La Sala Constitucional falló contra un recurso de amparo presentado por los vecinos de Sardinal de Carrillo que pretendía frenar el proyecto de ampliación del acueducto El Coco-Ocotal una vez más, alegando falta de transparencia del Gobierno y desactualización de los estudios.
A los vecinos les preocupa que una mayor explotación dañe el acuífero y termine por salinizarse, como ya ha ocurrido con otros como Playa Panamá y Playa Hermosa (de hecho, parte del agua se destinaría a estas comunidades).
Su descontento se debe, en esencia, a la misma razón que en el 2008 los llevó a presentar varios recursos de amparo que paralizaron el proyecto: alegan que no tienen claridad sobre los derechos que tendrán los empresarios privados que financiarán la obra, dado que el acueducto se desarrollará con una alianza público privada.
Sin embargo, los magistrados encontraron que los estudios actuales son suficientes para garantizar la protección del acuífero, despejando nuevamente el camino para que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) siga avanzando con el proyecto.
Para los pobladores que se oponen, este es apenas uno de los tantos semáforos en rojo que ellos seguirán poniendo en la ruta, si las instituciones no resuelven sus dudas.
Justo después del anuncio del fallo, la comunidad volvió a la carga con una manifestación de los vecinos y una solicitud de intervención ante la Defensoría de los Habitantes, la cual se encuentra en estudio.
Gadi Amit, vecino de Playa Panamá y dirigente comunal, dijo que es posible que presenten un nuevo recurso de amparo pidiéndole a la Sala que conteste el resto de sus alegatos.
“La Sala en su resolución dice que debemos ir a la vía del Contencioso Administrativo. Eso para los que carecemos de recursos económicos es cerrar las puertas de acceso a la justicia a los pobres”, dijo.
La historia es cíclica
En el 2008, el acueducto se construiría con un fideicomiso en el que participarían 22 empresarios y sacaría 167 litros por segundo de agua de Sardinal para llevarlo hasta El Coco y Playa Hermosa.
La Sala Constitucional falló a favor de los accionantes en aquel momento pues determinó que no existían los estudios para asegurar que la explotación a esa escala no dañaría el manto acuífero.
Un año antes, una investigación del diario La Nación reveló que la empresa Cocowater, en El Coco, se había comprometido con el AyA a asumir la construcción de las obras a cambio de 5.000 servicios de agua.
Hoy, el AyA asegura que únicamente tomará 70 litros por segundo de agua (suficiente para abastecer a unos 17.000 individuos de zona costera) y que para “garantizar este caudal se instalarán caudalímetros en los pozos para verificar el aprovechamiento autorizado”.
Sin embargo, los vecinos arrastran desde entonces una desconfianza que, para la presidenta del AyA es difícil de reparar ahora.
“Se les podrá brindar toda la información, participación y contar con los estudios más elaborados que difícilmente cambiarán de opinión”, argumentó la presidenta Ejecutiva de la institución, Yamileth Astorga, en su respuesta a la Sala sobre el último recurso de amparo de los integrantes de la comunidad de Sardinal.
Otro de los argumentos de los opositores es que los estudios en que se basan las instituciones para respaldar el proyecto están desactualizados y no cumplen con la metodología oficial del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), explicó Amit, quien se basó en un informe del abogado, geólogo y ambientalista Allan Astorga que detalla estas carencias, tras una revisión de los estudios.
Ante estos reclamos, la presidenta del AyA respondió a la Sala Constitucional que los estudios han sido actualizados con monitoreos en los pozos y que el geólogo no contaba con los documentos completos a la hora de analizarlos.
Para ella, la construcción del acueducto antes era una previsión pero ahora es urgente, debido a la crisis de agua en la región. Los pobladores que se oponen alegan que precisamente lo que quieren evitar es que el agua se consuma de manera irresponsable y la crisis sea aun mayor.
Encuentre en este enlace los estudios y sentencias citados en el artículo.
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