“Los surfeadores siempre vivimos rescatando gente”, dice Pablo Sánchez por teléfono mientras hace pausas breves para continuar atendiendo su negocio, una escuela de surf en playa Sámara de Nicoya.
Sánchez es el presidente de la Asociación Deportiva de Surf de Sámara, una agrupación de seis escuelas que desde adentro del mar y a la orilla de él notaron que la playa necesitaba guardavidas.
Aunque Sámara destaca por sus aguas tranquilas, Sánchez dice que hay personas que se emborrachan e ingresan al mar, o deciden ir en paddleboard o en kayak a Isla Chora, pero algo les sucede. “Se caen o no saben cómo regresar, y esos son problemas que nosotros los surfeadores estábamos atendiendo”.
Pero los registros cuentan también otra historia. Entre el 2001 y el 2018, Sámara estuvo entre las playas con más personas ahogadas en Guanacaste: 11 personas en total. En la lista también figura Tamarindo. Así lo revelaron datos analizados por el Observatorio de Procesos Costeros de la Universidad Nacional.
En vista de esos rescates recurrentes, la asociación pensó en 2019 que era hora de formalizar la vigilancia acuática en la costa. Luego de dos años de trabajo, lo lograron: Sámara se convirtió en la segunda playa de Guanacaste en tener formalmente un cuerpo de socorristas listo para atender emergencias básicas y realizar rescates acuáticos.
Durante al menos siete años, Tamarindo fue el único destino de la provincia con guardavidas.
Ambas comunidades costeras siguieron un camino similar para lograr esta distinción: vieron una necesidad, se unieron, tocaron puertas, insistieron y persistieron.
Retados por la (in)seguridad
Tamarindo también enfrentaba con frecuencia emergencias críticas por las corrientes.
Hace siete años veíamos que en Tamarindo había en promedio un ahogamiento anual”, recuerda el presidente de la Asociación Integral de Tamarindo (ADIT), Urs Schmid.
Ante las estadísticas, en 2015 la ADIT creó el programa de guardavidas que empezó a caminar con la misma estrategia con que Sámara empieza a enrumbar ahora el suyo: donaciones de la comunidad.
Los dueños de un restaurante de Tamarindo costearon el salario de uno de los guardavidas y, con el aporte de otros negocios y vecinos, pagaban otro.
También con donaciones construyeron la primera torre de vigilancia. “Pero la perdimos por una tormenta en 2017. En una marea muy alta se dañó”, recuerda Schimd.
La fórmula para buscar más donaciones fue documentar las tareas diarias de los guardavidas. “Cada vez que atendían a una persona, anotaban en una bitácora información como el nombre, la edad, la nacionalidad, el motivo del rescate”, relata Schmid. “Y esa documentación nos permitió llegar a la gente y decirles: esto es lo que estamos haciendo, ayúdenos a sostener el proyecto”.
Así siguieron hasta el 2019. Ese año, la Cruz Roja y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) firmaron un convenio para colocar guardavidas en las costas de mayor riesgo, y Tamarindo resultó beneficiada.
Schimd recuerda que Claudia Dobles (la primera dama y enlace de la Región Chorotega con el gobierno) visitó Guanacaste y él le habló del proyecto. “Le dije que no era justo que el sector privado tuviera que pagar esos salarios para una necesidad muy básica como es proteger la vida humana”, cuenta Schmid. Y ella los enlazó con el ICT.
Torre de vigilancia colocada por la Municipalidad de Santa Cruz en playa Tamarindo. Actualmente la utilizan los guardavidas financiados por el ICT en convenio con la Cruz Roja Costarricense. Foto: César Arroyo Castro
El proyecto del ICT-Cruz Roja continúa activo en seis playas del país: Playa Cocles y Manzanillo en el Caribe, y Ventanas, Bahía Ballena, Espadilla (en Manuel Antonio) y Tamarindo en el Pacífico.
“Pero no es algo que se logró indefinidamente”, apunta el presidente de la asociación. “Ellos [el ICT y la Cruz Roja] normalmente nos avisan si seguirán pagando los guardavidas, que es genial, porque para la ADIT esos dos salarios son una carga muy alta. Si algún día nos dicen que no hay fondos, tenemos que ver cómo logramos sostenerlos”, explica, convencido de la necesidad de que permanezcan.
Desde que implementaron el proyecto en 2015, la mayoría de años Tamarindo no registra muertes por ahogamientos. El año pasado, se registró únicamente un caso.
La sostenibilidad financiera es uno de los retos pendientes para los guardavidas de Sámara. En este momento tienen dos voluntarios fijos y dos que, de vez en cuando, se suman a la tarea. Pero son eso: voluntarios.
Algunos negocios como Locanda, Gusto Beach y Mama Gui les dan alimentación, otros costean el hospedaje y otros donan para entregarles una mensualidad pequeña. Pero esa su remuneración está lejos de ser un salario.
Hacia ahí apuntamos. La idea de nosotros es tenerles un salario, además del seguro de vida que ya tienen”, dijo Pablo Sánchez.
El investigador y exdirector del IOI, Alejandro Gutiérrez, considera que los salarios acordes con las tareas que estas unidades de rescate acuático realizan son un punto fundamental.
“La gente cree que lo único que implica un guardavidas es tirarse al agua, y sí que es importante», dice Gutiérrez.
«Pero el mejor rescate es el que no se hace. Los aspectos preventivos son fundamentales, la atención médica para saber qué hacer cuando ya sacan a alguien del agua, además de la parte científica, para poder guiar al turista como corresponde”, agrega.
Apoyo municipal
En ambas comunidades, los gobiernos locales costearon las torres de vigilancia. En Tamarindo la Municipalidad de Santa Cruz la instaló en 2019, luego de que perdieran la suya en 2016, y en Sámara la Muni de Nicoya la colocó el año pasado.
“No fueron trabas, pero sí hubo mucho papeleo para demostrar que estábamos listos y que tenemos una estructura sólida, con personal y con legitimidad”, cuenta Sánchez.
La legislación, eso sí, le da a las municipalidades muchísimas más posibilidades de involucrarse en la seguridad acuática de sus costas.
La ley Implementación de las Unidades de Guardavidas en las playas nacionales, firmada en diciembre del 2019, modificó la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, y estableció que un 40% de los ingresos de las munis por concesiones en la ZMT deben invertirse en mejoramiento de las zonas turísticas, entre ellos, pueden cubrir costos de estas unidades.
Pero la aplicación de la ley camina lento. El ICT aún no ha conformado la Comisión Nacional para la Prevención y Atención de Ahogamientos encargada de dictar los lineamientos para la prevención y atención de accidentes por inmersión, y de elaborar un listado preventivo de playas nacionales, según su nivel de peligrosidad.
Esa comisión también deberá indicar cuáles playas requieren la implementación de estas unidades y los períodos para su implementación.
El actual supervisor de guardavidas en la Cruz Roja, Ariel Lafuente, rescata que aunque el proceso va lento, Costa Rica es pionero en Latinoamérica. “Somos el primer país que creó una ley de cuerpo de guardavidas”, apunta.
La urgencia de que las decisiones en papel se traduzcan en acciones es evidente para el investigador ad honoren en el Observatorio de Procesos Costeros y exdirector del IOI (ambos de la UNA), Alejandro Gutiérrez.
En el país nos asustan los deslizamientos, los terremotos, las tormentas… pero a veces parece que no nos asustan las 50 o 60 muertes al año por ahogamientos”, dijo.
Y un gran primer paso desde la perspectiva de Gutiérrez y de Lafuente es estandarizar las certificaciones de guardavidas porque hasta el momento no hay un lineamiento oficial, aunque sí varias entidades certificando: desde la Cruz Roja hasta agrupaciones locales como Swim Safe.
Miembros de la Asociación Deportiva de Surf de Sámara y de la Municipalidad de Nicoya en la torre de vigilancia del gobierno local. Foto: Asociación Deportiva de Surf de Sámara.
Más allá de la comunidad; siempre por la comunidad
Para la asociación de Sámara, tocar puertas fuera de la comunidad también fue una tarea obligatoria. Pablo Sánchez dice que para dar los primeros pasos, tuvieron reuniones con la Municipalidad de Garabito, pionera en la creación de un departamento de socorristas para vigilar las playas del cantón.
“Necesitábamos aprender de los que saben y ellos desde hace más de 10 años han estado trabajando en este tema”, dice Sánchez. “Fuimos a hacer preguntas, cómo funcionaba, qué materiales usaba la torre, cuántos salvavidas había, cómo organizaban los turnos y quién nos podía certificar como guardavidas”, cuenta.
Con él coincide Urs Schmid, de la ADIT. “Son procesos de aprendizaje y la gente que ya tiene experiencia puede dar detalles importantes: cómo construir la torre, de qué material, cuál es el perfil de los guardavidas”, enlista.
Y recomienda: “Yo tocaría la puerta a la municipalidad correspondiente y, si es una comunidad donde hay fondos, trataría con hoteles, con quienes se benefician de ese programa, porque quieren que sus clientes estén seguros”.
Hablar con ADIS que ya tienen, con Cruz Roja, con organizaciones internacionales. Con el internet ahora es más fácil ponerse en contacto y aprender”, agrega.
Ambas asociaciones también lo ven como un proyecto de impulso turístico: tener guardavidas es atractivo para los viajeros nacionales y extranjeros. “Nos permite como comunidad competir con otras playas”, apunta Sánchez.
Schmid, por su parte, agrega que “el pueblo se beneficia porque si alguien se ahoga es un golpe fuerte para toda la comunidad”.
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