Marian Díaz tiene tres hijas, vive por el cementerio de Nicoya y lleva cuatro años esperando por una casa propia en el proyecto Don Mario, un polémico desarrollo de vivienda social anunciado en el 2015 y que todavía está en las etapas iniciales del proceso: carece de la viabilidad ambiental y aún no ha ingresado al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El domingo 21 de julio ella y varias familias más se reunieron con la encargada de la Región Chorotega para el Gobierno, Claudia Dobles, quien les explicó que este es un desarrollo privado y que el Poder Ejecutivo no puede acelerarlo hasta que entre al Banhvi.
Tanto Dobles como la ministra de Vivienda, Irene Campos, aseguraron que el proyecto de vivienda sí existe, aunque calcularon que podría iniciar su fase de construcción hasta dentro de un año y medio.
“Los proyectos de vivienda tienen varias etapas. Son aproximadamente 15 hitos por los que tienen que pasar. Y el proyecto Don Mario está en el cuarto hito”, explicó Dobles en una entrevista posterior con La Voz de Guanacaste.
El proyecto prometía ser una solución para 254 familias. Desde el 2015 contó con el apoyo del concejo municipal, que lo había declarado como “de interés público” y obtuvo un aval preliminar del Ministerio de Vivienda. Según reportó La Voz de Guanacaste en junio de ese año, el terreno está ubicado junto al Estadio Chorotega y el desarrollo tenía un concepto ecológico y moderno.
Uno de los socios desarrolladores, Jesús Fernández, confirmó que el proyecto todavía no cuenta con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pero aseguró que sí tienen los planos aprobados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), además de permisos de agua y uso del suelo.
Para obtener los permisos ambientales, primero deben hacer un estudio arqueológico de la propiedad. “La etapa nuestra de planos y de todo eso ya está concluida. Lo que tenemos pendiente es completar Setena porque nos echaron el Museo (Nacional) encima. Sembraron pedazos de cerámica y llamaron al museo”, alegó en una entrevista vía telefónica.
“Sobre un árbol de teca o de melina, que había sido ya quemado, se atrevieron a dejar la mitad de una olla de origen arqueológico, puesta encima. No sé a quién se le puede ocurrir esto”, contó también el abogado José Antonio Aiza, durante una sesión del concejo de Nicoya. Aiza asesora tanto al proyecto como al alcalde Marco Jiménez en temas legales.
En la entrevista, Fernández se quejó de la cantidad de millones que han tenido que gastar en el proyecto.
“Nosotros hemos gastado más de ¢200 millones entre estudios hidrológicos, de aguas y ahora el arqueológico. Yo tengo una finquita en Turrialba y la hipotequé, por ejemplo”, agregó.
En la reunión que sostuvo la primera dama con las familias interesadas en el proyecto hubo de todo: gente que aseguró que ha pagado desde ¢30.000 a los desarrolladores, otras alegaron que era una estafa y otras más reclamaron que era un proyecto politiquero.
A estos alegatos, Fernández responde diciendo que él jamás ha cobrado por los trámites. “A las familias no se les ha cobrado un colón. Nadie ha puesto un colón para un topógrafo, nadie ha puesto para planos, nadie ha puesto para estudios. El bono es gratuito”.
Tanto Dobles como Campos, del Gobierno, fueron enfáticas en que las familias no tienen por qué pagar nada antes de que les entreguen la vivienda.
¿Y la lista?
Otra de las preguntas frecuentes de los interesados es si están incluidos en la lista de los beneficiarios. Tanto la ministra Campos como el desarrollador aseguraron que la lista original se mantiene intacta y que no va a cambiar.
Eso sí, Campos explicó que los beneficiarios deben cumplir con todos los requisitos al momento en que se les entrega la casa. La entidad autorizada les hará un estudio para comprobar que su condición económica continúa igual.
Es posible que en ese momento deban pagar por algunos servicios. Por ejemplo, la trabajadora social que los evalúa, los medidores de agua y de luz y algunos otros trámites.
Algo que sí es muy probable que cambie es la entidad autorizada, que es la que se encarga de evaluar el proyecto antes de pasarlo al Banhvi. En este momento, el Grupo Mutual Alajuela es el que tiene los expedientes de las familias, pero no lo será por mucho tiempo.
Según Fernández, ellos están evaluando pasarse al Banco Popular porque tiene una agencia en Nicoya mientras la mutual solo tiene una sede en Liberia. Sin embargo, aseguró que este cambio de planes no atrasará en nada el proceso.
Expectativa crece
Los rumores han crecido pero también la atención del gobierno y de la municipalidad a este proyecto.
Según Dobles, el alcalde de Nicoya Marco Jiménez le había preguntado formalmente sobre el avance del proyecto. “[Les dijimos] que con muchísimo gusto, una vez que entrara al Bahnvi íbamos a darle un seguimiento feroz viendo que es un proyecto tan importante para la comunidad. Pero por ahora, ni siquiera podemos empujarlo”.
Aunque el Gobierno se desmarque del proyecto ahora, cada 25 de julio desde el 2015 lo han mencionado como una solución para el pueblo. Por ejemplo, el 25 de julio del 2018, el presidente Carlos Alvarado dijo en su discurso: “Ese proyecto ya tiene el visto bueno del AyA, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y está la puerta abierta para su construcción: 244 (Sic) soluciones de vivienda aquí en Nicoya”.
Entonces, ¿cuánto falta? La ansiedad de las familias crece, pero Fernández es optimista. Contrario a las expectativas de la ministra Campos, él espera arrancar con los movimientos de tierra en unos ocho meses.
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