Las explosiones que hace la empresa Pedregal sobre su tajo en Nicoya a veces sacan a los vecinos de Barrio Los Ángeles de la casa, preguntándose de dónde viene el estruendo que les hace cimbrar las ventanas. Luego de tres décadas, no se acostumbran a ese sonido que no los deja de sorprender y que les retumba a solo 3 km de distancia.
Una de las vecinas es Olga Chavarría. “Esto afecta demasiado, a los niños les da asma, también las explosiones que hacen muchas veces son fuertes y alarman a la población. Se han enviado cartas a la municipalidad y no se ha podido hacer nada, es muy difícil”, cuenta.
El tajo se observa desde cualquier punto de Nicoya: es una montaña enorme, pelada, que se va partiendo en fragmentos y va perdiendo cada vez más su color verde. Pedregal lleva 27 años extrayendo piedra caliza de allí con un único estudio de impacto ambiental (EIA) que data de 1992 y sobre el cual la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) nunca le ha pedido una actualización, pese a que los requisitos para aprobarlo hoy serían muy distintos.
Así se desprende de una extensa revisión realizada por La Voz de Guanacaste, en conjunto con el programa periodístico Punto y Aparte, sobre las más de 1.600 páginas del expediente completo sobre el tajo Pedregal, disponible en la Dirección de Geología y Minas. También, de una exhaustiva búsqueda de opiniones y contrastes con especialistas de gobierno e independientes.
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La investigación demuestra que operar con un estudio con menos requisitos que los exigidos hoy es apenas uno de los privilegios que tienen las concesiones antiguas como la que tiene Pedregal. Son derechos adquiridos que probablemente no se verían afectados, aún si la legislación se actualizara, pues las leyes “no tienen carácter retroactivo”, explicó el ministro de Ambiente y Energía Carlos Manuel Rodríguez.
Si hoy le damos una concesión a una persona, se le pide una serie de regulaciones que hace 30 años no se pedían y ahora no podemos pedirle a aquellos que tenían una concesión antigua una serie de requerimientos nuevos”, dijo el ministro.
Pedregal argumentó que no ha realizado ninguna actualización porque, según su gerente de Geología William Brenes, Setena no se lo ha solicitado así.
El análisis también muestra que Pedregal paga únicamente ¢6 millones anuales a manera de garantía ambiental, que es el dinero que utilizaría el Estado para “compensar” un eventual daño al ambiente perpetrado por la empresa. Ese monto se ha mantenido estático desde 1997. Si se actualizara a colones del 2018 (tomando en cuenta la inflación de cada año), serían poco más de ¢29 millones.
“En la actualidad no hay forma de ejecutar la garantía porque no está normado. Generalmente esa garantía no alcanza para reparar el daño, en el caso que se ocasione uno”, dijo el secretario General de Setena, Sergio Bermúdez.
¿Por qué deben actualizarse los estudios?
De 1992, cuando se aprobó el estudio de impacto ambiental sobre el tajo, al 2018 han cambiado muchas cosas. La tecnología de extracción, el ecosistema en el que opera el tajo y hasta las metas ambientales del país. También son otros los requisitos que piden Geología y Minas para otorgar permisos de explotación y Setena para aprobar estudios.
Según el secretario general de Setena, Sergio Bermúdez, han cambiado los instrumentos de evaluación ambiental y los formularios, así como el mínimo de profesionales que deben firmar el documento.
En aquel momento, por ejemplo, un solo geólogo podía ejecutar toda la investigación. Hoy, tienen que participar biólogos, ingenieros civiles, arquitectos, sociólogos, hidrólogos y geólogos, explicó el consultor ambiental Josué Arrieta. Los sociólogos hoy evaluarían el impacto que una explotación como esta tendría en los vecinos de Nicoya como Olga Chavarría.
“Las condiciones ambientales no son estáticas sino que cambian con el tiempo. Los resultados ambientales de 20 años atrás hoy pueden ser muy diferentes”, sostuvo Arrieta.
Legalmente, Setena puede solicitar una actualización cuando cambia la explotación o la operación para la cual fue autorizada. Geología y Minas y Pedregal sostienen que la concesionaria se ha mantenido dentro de lo proyectado en el estudio de 1992. Sin embargo, el expediente analizado por este medio muestra algunos cambios en la forma de operar.
El estudio de impacto ambiental indica, por ejemplo, que el uso de explosivos sería “ocasional”, pero esa periodicidad ha variado en el tiempo. Un documento de 1997 evidencia que Pedregal hace dos voladuras o explotaciones semanales, mientras que un reporte del 2012 evidencia dos diarias.
El jefe de control minero en Geología y Minas, Mario Gómez, explicó que la cantidad de detonaciones no implicaban un cambio para la concesión, pues aunque aumentó la frecuencia, bajó la intensidad de las mismas.
Sin embargo, lo que sí cambió fueron las condiciones para los vecinos del tajo, que escuchaban las explosiones con más frecuencia, sin ningún tipo de alerta.
“Este tipo de actividad todo el mundo lo ve con malos ojos. Desgraciadamente las voladuras suenan, yo quisiera que tuvieran un silenciador, pero no hay”, justificó Brenes, de Pedregal.
Un mar de confusiones
Al tajo Pedregal lo rodea un mar de desacuerdos, confusiones y hasta expedientes perdidos. La Setena, por ejemplo, perdió el expediente en el que deberían constar las actualizaciones ambientales de la empresa. Cuando les consultamos sobre el documento, contestaron vía correo electrónico que, al ser tan viejo, se había extraviado.
Los protocolos que debería utilizar la empresa a la hora de hacer explosiones tampoco han quedado claros.
Mario Gómez, de Geología y Minas, insistió en que una sirena debería sonar a la hora en que el tajo hace las explosiones para alertar a la población. No obstante, los vecinos de Barrio Los Ángeles fueron contundentes en que nunca han escuchado esta sirena.
En ningún momento. En este momento pueden explotar y es lo único que escuchamos. Sirenas no, en lo absoluto”, dijo Elías Aiza, vecino de Barrio Los Ángeles.
Pedregal alegó que la dirección de Geología y Minas nunca le hizo llegar la orden de utilizar alarmas ni de estandarizar horarios para realizar las voladuras porque, de haberlo hecho, ellos hubieran apelado.
“Les habríamos presentado un recurso revocatorio”, argumentó William Brenes, gerente de Geología de Pedregal.
Para el ministro Rodríguez, el impacto de la actividad minera es fuerte, pero también es necesario el material que producen.
“La minería es una de las actividades de mayor impacto ambiental. Uno coge un bosque, una finca y se quita toda la cobertura vegetal y empieza escarbar un hueco, eso genera un impacto muy grande”, explicó. “No obstante, sin ese material no tendríamos ni edificios, ni casas, ni carreteras, ni puentes. De ahí la necesidad de que esa actividad se dé con las mayores regulaciones ambientales”, agregó Rodríguez.
El ex secretario de Setena, geólogo y ambientalista Allan Astorga opina de manera similar. “No tienen que dejar de operar pero sí actualizarse. No se vale que usen un EIA tan viejo cuando los requisitos eran tan diferentes a los que hay ahora”, argumentó.
Para el exministro de ambiente, Édgar Gutiérrez, los estudios de impacto ambiental deberían actualizarse cada diez años. “No es el mismo impacto que voy a tener al inicio que el impacto que voy a tener cuando la actividad ya esté desarrollada”, coincidió.
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