El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) deberá asumir el control del servicio de agua en la comunidad de Santa Ana, Nicoya. Así lo ordenó la Sala Constitucional tras detectar una serie de irregularidades por parte de la administración actual, a cargo de la Asada de la comunidad.
Las anomalías encontradas “violentan los derechos básicos de los habitantes de la comunidad», determinó.
El pasado 25 de junio, la Sala dio la orden en la resolución a un amparo interpuesto por el expresidente de la Asada de Santa Ana, Germán Zúñiga, quien fue destituido en febrero de este año. En el recurso, Zúñiga denunciaba problemas en el abastecimiento de agua, anomalías en el área administrativa contable, pozos ilegales, cobros dobles de recibos de abonados y negligencia por parte del AyA para intervenir en el tema.
Santa Ana es una comunidad rural al norte del cantón de Nicoya, a 5 minutos del Parque Nacional Barra Honda y a 20 del centro nicoyano. Según datos de la Asada, la zona cuenta con alrededor de 1.400 habitantes y al menos 50 de ellos no cuentan con el servicio de agua potable.
Desde junio de 2020, el AyA le prohibió a la Asada dar permisos de agua a nuevas construcciones, pues los siete pozos no contaban con permisos de funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y no tenían asignación de caudales. Esta es una de las 30 Asadas del cantón que están vetadas por el Instituto por irregularidades.
En el amparo contra el AyA, Zúñiga solicitó que el Instituto desarmara la Asada por completo y asumiera el abastecimiento del agua de la comunidad. También lo acusó de “negligente” por no accionar a tiempo ante irregularidades administrativas que datan, según él, desde mucho antes de su entrada a la organización (es decir, antes de marzo de 2019).
Por su parte, el funcionario del AyA, Tomás Martínez, negó las acusaciones y afirmó ante la Sala que la institución sí trabaja activamente para darle solución a los problemas presentados en Santa Ana. Igualmente señaló a Zúñiga de relentizar varios procesos administrativos pues, según él, no entregó documentación de su antiguo puesto tras su despido.
Aunque los jueces no se refirieron a los conflictos administrativos entre la Asada y el AyA, sí determinaron que el AyA no hizo suficiente ante las “violaciones de derechos humanos” por la falta de agua en la comunidad.
Este Tribunal verifica que ha existido una violación a los derechos fundamentales de los vecinos. (…) A pesar de que el AyA conoce el problema de suministro de agua potable desde julio de 2018, lo cierto es que a la fecha continúa ese problema, afectando a la comunidad”, declara la resolución.
Las irregularidades dentro de la Asada, como no realizar estudios pertinentes para verificar el caudal de los pozos, provocaron, según la Sala, que la mayoría de la población recibiera un servicio de agua deficiente, por solo tres horas al día, y algunos hogares ni siquiera tuvieran acceso del todo.
Según la resolución, el AyA tiene hasta 12 meses para tomar el control de los cobros, registros y documentos del manejo del agua en Santa Ana. Además, resuelve que el Instituto debió actuar desde 2018, cuando denunciaron las irregularidades por primera vez, por lo que deberá pagar las costas, daños y perjuicios causados a la comunidad al no proceder con mayor eficacia desde antes.
La Voz solicitó una entrevista con los funcionarios del AyA, pero al cierre de esta nota no recibimos respuesta a las preguntas enviadas a su departamento de prensa.
¿Cómo empezó el litigio?
German Zúñiga, ahora expresidente, fue destituido de su puesto en febrero de este año durante una Asamblea General convocada por miembros fundadores de la junta directiva de la Asada de Santa Ana. Esto ocurrió días después que interpusiera una denuncia penal contra ellos por malversación de los fondos de la organización.
La Voz de Guanacaste tiene en su poder una copia de la denuncia que Zúñiga, junto a otros dos exmiembros de la organización, presentaron contra tres miembros de la Asada. En este documento acusan a las tres personas de no registrar las operaciones financieras y económicas en los libros contables por años, retener dinero de los abonados y hacer “gastos ilegales e injustificados”.
Durante la Asamblea, los miembros acusados respondieron a la denuncia, afirmando que el expresidente era el que “robaba” fondos de la Asada al comprar equipos innecesarios y que no era “una persona confiable ante sus ojos”. Además de destituir a Zúñiga, también lo denunciaron penalmente.
En esa misma sesión, constituyeron una nueva junta directiva que, según el expediente de la Sala, no ha sido reconocida por el Ministerio de Hacienda.
En entrevista con La Voz de Guanacaste, Zúñiga negó todas las acusaciones y afirmó que aunque sí compró equipos nuevos para el funcionamiento de la organización, eran necesarios para mejorar la “precariedad” en la que encontró a la Asada.
Además, negó que estuviera enriqueciéndose a través de la organización, como también lo indicaron en la denuncia. Según él, al asumir el poder y encontrar múltiples fallos contables decidió quitar las dietas a toda la Junta hasta “volver a flote”.
Zúñiga entró a la presidencia en 2019, sin embargo, un año antes una decena de vecinos presentaron la primera denuncia ante el AyA por las irregularidades en la Asada.
El Presidente de la Liga del Agua y líder comunitario, Emel Rodríguez, afirma que esta institución le ofreció a la Asada -en ese momento liderada por Zúñiga- servicios de facturación electrónica y estudios de agua, ya que la administradora del recurso hídrico no contaba con ninguno. Esto pese a que ambos son obligatorios, según lo establece el Reglamento de Asadas. Aunque trabajaron juntos por tres meses, Rodríguez expone que “varios miembros de la junta” no veían necesarios los servicios y por lo tanto dejaron de pagarle.
Hasta 2020 Santa Ana no formaba parte del conglomerado de Asadas de Nicoya, Santa Cruz y Hojancha, tampoco pagaba la personería jurídica, según documentos que La Voz tiene en su poder.
Notamos que una parte de la junta no quería que estuviéramos ahí. Al punto que nos dijeron que no veían necesario dar facturas electrónicas y no le iban a pagar al contador que teníamos. Esos no son gastos innecesarios”, afirma el líder comunitario.
Este medio intentó comunicarse con los miembros de la junta directiva señalados, sin embargo, no recibimos respuesta al momento de esta publicación. Ambas denuncias penales siguen en etapa de investigación, según el Poder Judicial.
Cortes de agua en la comunidad
El litigio entre las dos juntas directivas (la destituida y la instaurada por los miembros fundadores) generó un caos en el cobro de recibos a la comunidad.
Desde febrero, dos cobros a la factura del consumo de agua. Uno con la tesorera de la vieja junta, que el AyA afirma cobraban tarifas “más bajas que las establecidas por ley” y otro con la nueva junta directiva, que todavía no es reconocida por Hacienda.
Al no tener claridad de dónde cancelar los recibos, decenas de abonados seguían pagándole a la junta antigua, lo que ocasionó que la nueva Asada les cortara el servicio del agua. La Voz contactó al presidente de la nueva junta directiva, Minor Zúñiga, sin embargo, el funcionario aseguró que solo dará declaraciones si es dentro de una reunión personal en la comunidad.
La institución pública autorizó a la tesorera de la nueva junta a recibir los pagos del servicio mientras toman el control de los acueductos.
Por su parte, el expresidente afirma no tener «nada que ver» con los cobros que realizó la extesorera. También enfatizó que todo el dinero que recogió durante su periodo está en una cuenta de banco que entregará al AyA junto a los registros contables de las transacciones.
En marzo de este año, una decena de personas de la comunidad interpuso otra denuncia ante el AyA por la mala administración del agua en Santa Ana. En esta manifestaron inconformidad con los cortes de agua tras haber pagado su recibo.
Tomando en cuenta todos estos elementos, la Sala determinó que el AyA debe tomar las riendas del sistema hídrico en la comunidad.
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