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Proyecto de Ley propone estudiar impacto ambiental de todas las concesiones sobre el Río Tempisque

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Un nuevo proyecto de Ley pretende exigirle un estudio de impacto ambiental a todas las empresas que tienen concesión de uso de agua sobre el río Tempisque. De no cumplir con los parámetros establecidos, los beneficiados podrían perder la concesión.

La iniciativa lleva el nombre de Ley de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca del Río Tempisque y fue presentada el 1° de setiembre por la diputada Guanacasteca Suray Carrillo ante la Comisión de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con una investigación de La Voz de Guanacaste, las concesiones solicitadas antes del 2004 no están obligadas a presentar estudios de impacto ambiental ni a solicitar viabilidad cuando piden renovación. Algunas de ellas datan de la década de 1960.

Estas empresas, dentro de las cuales figuran Catsa y Hacienda El Viejo, perderían este privilegio.

Además, con la nueva legislación se daría una moratoria para frenar las futuras  concesiones de extracción de agua tanto del cauce como de los mantos acuíferos hasta que Setena no determine el caudal de agua disponible y garantice su recuperación.

¿Qué pasaría con la operación de las empresas? Para Carrillo, las concesionarias podrían buscar alternativas mucho más sostenibles y evitar el desperdicio del agua del río para operar. Es decir, la ley no las afectaría, solo las sacaría de su comodidad.

Actualmente no existen datos confiables sobre la cantidad de agua que hay en este momento en el río para concesionar.

En su investigación, La Voz de Guanacaste también concluyó que, durante décadas, la cantidad de agua dada en concesión era mayor que el agua disponible en el río y fue hasta el 2014, cuando se logró apartar  un “caudal ambiental” de 1500 litros, que se logró un balance. Sin embargo, el mismo Minae, en su último reporte del 2014, reconoce que todavía no se está dejando suficiente agua en el río para los meses más críticos: marzo y abril.

Por ahora, el proyecto deberá ser analizado por una subcomisión para que emita un dictamen y lo lleve a la Comisión de Asuntos Ambientales. De ser aprobado por ese grupo, el proyecto se enviaría a plenario para incluirse en agenda administrativa.

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