En diciembre del 2019, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) abrió el cartel de licitación para el transporte y la colocación del asfalto en los primeros 10 kilómetros de la ruta 160, entre Garza y Nosara, en el cantón de Nicoya. Tras meses de análisis, la institución declaró a MECO S.A como la ganadora y en setiembre del 2020 los trabajos en la carretera iniciaron.
Las obras en la vía terminaron en enero del 2021, una fecha histórica para un pueblo nosareño que había esperado casi dos décadas por ver asfalto en la ruta. Pero medio año después, lo que solo representaba un logro para la comunidad, ahora está envuelto en el caso Cochinilla, una de las investigaciones de corrupción más grandes de Costa Rica cuya lista de imputados está encabezada por funcionarios del Conavi y constructoras privadas, entre ellas MECO.
Según el expediente judicial de la investigación, entre marzo y abril del 2020 MECO habría sobornado al menos a dos altos mandos del Conavi para que descartaran a Quebradores Pedregal S.A, quien también participó en la licitación y además ofertó la opción más económica para el Estado. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también sospecha que los funcionarios públicos filtraron información sensible del proyecto a MECO.
En abril del mismo año, el Conavi descalificó a Pedregal por una supuesta “falta de capacidad económica” para llevar a cabo el proyecto. Agregó también que la planta productora de mezcla asfáltica de la empresa no contaba con el permiso de manejo de hidrocarburos. Esta autorización le compete al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), a quien la empresa solicitó el permiso desde antes que el Conavi abriera la licitación. Además, este no era un requisito del cartel inicial.
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Un mes después, en mayo, los representantes legales de Pedregal apelaron la decisión ante la Contraloría General de la República (CGR), alegando que el Conavi descalificó su propuesta sin una justificación real.
En ese momento, la CGR le dio la razón a la institución pública, pues alegaba que aunque la empresa solicitó el permiso necesario del Minae cuatro meses antes de la aplicación al concurso, todavía no lo tenía. Además, aunque contara con otra planta de terceros con lo solicitado, esa información no había sido entregada a tiempo.
Pedregal recibió el permiso en enero de 2021, 16 meses después de solicitarlo y 7 días antes de la finalización del asfalto en Nosara, según el departamento de prensa del Minae.
La Voz de Guanacaste contactó a Pedregal para entender mejor su posición ante los nuevos descubrimientos del caso. en ese momento el permiso tardaba de 1 a 15 meses en otorgarse, dependiendo si la constructora enviaba todos los requisitos a tiempo.
En la entrevista, el responsable de contrataciones de Gobierno en Pedregal, Josué Jiménez Quirós, afirma que el Conavi arrojó una evaluación financiera falsa de la empresa para eliminarlos del camino y que detectaron “anomalías” en el tiempo de entrega del permiso del Minae, pese a que, según la empresa, entregaron todo el papeleo en orden.
Este es un extracto de la conversación, editada para facilitar la lectura:
¿Por qué Pedregal apeló ante la decisión de Conavi?
Por dos razones. Desde el punto de vista financiero, por el supuesto hecho equivocado de que la capacidad disponible anual de Pedregal era inferior al compromiso derivado del monto ofertado. Aclaramos esto mediante un oficio dirigido al gerente de adquisiciones y finanzas del Conavi, Carlos Solís Murillo, pero no recibimos respuesta alguna.
La otra es que en una gestión de “coadyuvancia” en la etapa de análisis de oferta presentada por la empresa MECO, aportó una certificación del Minae informando que no teníamos permisos vigentes de almacenamiento de hidrocarburos para la planta de asfalto.
Dicho trámite que iniciamos el 17 de setiembre del 2019 (3 meses antes de la publicación del cártel) y que no debía exceder más de 60 días naturales. Eso nos permitía afirmar que contaríamos con el permiso antes de que finalizara el análisis de las ofertas y se dictara la recomendación de adjudicación, caso contrario no hubiéramos presentado oferta. Dicho permiso no era parte de los términos y condiciones del cartel, y fue debidamente aprobado hasta el 13 de enero del 2021.
¿Cuál fue la respuesta que Conavi les dio en ese momento?
No recibimos respuesta (del Conavi). Cuando realizamos el recurso de apelación (interpuesto a CGR), mantuvieron el criterio de la Gerencia de Adquisiciones y Finanzas, de que nuestra oferta no era susceptible de adjudicación porque la capacidad disponible (financiera) era inferior al compromiso que se derivaba del monto ofertado. Con respecto a la planta de asfalto, que no acreditamos el permiso de almacenamiento de hidrocarburos para la operación de la planta de asfalto, esto a pesar de que no era un requisito cartelario.
¿Qué piensan del desenlace del concurso y la resolución?
Lo que no logramos prevenir en este concurso es que se nos aplicaría una evaluación financiera bajo un supuesto equivocado, y que el trámite en la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del Minae demandara un tiempo anormalmente superior al dictado por la normativa.
Parte de la justificación para contratar a MECO nació de una carta que esa misma empresa envió hablando sobre embargos que tenía Pedregal. ¿Qué reacción tiene la empresa hacía esto?
Los embargos a que se refieren no tienen relación ni afectación alguna con la oferta, ya que fueron sobre equipos de otra empresa del grupo, no de la oferente en este concurso. Fue una suposición equivocada de quien hizo el comentario. No tenían relación con la empresa oferente, ni habrían representado inconveniente alguno en el proceso de ejecución del proyecto, en caso de haber resultado adjudicatarios de este concurso.
Tras perder el concurso, ¿Pedregal reportó algún impacto económico?
Se dejó de facturar una suma muy importante, mayor a 900 millones de colones, siendo un porcentaje de estos la utilidad estimada, pero por la solidez económica no representó ningún impacto negativo. Desde el punto de vista de experiencia, que es un factor importante a evaluar en los concursos de obra pública, perdimos la oportunidad de incrementar la que actualmente se tiene y en años recientes. Afortunadamente no generó ningún aprieto económico, pero se perdió la oportunidad de un mayor ingreso.
¿Cuáles son sus reacciones ante la revelación del caso Cochinilla, que señala a Pedregal como uno de los afectados?
Las publicaciones en alguna medida han sugerido la existencia de actos contrarios a la ley, que explicarían el por qué no resultó Quebradores Pedregal, S.A. adjudicatario de algunos de los concursos públicos en los que ha participado.
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