El proceso a través del cual los guanacastecos pretenden recuperar los distritos de Paquera, Lepanto, Cóbano e Isla Chira tiene aún un largo camino por recorrer.
Este 6 de octubre se llevó a cabo en el Tribunal Contencioso Administrativo, en San José, la segunda audiencia preliminar en la que se pretende determinar si se da curso a la solicitud de impugnar el decreto que en 1915 otorgó estos distritos peninsulares a Puntarenas.
Más de 40 personas llegaron a la sesión desde la provincia de Guanacaste para presenciar el proceso, a pesar de que muchos debieron quedarse afuera por la escasa capacidad de la sala.
“Estamos varios alcaldes de la provincia y venimos a dar apoyo a un reclamo que tenemos hace varios años y que hemos estado apoyando históricamente, pero que por fin estamos sometiendo a un juicio para solicitar el reclamo de nuestro territorio”, explicó Julio Viales Padilla, alcalde de Liberia, que se encontraba entre el público.
La sesión, que se extendió aproximadamente por tres horas, apenas alcanzó para discutir las principales protestas que la Procuraduría de la República y los demandados tienen sobre el proceso, así como los contra argumentos de los demandantes: el alcalde municipal de Nicoya, Marco Antonio Jiménez y el ex diputado Mario Arredondo.
Sobre estos temas aún queda abierta la posibilidad de apelación, mas cuando sean resueltos se debe asignar fecha para una nueva audiencia.
Discusión previa
El tema de fondo, o sea la impugnación o no del decreto emitido por el ex presidente Alfredo González Flores, aún no ha sido tratado en las audiencias. Las discusiones más bien se centraron en los aspectos que llevaron a que se impusiera la demanda.
“Lo que hicimos fue conocer una serie de protestas que realiza la parte demandada contra aspectos de la demanda, aspectos que ellos consideran que están mal y que deben corregirse. Entonces el señor juez con gran apertura y transparencia nos dio todo el tiempo a todas las partes para poder hacer una discusión ordenada pero muy amplia”, explicó José Miguel Villalobos, representante de los demandantes.
Entre algunos de los temas que reclaman la Procuraduría y el abogado de la municipalidad de Puntarenas, Manrique Jiménez Meza, están la pertinencia del tema, la potestad de los demandantes para representar a todo el pueblo de Guanacaste y la vigencia del decreto que se quiere impugnar.
En cuanto a este último punto, los demandados cuestionan la posibilidad de impugnar el decreto, pues alegan que existen otro decreto y una ley más recientes que han pasado a sustituir al de 1915 en materia de división territorial administrativa y lo han dejado sin efecto.
Al respecto, los demandantes se defendieron y mantuvieron su postura afirmando que efectivamente la disposición del decreto de 1915 está vigente y por eso buscan que se declare su ilegalidad.
Por otro lado, los demandados pusieron sobre la mesa la discusión sobre si Arredondo y Jiménez pueden representar a toda la provincia de Guanacaste al interponer la denuncia, el primero en su posición de ciudadano y el segundo como alcalde. Sin embargo, de nuevo Villalobos desestimó sus argumentos asegurando que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de presentar una demanda de esta naturaleza.
Otro de los puntos más discutidos fue la necesidad, según los demandados, de incluir en el proceso a todos los demás cantones de Guanacaste y de Puntarenas, puesto que eventualmente se verían afectados por una resolución. Villalobos alegó que todas estas comunidades están invitadas a unirse como coadyuvantes de las partes pero que no hay necesidad de involucrarlas de otra manera.
“Lo que demuestran estas audiencias es que tienen miedo de entrar al fondo del asunto, todo esto es para dilatar. Ponen cosas que ya fueron repetidas en otra oportunidad, lo que quieren es que se atrase el proceso”, aseguró Arredendo al finalizar la audiencia.
De dónde viene la discusión y hacia dónde va
La disputa por los distritos peninsulares es una reivindicación histórica de la provincia guanacasteca. Desde hace varios años comenzó a tomar forma un movimiento que le reclama al Poder Ejecutivo la “devolución” de estos territorios.
Con esta reincorporación, la ganancia más palpable para la provincia de Guanacaste sería la obtención de un diputado más, garantizado por el 7% más de población que se sumaría.
Por su parte, los distritos obtendrían la posibilidad de conformar su propio cantón y administrar sus recursos, inquietud que han intentado solventar sin resultado a través de varios proyectos de ley.
Luego de la audiencia de hoy, el juez Ramírez resolverá y notificará a las dos partes sus conclusiones sobre esta primera parte de la discusión. Sin embargo, hay lugar para recursos de apelación por lo que la programación de una próxima audiencia depende de cuánto duren estas apelaciones -si es que las hay- en resolverse.
En esta nueva audiencia, se esperaría finalmente poder discutir puntualmente la posibilidad de impugnar el decreto, que fue publicado originalmente en un momento en que -por la falta de vías de comunicación- los distritos tenían más contacto con Puntarenas.
El proceso inició desde el 2012 y fue rechazado inicialmente por la Sala I con la argumentación de que un decreto sólo puede impugnarse 5 años después de emitido, mientras que para este ya han pasado más de 100.
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