Caminar por las playas de Guanacaste implica esquivar toldos, masajistas, mesas de restaurantes y puestos de ventas improvisados que se extienden a lo largo de la costa.
Aunque estas actividades son comunes, no están permitidas y, de hecho, conllevan sanciones. Pero una propuesta de reforma a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) puede legalizar este paisaje que ya es cotidiano.
Las costas se gestionan actualmente bajo la Ley ZMT N° 6043, una de las legislaciones costeras más protectoras de América Latina, vigente desde 1977.
La ley, que está por cumplir 5 décadas sin cambios sustanciales, establece que las playas son un bien común, propiedad del Estado y de uso público. Son 200 metros contados desde la línea de costa hacia tierra adentro, que no se pueden vender ni comprar.
Para esto se estableció una delimitación del espacio: los primeros 50 metros —la arena, la orilla— son Zona pública de acceso libre y gratuito. Los 150 restantes son Zona restringida, donde pueden otorgarse concesiones temporales a privados, a través de las municipalidades y con supervisión del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
El expediente 22.553, rechazado por más de 70 organizaciones de la sociedad civil el mes pasado en un pronunciamiento conjunto, no plantea sólo modificaciones sino una reforma integral, que implica cambiar prácticamente toda la ley vigente.
De acuerdo con las organizaciones inconformes, principalmente ambientalistas, la reforma integral tiene claras las prioridades.
Se flexibilizan los requisitos de las concesiones y, específicamente en la zona pública, se autorizan usos privativos”, dice el pronunciamiento.
Cuatro cambios que propone el proyecto:
1.- La actual ley establece, de forma estricta, que la zona pública (los primeros 50 metros de playa) no pueden ocuparse bajo ningún título.
En la propuesta del expediente 22.553, las municipalidades sí tendrían autorización para otorgar permisos con fines comerciales y ocupar el espacio hoy destinado exclusivamente al tránsito y descanso de las personas.
2.- El expediente 22.553 reemplaza el sistema actual de concesiones por un modelo de concurso público a cargo de las municipalidades, algo similar a una licitación pública.
Bajo este esquema, gana quien ofrezca las mejores condiciones, lo que podría dejar en desventaja a pequeños emprendimientos y pobladores locales frente a grandes empresas.
“Esta reforma puede incentivar un desplazamiento silencioso mediante procesos de gentrificación o turistificación ya en curso en diversas zonas costeras”, alegan las organizaciones.
3.- El sistema vigente exige una coordinación constante entre las municipalidades y diversas instituciones del Estado. Por ejemplo, se requiere la aprobación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el ICT y del Ministerio de Agricultura y Ganadería cuando también abarca zonas ecológicas sensibles, como las aledañas a manglares y humedales.
La reforma elimina requisitos de estudios técnicos y saca de la toma de decisiones al INVU y al Ministerio de Vivienda en varios procesos, lo que, según críticos, debilita la protección ambiental y social de las costas.
4.- Se plantea eliminar por completo el Artículo 11, sobre la protección a los manglares y humedales, considerados actualmente zona pública sin importar su extensión, y sin posibilidades de explotación comercial. Estos ecosistemas son clave para la vida costera, pues ofrecen múltiples servicios ambientales frente al cambio climático, de acuerdo con la Convención Ramsar.
Se abren las puertas a desarrollos turísticos y de infraestructura con fines lucrativos sin controles sociales ni ambientales claros”, remata el posicionamiento de las organizaciones.
El expediente N.°22.553 fue impulsado en el 2021 por el exdiputado Pablo Heriberto Abarca (PUSC, Cartago), quien también ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) en el 2014 y fue tesorero en el 2016 de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la principal cámara de comercio del país.
La propuesta fue aprobada en la Comisión Permanente de Gobierno y Administración en el 2021 y actualizada en febrero del 2026 por sugerencias de los Servicios Técnicos de la Asamblea, pero su votación en el Plenario está pendiente.
Playa Nosara, vista desde las alturas.Foto: Cesar Arroyo Castro
Con la actualización más reciente, se flexibilizan aún más los trámites de construcción y uso comercial, y se redistribuyen con mayor rigidez los recursos económicos hacia las costas.
Por ejemplo, la iniciativa del 2021 planteaba que el 60% de los ingresos obtenidos por concesiones debían usarse para inversiones en la zona urbana de la costa u otro lugar del cantón. La propuesta del 2026 precisa que el 40% de los recursos deben ir exclusivamente al mejoramiento de la zona costera.
Otro proyecto que busca legalizar comercio en zona pública
Este no es el único intento de cambiar las condiciones de manejo de las costas en el país. En el 2022 el entonces diputado Carlos Felipe García Molina (PUSC, San José) impulsó el expediente N.° 23.148,
García proponía que las municipalidades pudieran entregar permisos comerciales en la zona de la arena —los primeros 50 metros—, como renta de mesas, sombrillas, entre otros. Aunque obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Zonas Especiales en abril del 2024, la votación en el Plenario no ha sucedido.
El proyecto dividió opiniones entre los sectores turísticos locales. Por ejemplo, la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) Playa Sámara calificó la propuesta como una forma de privatizar el espacio público, mientras que la ADI Tamarindo vio con buenos ojos la iniciativa. También organizaciones ambientales se posicionaron en contra. Eso te lo contamos antes en esta nota de La Voz.
Las declaraciones que el presidente de la ADI de Playa Sámara, Patrick McGoey, dio a La Voz incomodó a la junta directiva de la Cámara de Turismo de Sámara.
Turistas y locales caminan y descansan en las playas de Nosara.Foto: Cesar Arroyo Castro
Durante la sesión del pasado 13 de abril, el Consejo Universitario de la UCR, crítico de las dos propuestas anteriores, acordó respaldar una nueva iniciativa, el expediente legislativo 24.413, impulsado por Ariel Robles (Frente Amplio, San José). La propuesta ya fue dictaminada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y pasa al Plenario.
Sin embargo, la UCR advirtió que la propuesta “debe ser fortalecida en aspectos clave”, como la incorporación de evaluaciones de impacto ambiental para evitar afectaciones a ecosistemas costeros.
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