La vicealcaldesa de Liberia Arianna Badilla interpuso un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) luego de que el alcalde Luis Gerardo “Pipo” Castañeda le suspendiera tres de las labores que le había asignado en junio de este año.
Las tareas que le removió son: los trámites referentes a la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la organización de ferias de emprendimiento y la coordinación de proyectos de gestión social y recreativa.
Según la subjerarca, las funciones que le quedaron son de participación en reuniones una vez al mes: del Comité Municipal de Emergencias, de la Comisión de Mejora Regulatoria y del Consejo Territorial y de Desarrollo Rural. Una cuarta tarea tiene que ver con apoyo legal al municipio.
Las funciones que me delega no son acordes al puesto que yo tengo, a mi cargo de elección popular”, dijo Badilla a La Voz de Guanacaste.
El recurso de amparo electoral es un mecanismo para velar por el cumplimiento de los derechos político-electorales frente a situaciones concretas de amenaza o lesión a tales derechos.
El TSE recibió el recurso de amparo el 3 de noviembre y en este momento tiene en curso la gestión.
“Se ha otorgado audiencia al señor alcalde para que se refiera a los hechos que alega la señora vicealcaldesa”, comentó el letrado Andrei Cambronero del TSE.
Tras la notificación del TSE, Castañeda tiene cuatro días hábiles para dar su posición sobre los señalamientos de Badilla. La institución ya lo notificó (al cierre de esta nota el TSE no precisó cuándo).
Luego el TSE estudiará el caso y resolverá si da lugar o no al recurso, es decir si la vicealcaldesa recupera o no sus tareas.
Según la percepción de Badilla, las motivaciones de Castañeda provienen de roces a lo interno del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). “Participé en la renovación de estructuras del PUSC. Yo presenté una papeleta y obtuve delegados y él no lo hizo”, comentó la vicealcaldesa.
La Voz consultó al alcalde sobre los señalamientos y el proceso. “No me voy a referir al caso, ¿ok?”, se limitó a decir vía telefónica la tarde del martes 9 de noviembre.
Violencia política
La supresión de funciones a vicealcaldesas es una de las manifestaciones de violencia política en razón de género que enfrentan con mayor frecuencia las mujeres en el ámbito municipal.
Ese tipo de violencia también sucede cuando los dirigentes de los partidos intimidan a una mujer electa por el pueblo para que renuncie a su cargo. Así lo ejemplifica la ley modelo para regular la violencia y acoso político, elaborada por la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nos siguen viendo como invitadas a un lugar que entre comillas no es nuestro”, había explicado anteriormente a La Voz la funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Yensy Herrera.
“Por eso, en la violencia política de género hay una intención de limitar la participación de las mujeres en espacios políticos”, añadió.
Actualmente Costa Rica no tiene una regulación sobre la violencia política en razón de género. Sin embargo, la Asamblea Legislativa tiene en cola el proyecto de Ley 20.308 «Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política», que fue aprobado unánimemente por la comisión de la mujer.
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