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Proyecto de ley propone legalizar colocación de sillas, mesas y sombrillas en las playas

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Las mesas de los restaurantes, las sillas de los hoteles y el mobiliario de los negocios a lo largo de las playas podrían dejar de considerarse invasiones ilegales a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y empezar a ser permitidas. Eso pretende el proyecto Ley para el Desarrollo e Impulso de la ZMT del diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García.

La ZMT es una franja de 200 metros de ancho a lo largo de las playas que se divide en dos: 150 metros de zona restringida, donde las municipalidades pueden otorgar concesiones para usos comerciales y habitacionales, y 50 metros de zona pública que se mide a partir de la altura máxima de la marea. 

El artículo 20 de la ley sobre la ZMT (N° 6043), aprobada en 1977, prohíbe el uso de la zona pública de las playas y determina que “estará dedicada al uso público y en especial al libre tránsito de las personas”. 

Para el diputado Carlos Felipe García, esa prohibición “limita la capacidad de los pequeños emprendedores y negocios locales para ofrecer una experiencia más completa a los turistas, quienes demandan servicios como sillas, sombrillas o equipos recreativos”, dijo a La Voz. 

Su propuesta es sumar dos artículos (22 bis y 22 ter) a la ley vigente para permitir que la franja de cincuenta metros de zona pública pueda utilizarse para fines comerciales, una acción actualmente prohibida y que las munis deben encargarse de sancionar. 

El artículo 22 bis añadiría la posibilidad de que los gobiernos locales otorguen permisos a los negocios para que “utilicen mobiliario o implementos para la prestación de servicios de apoyo o complementarios tales como mesas, sillas, sombrillas y otros similares”. 

Y el artículo 22 ter pretende que también puedan otorgarse permisos a comerciantes particulares para la prestación de servicios turísticos “como alquiler de sillas de playa, hamacas, sombrillas, equipos e implementos deportivos y para actividades náuticas, entre otros similares”

La esencia de la propuesta radica en permitirles desarrollar sus actividades bajo la protección de la ley, lo que les brinda la posibilidad de formalizarse, acceder a seguro social, convertirse en sujetos de crédito y, eventualmente, expandir sus negocios”, comentó el  diputado García.

Según la propuesta del diputado, quienes utilicen la zona pública para fines comerciales tienen la obligación de limpiar el lugar diariamente y retirar todo el mobiliario durante las horas de cierre.

Comunidades con posiciones contrarias

El presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) Playa Sámara, Patrick McGoey, no apoya la iniciativa y la cataloga como una forma de privatizar el espacio público.

“Convertir 50 metros de playa pública en espacio comercial traiciona la confianza que la comunidad deposita en el gobierno para proteger los espacios públicos. Creemos firmemente que la playa debe seguir siendo un espacio compartido para el disfrute de todos, tanto locales como visitantes”, comentó.

Por el contrario, el vicepresidente de la ADI Tamarindo (ADIT), Eduardo Vargas, ve con buenos ojos el proyecto y piensa que permitir el comercio en la zona pública es necesario en una playa como Tamarindo en dónde la prohibición no impide que esté llena de comercio. La eventual ley, según Vargas, también ayudaría a regular la informalidad en la costa.

La zona pública es un lugar de mucha actividad económica que si bien está prohibido por ley no se regula y ni tampoco se gestiona. Está a la libre (…) La única manera de que no ocurra ventas en la playa es que haya policía municipal aquí 24/7. Eso es utópico”, comentó Vargas.

El diputado García explicó a La Voz que el proyecto no contempla el pago de un canon por el uso del espacio, pero sí propone que las municipalidades e intendencias establezcan las condiciones bajo las cuales se otorgan los permisos.

Para Vargas, de la ADIT, sería ventajoso para las munis generar ingresos por el uso de la zona pública, porque actualmente las ocupaciones ilegales no generan ganancias a los municipios. 

Además, Vargas considera que es necesario restringir el perímetro de la zona pública que será utilizada eventualmente por el comercio. “No podemos decir que agarren 100 metros, que cierren la playa y que la gente tenga que caminar por el mar. Esa es la parte que yo siento que hay que tener mucho cuidado a la hora de reglamentarlo”, expresó.

Mociones contra el proyecto 

El proyecto fue presentado por el diputado García en el 2022, y su primera votación estaba prevista para el 23 de septiembre del 2024, sin embargo los diputados y las diputadas no la llevaron a cabo porque la iniciativa recibió alrededor de 60 mociones, una buena parte de ellas por parte de la bancada del Frente Amplio (FA)

Para el legislador frenteamplista Ariel Robles, la iniciativa va orientada a acciones orientadas a la privatización de las zonas públicas costeras. Además mostró preocupación por la posibilidad de que las personas visitantes deban pagar por utilizar el mobiliario colocado en las playas.

Este proyecto viene a facilitar de alguna forma la privatización cada vez más contundente del acceso a las playas, la privatización de las zonas que no deberían tener ningún tipo de cobro o limitación para todas las personas que las visitan”, expresó Robles.

El lunes 7 de octubre de este año la Comisión de Zonas Especiales aprobó solamente una de las mociones. El proyecto está nuevamente en el plenario para recibir nuevas observaciones de las diputaciones y ser revisadas por la comisión.

Robles no descarta sumar más mociones para detener el proyecto. “Muy posiblemente presentaremos muchas más porque no estamos de acuerdo con esa iniciativa de ley. Pensamos (en el FA) que es continuar enfatizando en la privatización de los accesos a las playas”, enfatizó.

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