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En el 2012, el plan regulador costero de Sámara, distrito de Nicoya, parecía estar en su etapa final. Al menos así lo dejó entrever el entonces coordinador de la Zona Marítimo Terrestre de la Municipalidad de Nicoya, Juan Carlos Oviedo.
“Vamos a volver a dar concesiones a la gente (en la costa de Sámara)»aseguro hace más de 10 años a La Voz. El gobierno local y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) habían empezado a construirlo desde el 2005.
Hoy, casi 20 años después, el plan no ha llegado a la comunidad y la zona marítimo terrestre (ZMT) samareña continúa rigiéndose por uno publicado en 1981. Desde el 2023, la muni trabaja, por tercera vez, en una nueva versión del instrumento.
La ZMT es una franja de 200 metros de ancho a lo largo de la costa. La ZMT se divide en dos: 50 metros de zona pública ―la más inmediata al mar― en donde es prohibido cualquier tipo de desarrollo, y 150 metros de zona restringida.
Un Plan Regulador Costero es un documento con una lámina del lugar (una especie de mapa) que establece las reglas y los lugares de la zona restringida en donde la muni puede dar concesiones de tipo comerciales, turísticas y hasta habitacionales. También indica qué sitios deben estar destinados a la conservación.
En la actualidad, el plan vigente en el distrito, el que data de 1981, solamente abarca los sectores de Cangrejal, Sámara centro, Matapalo, El Torito y Bajo Cambutes. Más allá de que excluye áreas del distrito, el plan está desactualizado. Una de las razones es porque el Instituto Geográfico Nacional (IGN) reubicó los mojones en 1998, los indicadores que sectorizan el límite entre la zona restringida y la pública.
Se incursionó un poco más hacia adentro (la zona pública), entonces hizo que estos lotes perdieran, por así decirlo, una proporción de terreno que en su momento, antes del 98, estaban en zona restringida y ahora quedaron dentro de la zona pública”, explicó la actual coordinador de la ZMT en la muni, Ericka Matarrita.
Según datos brindados por Matarrita, hay 140 concesiones otorgadas. De todas, solo cuatro están vigentes y 136 están a la espera de una prórroga.
Los concesionarios que quedaron con una parte de sus planos en la zona pública no pueden solicitar permisos de construcción o remodelación, ni actualizarlas, porque la información comprendida en el plan costero de 1981 no coincide con el amojonamiento de la IGN.
Más allá de la incertidumbre para quienes tienen una concesión, los montos de los cánones ―un impuesto― no pueden actualizarse. Además, quienes tienen sus concesiones vencidas deben pagarlo voluntariamente. Según la coordinadora de la ZMT, la morosidad por estas concesiones es de unos ¢90 millones.
¿Por qué las iniciativas anteriores han fallado?
El primer intento inició en el 2005, cuando el ICT y la muni impulsaron el Plan Regulador Costero Integral Sámara – Carrillo. Este plan fue parte de un proyecto que incluía la elaboración de 26 planes reguladores en Guanacaste y Puntarenas, entre esos uno para la ZMT de Sámara en Nicoya y Carrillo en Hojancha. El costo total fue de $92 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)y del gobierno.
En el 2016 este intento quedó archivado luego de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) rechazara la viabilidad ambiental, según la resolución 1654-2015-SETENA.
El segundo intento comenzó en el 2015, según consta en una resolución de la Sala IV, y se archivó en el 2023. En ese entonces la muni propuso un proceso de “rectificación y ajuste” del plan regulador vigente. Este proceso le permitía al gobierno local realizar cambios de hasta un 20% en la lámina actual, según el Manual de elaboraciones de Planes Reguladores Costeros del ICT.
Al tratarse de una rectificación y ajuste, el manual eximía a la muni de presentar variabilidad ambiental, siempre y cuando respetaran el porcentaje del 20%. Sin embargo, la resolución de la Sala IV y un oficio de Setena señalaron a la muni que esta propuesta sí debía incluirla.
La muni decidió archivar este segundo proyecto en el 2023 por la necesidad de incluir la viabilidad ambiental. Según Matarrita, el gobierno local prefirió iniciar un nuevo plan regulador, pese a que ya habían presentado la propuesta del anterior en una audiencia pública realizada el 28 de mayo del 2022.
Este tercer intento pretende incluir desde Buenavista hasta Carrillo (solamente la parte que pertenece a Nicoya), a diferencia del anterior que planificaba únicamente la franja Cangrejal – Bajo Cambutes.
Nos iba a generar administrativamente el mismo gasto, porque igual teníamos que sacar la variable ambiental, sea para ese sector que se podía modificar o para todo lo que se intenta proponer en este nuevo plan”, expresó la coordinadora de ZMT.
El nuevo plan regulador requiere de la viabilidad ambiental de Setena. Sin embargo, Setena le confirmó a La Voz que no hay ninguna solicitud de la muni para la revisión del plan.
Al día de hoy el gobierno local no ha iniciado con la elaboración de los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA) que son un requisito para la aprobación ambiental.
Matarrita admitió que se debe a que “no se ha hecho la contratación por falta de recursos”. Según los cálculos de la coordinadora de la ZMT, la contratación para iniciar el IFA es entre ¢20 millones y ¢25 millones. Según ella, la muni solo incluyó ¢15 millones.
«Nos hace falta una parte que esperamos que se inyecte con la aprobación del extraordinario 2024”, comentó Matarrita.
La comunidad de Sámara tendrá que esperar al menos dos años más para poder contar con el plan regulador, admitió la coordinadora de la ZMT. Aunque enfatizó que esa estimación refleja “el mejor de los casos”.
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