El Registro Nacional informó mediante un comunicado de prensa que la advertencia administrativa emitida el pasado 24 de marzo «no paraliza el tráfico inmobiliario» de las 526 fincas ubicadas en el Proyecto Americano.
Asi lo confirmó a La Voz de Guanacaste, Emilia Segura Navarro, funcionaria de prensa del Registro Nacional, quien aseguró el miércoles 20 de mayo, que «la Institución [Registro Nacional] no está paralizando ningún proceso (inmobiliario), ni tiene la potestad para pedirle a otras dependencias o instituciones [como la municipalidad] no cumplir con lo que la ley les pide».
Lo anterior significa que no existe impedimento por parte del Registro Nacional para realizar trámites de inscripción, segregación o traspasos de propiedades en las fincas señaladas, las cuales actualmente están en litigio por parte de Custodias de Propiedades Guanacastecas S.A., que reclama como suyos algunos de esos terrenos.
De igual forma, Fernán Pacheco, abogado especialista en derecho notarial y urbanístico entre otros de la firma Stix + Denovo, explicó que «la orden del Registro tiene efectos de publicidad registral únicamente, a saber, informar a terceros de que existe un trámite interno administrativo tendiente a determinar la existencia o no de anomalías registrales».
Ambas declaraciones desdicen las palabras de Marco Jiménez, alcalde de Nicoya, expresadas en la sesión municipal del concejo el pasado 18 de mayo, donde afirmó que:
«Vamos a acatar la orden del registro y esto significa que donde hay una advertencia administrativa no se pueden dar permisos municipales».
Lo anterior porque el alcalde entiende que la orden del registro significa que donde hay una advertencia administrativa, no se pueden dar permisos municipales.
Además, Jiménez habia indicado que «no serían posibles los traspasos de propiedades, ni las segregaciones», por parte del Registro Nacional.
No obstante, Pacheco aclaró que «no es el Registro Nacional de San José el que le está ordenando al alcalde que paralice todo a nivel municipal (permisos, patentes, segregaciones), sino que es el alcalde quien toma esa decisión bajo su propia responsabilidad», afirmó.
«Considero que la municipalidad está dándole una interpretación demasiado amplia a una decisión interna registral, a tal punto que prácticamente están inmovilizando los derechos de propiedad de todos los lotes afectados, como por ejemplo negando un derecho tan básico como es el de construcción», agregó Pacheco.
A pesar de las declaraciones del Registro Nacional, Jiménez dijo que él continuará negando permisos porque “en caso de que prospere todo lo que esta establecido en este juicio, los culpables somos la municipalidad de Nicoya y no vamos a tomar ese riesgo”.
Según el especialista, en casos similares, otras municipales han optado por otorgar permisos y patentes pero haciendo la advertencia de la existencia del proceso registral.
«Ya será el propietario quien, bajo su propia responsabilidad, valore el riesgo que conlleva edificar bajo esas condiciones», dijo Pacheco.
Posibles escenarios
Emilia Segura, del Registro Nacional, adelantó que el expediente se encuentra en la fase de recopilar la información de cada una de las fincas mencionadas en el informe, con el fin de brindar las audiencias respectivas y poner en conocimiento de los interesados el contenido del mismo.
Según el proceso a seguir, si al final de la investigación hay anomalías registrales, entonces el juez comunica a las partes que tienen que proceder por vía judicial.
Ahora el Registro Nacional debe advertir de manera individual a cada propietario, de que existe una situación irregular en esa propiedad y que no es definitiva, para que cada propietario decida que hace y que no hace.
Pacheco agregó que “Debido a la cantidad de propiedades involucradas, las notificaciones pueden durar años”.
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