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Tribunal condena a dos notarios por fraudes relacionados con propiedades en Guanacaste

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El Tribunal Penal de San José condenó a 15 años de cárcel a dos notarios públicos por delitos relacionados con fraudes de propiedades en Guanacaste.

Los abogados, de apellidos Herrera Fonseca y Vargas Barrantes, fueron declarados culpables por usar documentos públicos falsificados para traspasar estas propiedades a personas distintas a sus dueños y sin el conocimiento de estos.

La sentencia, facilitada a La Voz de Guanacaste por la oficina de prensa del Poder Judicial, fue dictada en julio y aún no está en firme, pues se encuentra en proceso de apelaciones.

A los notarios sentenciados se le suman otros dos sujetos (calificados en la sentencia como empresarios) de apellidos Soto Torres y Rosales Briceño -este último nicoyano- que, según el Tribunal, participaron en el traspaso de los bienes. A ellos, el Tribunal les dio seis años de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

En el fallo se incluyen cuatro propiedades de Guanacaste y una de Puntarenas. Dentro de Guanacaste, las fincas están en Bagaces Centro, Nicoya Centro, Nosara y Sardinal de Carrillo.

Esta situación no es nueva en Guanacaste. Las víctimas comúnmente poseen fincas, adquiridas desde hace mucho tiempo (30 o 40 años) y no han hecho ningún movimiento legal desde entonces, como actualizar el valor fiscal de la propiedad.

Desde el 2011, este medio advirtió de la existencia de una banda que robaba propiedades en el proyecto Americano de Nosara para revenderlas rápidamente. “Yo llevo casos de 61 propiedades que están en una situación similar”, dijo el abogado de dos de las víctimas, Javier Chaverri.  

Las víctimas

El fraude registral es un delito que consiste en hacerse pasar por una persona para quitarle la propiedad que está a su nombre.

Entre las víctimas se encuentra un israelí de apellido Zloof a quien, según la sentencia, le arrebataron la presidencia de su sociedad anónima para separarlo de su finca, valorada en ₡53.868.000 y ubicada en Bagaces.

También figura un estadounidense de apellido Smith cuya finca está ubicada en Nicoya y tiene un valor fiscal consignado en el registro público de ₡100.000. Su propiedad pasó a nombre de un extranjero cuyo nombre no figura en ningún registro del mundo, luego se traspasó a Soto Torres (otro de los imputados) y por último fue vendida a una persona inocente.

El tercer caso es el de unos hermanos canadienses de apellido Lowe, herederos de tres fincas en Nosara que aparecen con valores entre los ₡100.000 y los ₡50.000 con un procedimiento semejante al anterior.  A pesar de los bajos montos que aparecen en el registro público, el Tribunal determinó que todos estos lotes eran de “alta plusvalía”.

Los sentenciados también perjudicaron a una familia de costarricenses de apellido Caravaca cuyo hermano supuestamente participó en el traspaso ilegal de la finca, que se encuentra en Sardinal de Carrillo y tiene un valor fiscal de ₡231.931.824.

El descargo

Ante el Tribunal, Herrera, uno de los abogados sentenciados, se declaró inocente. Dijo que desconoce a las personas que comparecieron en las escrituras y documentos falsos, y que él nunca participó en el engaño.

Aceptó que fue parte del caso de Smith, en el que utilizaron el nombre de una persona inexistente para traspasar la propiedad, pero por un error y que no hubo dolo en el proceso (intención de perjudicar).

“Si esa persona no existe y se suplanta la identidad, es un error y es causa de justificación, creo. Me llevaron a error”, dijo.

Además alegó que no tuvo acceso a las pruebas para demostrar su inocencia, pues la fiscalía decomisó su computadora con todos los documentos, por lo que no tuvo manera de defenderse de la manera adecuada.

A favor del notario Vargas declaró su expareja, quien aseguró que el hombre es alcohólico y que necesita ayuda sicológica. También Rosales Briceño compareció para declararse inocente.

¿Qué hacer para evitar ser víctima? Si usted es dueño de una propiedad, adquirir el servicio del Monitoreo de Propiedades del Registro Nacional le ayudará a estar al día con cualquier cambio que surja en su propiedad. Cuesta $15 por cada propiedad, por año. Así lo recomendó el abogado Bernal Jiménez, de Andersen & Asociados.

Si usted es más bien un comprador de propiedades, es necesario asegurarse de que su abogado haga todo el trámite registral antes de adquirir una propiedad. “El examen superficial de información lleva a errores que son fácilmente evitables”, dijo el abogado de dos de las víctimas, Javier Chaverri.

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