Las pruebas de los daños ambientales de First Quantum en Panamá

Informes internos del Ministerio de Ambiente documentan 232 violaciones ambientales de la mina Cobre Panamá en diez años: contaminación de ríos, deforestación y riesgos extremos en la tina de relaves. Pese a ello, la empresa y el gobierno insisten en reabrirla.

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En las montañas de Donoso en Panamá, biodiversa y selvática, de frágil ecología, una empresa minera con un proyecto de extracción de cobre y otros minerales a cielo abierto fue inhabilitada en 2023 por la Corte Suprema.

La concesión, a 120 km al oeste de la capital del país, pertenece desde 2013 a la empresa canadiense First Quantum Minerals, que opera a través de su subsidiaria local, Minera Panamá. A lo largo de su historia fue denunciada por comunidades cercanas al proyecto, por organizaciones de la sociedad civil y desencadenó un movimiento antiminería. Pero nada frenó su operación hasta noviembre de 2023, cuando tras un estallido social, la Corte falló por unanimidad la inconstitucionalidad de su contrato con el gobierno. Desde entonces, la empresa, gremios empresariales y el gobierno de Panamá impulsan su reapertura.

“¿Con qué criterio puedo yo, como presidente, decirle al país ‘adiós a la mina’?”, dijo a principios de 2025 el mandatario panameño José Raúl Mulino que se posesionó en julio del año pasado, cuando anunció el inicio de conversaciones para activar el proyecto de cobre.

Residentes locales insisten: ya no se pueden bañar en los ríos, ni pescar, ni siquiera buscar allí oro.

Minera Panamá activó una campaña para convencer a la opinión pública de que está empeñada en cuidar a los vecinos  y que los cuestionamientos en su contra son mitos, no realidades.

Informes internos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) les dan la razón a los pobladores y activistas que acumularon denuncias por una década.

Esta investigación Países Minados II, realizada por Concolón, en alianza con La Voz de Guanacaste, Interferencia Radios UCR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), accedió a 29 informes de inspecciones al proyecto en respuesta a una solicitud de información amparada en la Ley de Transparencia. Según estos reportes, la operación de First Quantum violó obligaciones ambientales 232 veces en diez años, entre 2014  y 2024. Los hallazgos de la autoridad ambiental también sostienen que la empresa regó sedimentos, metales pesados y residuos peligrosos en un terreno vulnerable, generando daños a los bosques, las especies y las fuentes de agua. Los inspectores también subrayaron las deudas con las comunidades y los riesgos de plantar una mina a cielo abierto en el corredor biológico mesoamericano.

La construcción: una mala idea

Cavar un hueco en una concesión del tamaño de la isla de Manhattan, con tres tajos a cielo abierto, una planta procesadora, tinas de relave, depósitos de roca, áreas de almacenamiento, un puerto y una planta eléctrica, requirió mover millones de toneladas de tierra, alterar caudales de ríos y de las corrientes en la costa marítima, afectar aguas subterráneas, desviar quebradas y desplazar a residentes locales, incluidas dos comunidades indígenas.

Para 2011, Minera Panamá, cuya dueña era otra minera canadiense, Inmet Mining Corporation, tenía un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, un listado de 371 compromisos para cumplir y estaba lista para empezar la construcción de la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica en las montañas de Donoso, el proyecto Cobre Panamá.

En el EIA la empresa admitió las preocupaciones que rodeaban a un proyecto enclavado en el corredor biológico mesoamericano. “Desde una perspectiva local, la mayor inquietud respecto de las actividades del proyecto se relaciona con la calidad del agua y del aire, la salud y seguridad comunitaria y la necesidad potencial de reasentamiento de hogares. Los temas clave nacionales e internacionales incluyen los impactos en el bosque tropical, la biodiversidad y el Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño”, anotó en la sección 2.4 del estudio de impacto.

Según los informes de MiAmbiente, esas inquietudes eran fundadas.

En 2013, Minera Panamá cambió de manos y su nuevo accionista mayoritario era otra empresa canadiense, First Quantum Minerals, que arrancó el desarrollo del proyecto Cobre Panamá. Pues bien, mucho antes de que empezara a sacar el cobre en 2019, desde 2014, los inspectores ambientales ya encontraron 161 violaciones al EIA. Durante los seis años de construcción, los inspectores alertaron por el mal manejo de sustancias químicas peligrosas, falta o fallas en las medidas de control de erosión y sedimentación, la seguridad y por afectar a recursos hídricos, flora, fauna y deudas con la comunidad.

Hubo alertas por contaminación: “El manejo irregular de los desechos oleosos dentro de las áreas es totalmente inadecuado, trayendo consigo goteos, fugas y derrame originando contaminación de suelo”, anotaron el informe 007-0512 del 5 de diciembre 2014.

Por la muerte de animales: “La atención y cuidado a la protección a la vida silvestre incumple, al observarse, especies de este ecosistema muertos”.

Y por el avance de la deforestación irregular: “La tala es mayor a la autorizada”.

En 2015 apuntaron a la falta de implementación de compromisos para conservar la biodiversidad —un programa de conservación en Donoso—, apoyar la investigación —crear un fondo para financiar programas de investigación— y la educación ambiental.

En 2016, a “la falta de mantenimiento e implementación de medidas de control de erosión, altos niveles de escorrentía, y por ende altos niveles de generación de sedimentos”.

También a los riesgos de contaminación del agua: “Altos niveles de turbidez en los puntos de descarga (…) pueden afectar a los usuarios de aguas abajo que utilizan el agua para sus actividades diarias”, dice el informe 003-0604 de 2015. Un año después, repitieron: “Los incumplimientos de la empresa afectan principalmente el recurso hídrico y suelo”.

Murieron aves porque una chimenea con luces clavada en su ruta migratoria las atraía y se estrellaron, dice el informe 033-2710-2016. Murieron peces por un “vertido de contaminantes” en 2017. Y, según se lee en el informe 001-2018, enfermaron niños de comunidades “reasentadas” en cuyas escuelas los baños estaban dañados y no había agua.

Hay diez informes durante el período de construcción. Cada uno contiene varias páginas divididas en secciones como antecedentes, análisis técnico y conclusiones. En una de “hallazgos” enumeran contravenciones o comentarios con etiquetas como “observación”, “cumplimientos”, “incumplimientos” y “posibles incumplimientos”, acompañados por fotos o análisis de laboratorio para que haya pruebas de lo que se afirma. Al leerlos completos, se comprende por qué los expertos se resistían a un proyecto extractivista en el corredor biológico mesoamericano y se aprecia el motivo por el cual los vecinos de la mina denunciaban la depredación de sus entornos.

Por ejemplo, en 2018, un grupo de inspectores fue a Cobre Panamá para ver si un frente frío registrado en el Caribe había tenido algún impacto. Encontraron que un deslizamiento de tierra destruyó más de 200 metros de la ruta, dañó la vegetación, desestabilizó un talud y alteró el agua de una quebrada cercana.

En Panamá esos accidentes son normales. Es uno de los países con más lluvias de Centroamérica, en un clima tropical húmedo que vuelve el terreno vulnerable. Ese fue uno de los motivos por el cual el Canal tardó tantas décadas en construirse: las tierras cedían y los taludes volvían imposible abrir la zanja. Pero a diferencia del Canal, la minería usa materiales tóxicos que las lluvias esparcen en un santiamén. Por más medidas de prevención y mitigación, el riesgo de que los sedimentos con arsénico, cobre o plomo producidos por la mina se esparcieran, como una lava negra polucionando a su paso raíces y peces, era alto. También se puede tornar tóxica el agua que las comunidades usan para lavar y que alimenta las quebradas, el mar y ríos.

“El proyecto mina Cobre Panamá está emplazado en un área con altos niveles de precipitación (mayores a 4,000 mm anuales), con una orografía accidentada y donde predominan principalmente suelos arcillosos: tres características que hacen del proyecto un área propensa a la erosión”, concluyeron los inspectores en el informe 003-0604. 

Por esas condiciones geográficas frágiles, Donoso era un área protegida. Minera Panamá consiguió que se suspendiera esa protección en 2012, pero en 2016 la recuperó. No obstante, ese mismo año, el presidente Juan Carlos Varela aprobó una concesión a la minera por 20 años más, a través de un resuelto ministerial publicado la tarde del 30 de diciembre, en vísperas de año nuevo. Al año siguiente, la Corte declaró la concesión inconstitucional, pero el gobierno no hizo pública la decisión y la empresa continuó operando. En 2019, con Varela presente, First Quantum puso el molino a funcionar y comenzó a extraer cobre por toneladas. A partir de allí, los funcionarios de MiAmbiente siguieron encontrando daños.

Los daños y riesgos de la operación

Durante la fase de extracción, el río que proveía agua a los habitantes de algunas comunidades comenzó a tomar un color turquesa. “En el recorrido de inspección de aproximadamente 332.33 metros aguas abajo del puente de San Benito hacia la comunidad con el mismo nombre (…) se pudo observar peces muertos en el cauce del Río Botija, sedimentación en el fondo del agua y una coloración turquesa”, apunta el informe 036 del 2020.

Ese mismo año, los vecinos de San Benito denunciaron que se acumulaban peces muertos por la contaminación de la mina a orillas de los ríos. San Benito es un pueblo de diez mil habitantes, entre lomas, con una escuela y una iglesia, pegado a Cobre Panamá. Cuando el equipo de Países Minados II visitó la comunidad a mediados de 2024, los niños no bebían agua del grifo ni se bañaban en su río. Aunque la minera donó un tanque de agua, uno de los tres salones de la escuela se usaba para almacenar agua embotellada.

“Hasta la fecha no sabemos si el agua que nos llega es potable”, dijo Marcial, uno de los dos docentes de la escuela.

“Uno podía bañarse en ese río tranquilamente, pero ahora ya no es así”, dijo la otra maestra con la mirada distante, como queriendo alcanzar el río que ya no pueden disfrutar ni usar.

“No sé cuántos caudales de río no dañaron… —dijo Henry, 33 años, albañil informal—. Antes usted sobrevivía de los pescados y ahora usted tira una cuerda por ahí y es mentira que va a agarrar algo”.

Muchos de los incumplimientos incluidos en los informes de MiAmbiente después de 2019 son calificados por los inspectores como “reincidencia”.

“La empresa Minera Panamá ha venido evadiendo una responsabilidad económica de varios millones de dólares referente a este compromiso: Brindar los recursos financieros y logísticos para el adecuado manejo de los Parques Nacionales Santa Fe y Omar Torrijos Herrera, con el fin de fortalecer a largo plazo la conectividad del Corredor Biológico Mesoamericano”, dice el informe 042-2021. 

En esa lista también entran la reforestación de 7,375 hectáreas fuera de la huella del proyecto, según “Informe Técnico de la dirección forestal N°006-2020”, y varios vinculados a amenazas por descargas de aguas y falta de un plan de acción de emergencia en caso de alguna contingencia en la tina de relave.  La magnitud de esa tina la convierte, según expertos, en el mayor riesgo ambiental de la operación de Cobre Panamá.

Para extraer metales, Minera Panamá pulverizó la roca de las montañas de Donoso y la lavó infinidad de veces con químicos hasta separarla del cobre. El sobrante es un lodo espeso llamado relave. Por cada tonelada de concentrado de cobre se producen unas 30 toneladas de relave. Ese lodo se deposita en una laguna artificial de millones de metros cúbicos llamada tina de relave. Allí se acumulan los residuos del proceso y el agua de lluvia que cae sobre los tajos, cargada de sedimentos. Parte de ese agua se recicla para reutilizarla en lavado del mineral. Otra parte, tras ser tratada, se descarga a través de un túnel al río del Medio, que desemboca en el Caimito.

El proceso, explicado en detalle en el informe 012-2020, recomienda que  las  de la descarga “sean caracterizadas, tratadas y sobre todo tener permiso de descarga, antes de liberarlas al ambiente” Y sostiene que en ese momento, en 2020,  Minera Panamá no contaba con los permisos de descargas de aguas.

Un año después de eso, la contingencia temida por los inspectores ocurrió: se rompió una tubería que transportaba agua con roca molida hacia la tina de relave. Vecinos de la mina avisaron en julio de 2021 que las aguas del río Pifá y la quebrada Chicheme se teñían de gris. En las comunidades cercanas como Chicheme, Sinaí y Nuevo Sinaí estaban desesperados: dependen de esos afluentes para el consumo diario. MiAmbiente comprobó que el líquido con químicos alcanzó las fuentes de agua, redujo “el cauce del Río del Medio por arrastre de material pétreo por acción de las lluvias” y que la empresa no implementó “medidas de control para evitar el empuje de material”, según el informe 058-2021. 

Según el informe ‘Manejo y Seguridad de Nuestras Instalaciones de Almacenamiento de Relaves‘  publicado por la propia dueña de Minera Panamá, First Quantum Minerals, en 2022, de las 16 instalaciones de relave que mantiene en el mundo solo dos tienen una categoría de “riesgo extremo”: la operada por Cobre Panamá y otra en Zambia. El biólogo experto en minas, David Gálvez, interpreta que con esto la empresa “reconoce públicamente que las consecuencias ambientales y sociales asociadas con la posible falla de los diques de la tina de relave de Cobre Panamá serían extremas”. Luego, en 2024, otro revisor contratado por FQM de nombre Derek Wittwer escribió en una carta dirigida a Minera Panamá: “La ubicación de la Torre de Vertedero cerca del Muro Norte no es ideal; se recomienda trasladarla a una posición más profunda”.

¿Tiene la empresa un plan de emergencia de respuesta rápida para enfrentar accidentes? ¿Cambiaron ya la torre?

Países Minados II consultó a Minera Panamá sobre el posible riesgo actual de la tina de relave, los daños y los incumplimientos señalados por las autoridades de MiAmbiente. Su gerente de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Maru Gávez, respondió por mail: “En este momento no emitiremos comentarios específicos sobre los puntos planteados, ya que han sido respondidos previamente en piezas periodísticas de otros medios y en múltiples ocasiones de manera pública y oficial”.

Gálvez ha desmentido en redes sociales que la descarga de la mina contamine los ríos: “¡Falso! Verdad: La descarga del túnel de la mina al río es monitoreado 24/7 y mantiene niveles óptimos de PH y parámetros regulados”, publicó en agosto del año pasado en X. Tres meses después de su publicación, una inspección de MiAmbiente detectó ocho incumplimientos, algunos catalogados como “reiterativos”.

Cuando en mayo de 2021, la periodista Mari Triny Zea reveló en La Prensa los daños ocasionados, Minera Panamá contestó: “Nuestra empresa cumple con los más altos estándares y compromisos, ya que para nosotros es importante hacerlo bien. Por lo tanto, trabajamos con estándares mayores que incluso la legislación nacional” y que “los hallazgos no constituyen incumplimiento”.

El informe 041 de octubre de 2024 indica que la empresa reconoció que debían cambiar de lugar la torre porque no dejaba espacio suficiente para garantizar que las aguas del proceso de relave no llegaran a otros afluentes de agua. Los inspectores señalaron también que Minera Panamá había excedido el área de concesión “de manera reiterativa” y comenzó una obra no “incluida en el Estudio de Impacto Ambiental y que no cuenta con una herramienta de gestión ambiental”. Además, no había “elaborado el plan de manejo forestal que incremente el retorno de los recursos forestales y con el objetivo de mantener la integridad biológica del bosque tropical”.

Los informes de MiAmbiente aportan 232 evidencias de daños ambientales.

Comunidades partidas

La historia de la minería en Panamá nunca ha dado experiencias felices.

La canadiense Greenstone Resources paró su operación en las montañas de Santa Rosa en 1999 por la caída de los precios del oro. Hoy los alimentos que crecen cerca aún contienen arsénico, cobre y mercurio en niveles que exponen a cáncer, daños neurológicos y otras enfermedades a quienes los consumen, según un estudio científico publicado en 2022.

“Las mineras siempre han sido un desarrollo camuflajeado porque dicen que traen beneficios, pero la comunidad tiene contaminación y ningún desarrollo”, dijo Argelis Rodríguez, maestra de la comunidad, a esta alianza periodística.

A 300 kilómetros de allí, en el cerro de Donoso, la canadiense Petaquilla explotó oro hasta 2014, cuando abandonó el proyecto Molejón dejando contaminación ambiental, cuentas impagas y barriles de cianuro mal almacenados, como expuso esta alianza periodística en ‘Petaquilla: las evidencias de los daños de la minería a cielo abierto en Panamá‘.

Y entonces, bajo la misma concesión, llegó la sucesora de Petaquilla: Minera Panamá, que despertó la resistencia más fuerte que se haya visto en el país contra un proyecto extractivista. La mañana que el equipo de Países Minados II llegó a San Benito, los niños hicieron una fiesta. Hubo cantos, juegos y convidaron con agua embotellada.

“Teníamos un río bastante limpio, pero ahora ya no está así —dijo la maestra Eli Soto—. A veces en la escuela tenemos niños que han venido así brotados”.

En otras comunidades, cuentan las mismas escenas.

En Coclesito, un empleado de la alcaldía enumeró lo que no hay: “Potabilizadora no hay. Hospital no hay”.

Minera Panamá se había comprometido a aportar al desarrollo de las comunidades, con dinero para las alcaldías y programas. En carteles colocados al borde de la vía que conduce a Cobre Panamá, asegura que lo hizo. Los vecinos la contradicen.

“Decían que iban a hacer proyectos en las comunidades y dónde están”, preguntó Joel.

“Antes por lo menos sacábamos oro así con una batea y algo hacíamos, después ni eso porque vienen los guardias de la empresa y te sacan”, dijo José Mateo, un hombre de 52 años, en un portal de Los Molejones.

A casi dos años del fallo de la Corte que decretó inconstitucional la concesión de Minera Panamá, los guardias de seguridad privada de la empresa patrullan la mina. Algunos habitantes dicen que la compañía restringe su movilidad dentro y fuera de la zona, permitiéndoles el paso solo ciertos días. El medio británico The Guardian reportó sobre esto en un artículo donde preguntó: “La vasta mina de cobre de Panamá está cerrada. Entonces, ¿por qué las fuerzas de seguridad siguen restringiendo el acceso a las aldeas locales?”.

“Sacamos a la mina pero seguimos presos”, dijo por teléfono Milcíades, a este equipo periodístico. “O tienes carnet o pides permiso especial”.

Milcíades habla de un servicio diario de autobús gratuito de Minera Panamá para entrar y salir de sus comunidades. Dice que este servicio rota entre las diferentes comunidades, así que cada persona solo puede acceder a él dos veces por semana y solo si tiene el carnet otorgado por la empresa. Fuera de eso, quedan atrapados. Si hay emergencias médicas o necesidades urgentes, tienen que pedir permiso y pagar un transporte privado autorizado por la empresa.

En comunidades donde no necesitan permisos, también hay quienes quieren que el proyecto se active porque trae dinero. Colina Castillo es una de esas personas: hace doce años atiende una abarrotería en Los Molejones y su hija trabajaba en Cobre Panamá.

La mina los pone en una encrucijada en la pobreza: tener trabajo y perder el entorno natural, o perder el entorno natural y no tener trabajo.

“El que la quiere es por la plata —dijo Milcíades—, pero yo antes pescaba y ahora ya no hay pez, sembraba y ahora ya no, era libre y ahora no…”.

“Aquí hay una pobreza franciscana”, dijo Gloria, una mujer de 60 años y siete nietos en el portal de su casa de chapa y madera a un costado del río Molejón.

“Ahorita mismo uno está contra la pared como quien dice, sin ingreso de nada. Se llevan ellos los principales recursos y uno no queda igual o hasta peor”, dijo Henry Joel en San Benito.

Los problemas de First Quantum no son sólo en Panamá.  Según reportes de medios como Reuters, EFE y ABC News, First Quantum los ha tenido en Zambia —por la muerte de un trabajador—,  en Australia —puso en riesgo 330 empleos por suspender operaciones—, y en España, por vertidos no autorizados a acuífero cercano a la mina Las Cruces, por lo que tres directivos enfrentaron procesos judiciales en 2016.

Mapa conflictos de First Quantum Minerals

 

En Panamá, por los incumplimientos, la mina enfrentó multas y cuestionamientos. La Prensa aseguró en enero de 2024 que Minera Panamá debía USD 12 millones por compromisos ambientales incumplidos, y que no se había ejecutado el proceso formal para exigir ese pago. MiAmbiente, como otras instituciones del Estado, no da detalles de estas deudas reportadas. En enero pasado, abrió una consulta pública para una auditoría ambiental de la mina Cobre Panamá que identifique “daños ambientales actuales y futuros” y determine los costos de “un plan de cierre ambientalmente responsable”..

El presidente Mulino nunca habla de daños ambientales cuando aviva la reapertura de la mina a cielo abierto. Habla de empleos, de “proveedores guindados” y de millones de dólares perdidos por culpa de “cinco gatos” que protestan, aunque su gestión no informa sobre las cifras del impacto económico de Minera Panamá. (Ver otra nota de esta investigación, al respecto). “La mina va porque va”, insistió Mulino.

Muchos ciudadanos que protagonizaron el estallido social de 2023 se oponen a la reapertura con nuevas protestas. Celebraron el fallo de la Corte como si se tratara de un campeonato mundial: habían torcido la historia hacia un futuro no minero, basado en el desarrollo sostenible. Ahora que la política pretende echar atrás su conquista, dicen que resistirán.

“Vamos a pelear —repite Milciádes—. Sin mina somos ricos, no morimos de hambre. Con la mina muere todo”.

Con información de Itzel Araúz L.