Una alianza entre las municipalidades de Tilarán y San Carlos, cámaras empresariales y organizaciones turísticas impulsa la creación del “Área Silvestre Protegida Paisaje Natural Espejo de Agua Embalse Arenal”, una categoría de manejo ambiental que actualmente no existe en Costa Rica.
La propuesta incluida en el expediente 22.981 busca legalizar, a través de concesiones, actividades turísticas comerciales que hoy operan en las orillas del lago Arenal de forma irregular. La Ley Nº 4334 creó el embalse como una reserva nacional de energía administrada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Sin embargo, con el tiempo y sin regulación, en el lago aparecieron atracaderos improvisados, actividades de pesca y operadores de tours que encontraron en este lago artificial un atractivo turístico valioso.
Por eso, los impulsores buscan combinar la vocación de generación eléctrica del lago, el incremento de actividades turísticas y la protección ambiental de la zona, algo que aseguran es viable.
Las funciones de generación eléctrica y abastecimiento de agua no se debilitan, sino que se ordenan y se protegen con esta iniciativa”, aseguró Tadeo Francisco Morales, representante de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur), una de las principales promotoras.
Según Morales, las actividades turísticas ya se desarrollan dentro y en las inmediaciones del lago de forma irregular, lo que mantiene en la incertidumbre a unas 100 pequeñas empresas.
En Costa Rica existen tres categorías de manejo ambiental: Parque Nacional, Reserva Biológica y Refugio de Vida Silvestre. En las dos primeras, las concesiones turísticas están prohibidas; en la tercera, es posible solo en los refugios de protección privada o mixta, pero no en los que están bajo resguardo del Estado.
A diferencia de los esquemas de protección existentes, la categoría de «Paisaje Natural» está diseñada para permitir actividades comerciales.
“Lo que se busca es que puedan generarse muchas cosas, como actividades deportivas, actividades acuáticas, actividades de pesca, actividades aguas abiertas, promover embarcaderos”, explicó la alcaldesa de Tilarán, Katherine Alfaro López.
¿Cómo proponen regularla?
El expediente 22.981 plantea una división operativa entre el espejo de agua, es decir, el interior del embalse, y su zona de amortiguamiento.
El espejo de agua comprende toda el área que alcanza el lago cuando el embalse llega a su nivel máximo, de 548,58 metros sobre el nivel del mar. De esta delimitación, se excluye lo que ya forma parte del Parque Nacional Volcán Arenal y las zonas de restricción para la operación del ICE.
La zona de amortiguamiento es la franja de 50 metros alrededor del lago, calculados desde el nivel máximo del embalse. Ahí se permitiría construir infraestructura para actividades turísticas y de pesca.
La cota máxima se define con base en la altura sobre el nivel del mar que alcanza el agua cuando el embalse está completamente lleno. Ilustración: Roberto Cruz.
Para eso, las partes proponentes plantean “desafectar” esta franja de las restricciones de la Ley Forestal actualmente vigentes, excluyendo las áreas ambientalmente frágiles, pero el plan no tiene especificado bajo qué criterios se determinará esa fragilidad.
Este es uno de los puntos que genera mayor tensión con los opositores y una de las razones por las cuales la fracción del Frente Amplio 2022-2026 votó en contra del expediente en la Comisión de Turismo, sostuvo Priscilla Vindas Salazar, exdiputada de ese partido.
Nos parece una contradicción, inclusive que es un poco hipócrita, ¿para qué vamos a crear una nueva zona de protección si realmente lo más importante, que son esos 50 metros, los estamos desafectando?», dijo Vindas en entrevista con La Voz.
Los instrumentos legales contemplados en el expediente son un Plan General de Manejo elaborado por el Sinac, para regular la capacidad de carga y actividades permitidas dentro del espejo de agua; y un Plan de Desarrollo Ambiental y Social (PDAS), del que se encargaría el ICE, para regular la densidad y usos de suelo en la zona de amortiguamiento.
Los planes de manejo y reglamento serían los documentos clave para determinar el nivel de protección ambiental que tendría el lago, desde las actividades estrictamente prohibidas hasta la capacidad máxima de infraestructura.
Francisco Morales confía en que las instituciones encargadas de realizarlos procurarán el máximo cuidado de los ecosistemas. Priscila Vindas es más escéptica: “Se tiene que dejar todo a la buena voluntad. Yo creo que debería haber (en la ley) al menos alguna salvaguardia para garantizar que el reglamento contemple, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental o socioambiental”.
Para que las empresas puedan operar, será necesario que cuenten con “títulos habilitantes”, de acuerdo con el documento de la propuesta de ley.
Por ejemplo, las municipalidades deberían dar los permisos comerciales para los negocios en la franja terrestre de 50 metros y el Sinac debería autorizar las operaciones directamente en el Espejo de Agua.
Las empresas turísticas estarían obligadas a obtener la Declaratoria Turística del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Por su parte, la acuicultura y la pesca requerirán atenerse a estudios de capacidad de carga y a la Ley de Pesca.
En todos los supuestos anteriores, el ICE tendría poder de veto, independientemente de las decisiones de otras autoridades. Para las concesiones, solo el ICE podría tomar decisiones en el uso de tierras en la zona de amortiguamiento y terrenos aledaños.
La propuesta de ley también le concede la facultad para recuperarlas en casos de fuerza mayor, aunque establece que deberá pagar al concesionario por las “mejoras” realizadas.
La urgencia de la Ley
En entrevistas a medios de comunicación y posicionamientos públicos, tanto las cámaras empresariales como la alcaldesa de Tilarán, Katherine Alfaro López, han pedido con urgencia la aprobación de la ley, ingresada desde 2022 con la firma del Poder Ejecutivo y actualizada en febrero pasado. Aseguran que el principal objetivo es dar certeza jurídica y justicia territorial a las personas que viven en las tierras periféricas al lago.
Tadeo Francisco Morales, de la Canatur, afirmó que no todos los terrenos alrededor del lago Arenal fueron expropiados de forma adecuada cuando se hizo el llenado en los setenta, por lo que el agua “invadió” propiedades privadas.
Esas personas, dijo, son quienes ahora tienen infraestructura alrededor del lago, como negocios de kayaks, embarcaderos de lancha o sodas, sobre la franja restringida de los 50 metros.
“Son alrededor de 700 familias que tienen hoy una afectación, enfrentan procesos importantes en materia legal, en donde se les han abierto diferentes procedimientos en donde se les solicita que no pueden construir, que no pueden aprovechar sus tierras, que no pueden realizar ninguna actividad», agregó la alcaldesa Katherine Alfaro.
La exdiputada Priscilla Vindas dijo que también ve necesario regular las actividades turísticas que hoy se hacen a pequeña escala, pero es escéptica de que esa sea la motivación principal del proyecto.
Son los sectores inmobiliarios y turísticos los interesados en flexibilizar la legislación para construir a su antojo, en detrimento de la protección ambiental y de las futuras generaciones que viven en esas zonas”, afirmó.
La Voz preguntó tanto al representante de Canatur como a la alcaldesa de Tilarán sobre si existen estudios de capacidad de carga turística o de posibles impactos ambientales. Ambas partes respondieron que eso estará plasmado en los planes de manejo y reglamento que se diseñan tras la aprobación de una ley.
Tampoco tienen una estimación sobre cuántas empresas más podrían llegar. Francisco Morales indicó que él no cree que lleguen más de las que ya trabajan ahí. Katherine Alfaro, por su lado, mencionó que hay una amplia expectativa.
“No existe una cifra oficial exacta sobre cuántas familias y desarrollos adicionales llegarían. Sin embargo, debemos entender que bajo la expectativa generada, se apunta a un crecimiento importante en inversión turística, comercial y de servicios alrededor del lago y su zona de influencia”, concluyó.
El expediente ahora está en discusión en el Plenario, luego de pasar por la Comisión de Turismo.
Nuestro periodismo existe por y para personas como vos.
Sumate a Semillas, el programa de membresías con el que vos podés hacer posible el periodismo local e independiente en Guanacaste: investigaciones rigurosas y reveladoras, coberturas desde los territorios y escucha activa de las comunidades.
Además, las personas miembras acceden a beneficios que construyen comunidad.
Comentarios