Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos, las municipalidades son las encargadas de la recolección de residuos periódica y eficiente a todos los habitantes.
Los alcaldes consultados alegan que la falta de presupuesto les impide llegar hasta las comunidades alejadas. Sin embargo, el IFAM tiene préstamos disponibles.
“El IFAM puede financiar la compra de maquinaria requerida, o la construcción de un centro de transferencias, además de la Asistencia Técnica que implica el diseño de la infraestructura”, comunicó el IFAM mediante un correo electrónico.
La misma institución comprende que recolectar la basura de comunidades muy lejanas y con pocos habitantes aumentan el costo del servicio, pero propone crear centros de transferencia para que los vecinos lleven ahí sus residuos y que la municipalidad los gestione, una opción que todavía no están utilizando los municipios.
Nuestras condiciones crediticias son blandas, por lo que en poco tiempo, con intereses bajos y amplios plazos, podemos diseñar y generar una solución eficiente para la Municipalidad”, agregó el encargado de prensa.
Frente a esta situación, las casi 90.000 personas se ven obligadas a buscar otras opciones, en la mayoría de los casos poco sostenibles, como la que utiliza, sin más remedio, doña Ana.
Aquí puede observar un resumen de lo que sucede en el cantón (la nota continúa bajo el infográfico).
Al este de la provincia, en San Rafael de Abangares, Alejandro García y su esposa Marta Villalobos tampoco reciben el servicio de recolección de desechos. Dicen que hace un año la municipalidad empezó la recolección en el barrio, pero que no entran a su casa y la de los vecinos porque el camino no está en buenas condiciones. Alejandro se queja, pues dice que tampoco tienen previsto mejorar ese acceso.
Como en este caso, la condición de algunas redes viales es una de las principales causas por las cuales las municipalidades alegan no poder ofrecer el servicio de recolección. Los alcaldes también mencionan el bajo presupuesto, el equipo insuficiente o en mal estado, e incluso, en algunos casos, que los ciudadanos se niegan a pagar las tarifas de recolección.
Un ejemplo de ello es el caso de Cañas, donde el alcalde Luis Mendoza aseguró que están en proceso de entrar al sector de Lajas y Porozal, pero hay dificultades con la población. “Para poder entrar a esas comunidades necesitamos tener la anuencia de toda la población, porque el servicio se cobra y hay algunas comunidades que quieren el servicio pero no están dispuestas a pagar”, dijo Mendoza.
Por otro lado, en Hojancha, el alcalde Eduardo Pineda asegura que solo falta alcanzar unos ramales que van hacia el Socorro y Cuesta Rojas, así como Matambú, que por ser reserva indígena requiere de varios procesos de consulta, en los cuales la municipalidad aseguró estar trabajando.
La Cruz y Liberia atribuyeron el problema al equipo. En este momento, los cruceños tienen un camión recolector que ya cumplió su vida útil.
Bagaces también sufre por la maquinaria, pues cuenta solamente con un camión para todo el cantón.
El dinero que cada municipalidad invierte anualmente en la recolección de residuos depende de varios factores. La cifra varía dependiendo de su presupuesto, población y territorio.
Por ejemplo, Cañas invierte ¢11 millones anuales, mientras que Hojancha ¢52 millones aproximadamente. Nicoya, por su parte, invierte unos ¢240 millones anuales y Liberia unos ¢350 millones.
Vertederos y mal manejo de los desechos
La poca cobertura de la recolección no es el único problema de los residuos de los guanacastecos. Su mal manejo también causa daños al ambiente y hasta a la salud de las personas.
Actualmente, la provincia tiene dos vertederos en La Cruz y en Bagaces, y un relleno sanitario en Santa Cruz. Se han clausurado otros vertederos como el de Tilarán en el 2012 y el de Cañas en el 2016.
Eugenio Androbeto, de la Dirección de Protección del Ambiente Humano del Ministerio de Salud, dice que en los vertederos se depositan los residuos sin ningún tipo de tratamiento. Simplemente se apilan y genera proliferación de moscas, zopilotes, y malos olores. Por otro lado, en el relleno sanitario se supone que los desechos sí reciben un tratamiento adecuado.
El especialista añade que en los vertederos se promueve la generación de enfermedades transmitidas por mosquitos (como zika, dengue y chikungunya). También proliferan las plagas de moscas y ratas, que son transmisoras de enfermedades.
Además, los líquidos que resultan de la descomposición de los residuos, llamados percolados, contaminan el suelo, los ríos, y producen gas metano (CH4) que aumenta el calentamiento global, y es incluso más contaminante que el dióxido de carbono (CO2).
¿Por qué no se soluciona el problema?
Si existen los recursos, las tecnologías y hasta el financiamiento, ¿por qué todavía no hay una solución para la recolección de la basura?
Según Juan José Lao, abogado doctor en economía ambiental y fundador de las empresas WPP Coriclean y Non-traditional Environmental Waste Solutions, el problema radica en una falta de voluntad política y desobediencia e impunidad ante las leyes.
La Ley para la Gestión Integral de Residuos establece que las municipalidades deben velar porque en sus territorios se cierren los vertederos (aunque no establece un plazo). De acuerdo con Lao, es su deber disponer adecuadamente de los residuos, así como contar con centros de recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para el posterior reciclaje.
En el 2012 se firmó un contrato entre las municipalidades de Cañas, Bagaces y Tilarán con la empresa especializada en la producción de energía a partir de desechos, Bioenergía Tica S.A., que busca precisamente esa gestión sostenible, transformando los desechos en combustible seco.
A pesar de que se tenía previsto que el proyecto empezara a funcionar seis meses después de haberse firmado el contrato, hoy, casi cinco años después, no ha arrancado.
El director de la empresa, Carlos Graffigna, comentó que en estos momentos la empresa se encuentra haciendo un segundo estudio de impacto ambiental después de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) archivara el anterior. Expresó, además, su molestia, pues aseguró que Setena tardó casi dos años en revisar el estudio y lo archivó sin darles la posibilidad de arreglarlo.
El documento de resolución del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en conjunto con la Setena indica que el primer estudio presentaba “numerosas y significativas carencias técnicas que incumplían con la normativa de la Setena”.
“El proyecto se comprometió a entregarle a las tres municipalidades el 5% de los ingresos netos para invertir en mejores equipos y herramientas de recolección, en programas de reciclaje y de clasificación de residuos desde su origen”, explicó Graffigna.
Para el especialista Lao, la solución está en que cada cantón trabaje en conjunto con las demás municipalidades para establecer soluciones integrales con alcance regional. Solo el hecho de expandir el alcance territorial del servicio de recolección de desechos no haría un gran cambio en el impacto ambiental si no se crean maneras sostenibles de disponer de todos los residuos.
Entre las posibles soluciones se encuentran la eliminación de los vertederos y su reemplazo por centros donde los residuos sean tratados adecuadamente, como su aprovechamiento para generar energías renovables.
Existen soluciones, hay opciones de financiamiento, y alternativas para disminuir la cantidad de desechos y formas de deshacerse de estos que no contaminen. Sin embargo, algunas de las municipalidades no las están tomando en cuenta. Queda en manos de los ciudadanos exigir cuentas.
Nota del Editor: En La Voz de Guanacaste nos preocupamos por la precisión de nuestras notas. En la primera versión publicamos que 90.000 personas carecían del servicio de recolección de basura en la provincia y fallamos en el cálculo. El número correcto es 122.000 personas. Esta nota fue corregida el lunes 16 de enero del 2017.
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