Violencia política contra las mujeres sigue impune en seis munis de Guanacaste

Hace cuatro años, apenas asumieron funciones los gobiernos locales del periodo 2020-2024, la vicealcaldesa de Carrillo, Isabel Francina Uribe, se apresuró a organizar un encuentro con sus colegas electas en Guanacaste. Se reunieron el 24 de junio del 2020 en la Municipalidad de Carrillo y desde entonces, conformaron un grupo en WhatsApp llamado “Guanacaste en tacones”. 

“Compañeras, ustedes van sobre una ruta en la que al final del camino van a tener un respaldo jurídico. A mí me tocó cero, yo no tuve ningún respaldo jurídico [cuando empecé]”, recuerda Uribe que les dijo. “Sepan que si en algún momento empiezan a haber acciones y situaciones así, no están solas”.

Uribe se refería a la aprobación de la ley 10.235, “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contras las mujeres en la política”, que llegó dos años después, en mayo del 2022. La legislación busca combatir las acciones o discursos contra mujeres en la función pública que atentan contra el reconocimiento y ejercicio de sus derechos políticos.

Aquella esperanza e ilusión de ella y sus colegas recién electas fue un alegrón pasajero: dos años tras la publicación de la ley, seis de las 11 munis de la provincia siguen sin reglamentarla, un paso necesario para que las instituciones establezcan cómo sancionar las expresiones violentas contra las mujeres. 

Por ello, las mujeres en los gobiernos locales -tanto las electas popularmente como cualquier otra funcionaria- continúan sin un camino claro para denunciar y pedir sanciones. La historia es distinta en Hojancha, Tilarán, Cañas, Bagaces y Liberia, que ya lo oficializaron.

La falta de presupuesto asignado para la publicación del reglamento en La Gaceta o de voluntad política de las munis y concejos de La Cruz, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Nandayure y Abangares coincidieron para que aún hoy la ley sea un papel sin consecuencias claras para quienes la incumplan. 

El alcalde cruceño, Alonso Alán, había justificado en un oficio la falta de publicación del reglamento -ya aprobado por el concejo- aludiendo que es un trámite caro, pero prometió que lo harían en el primer trimestre del año. 

“Los costos de publicar en La Gaceta son sumamente altos cuando se trata de documentos extensos como el reglamento en mención, el cual ronda los 1.25 millones para las 2 publicaciones de ley”, escribió. “Eso obliga a priorizar los documentos a publicar según el costo de los mismos y el efectivo disponible en el momento”.

En Nicoya, la regidora María Auxiliadora Pérez asegura que “no es un tema presupuestario, sino un tema burocrático”. Pérez es parte de la comisión de jurídicos donde la creación del reglamento está estancado por saturación de asuntos pendientes, dice. 

Súper triste, pero con toda franqueza yo creo que le quedará al próximo concejo (que asume en mayo)”, agrega Pérez, que en carne propia vivió violencia política hace dos años por parte de un compañero suyo regidor que le dijo en una sesión pública: “Le estaba escribiendo un mensaje pero mejor lo borré, porque como es mujer”.

En Liberia, la vicealcaldesa Arianna Badilla fue quien empujó para que el concejo aprobara el reglamento. 

“Esta ley no se puede ejecutar por sí misma, sino que tiene que haber un reglamento interno que sea la base de la ley”, dice a La Voz en su oficina en la Municipalidad de Liberia, a donde el alcalde Luis Gerardo Castañeda la reubicó cuando empezaron a tener roces un año tras haber asumido junos la administración municipal. 

“Es el propio concejo municipal el responsable de llevar a cabo el procedimiento disciplinario”, explica el jefe de despacho de la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Andrei Cambronero. “Y si solo si ese concejo considera que la falta amerita es la remoción del cargo de la persona victimaria, entonces se traslada el asunto al Tribunal Supremo de Elecciones”, añade. 

Adentro y fuera de los pasillos

Isabel Uribe, la vice de Carrillo que impulsó aquella reunión y el chat de “Guanacaste en tacones”, ha sido la vicealcaldesa de la provincia que más ha alzado la voz para denunciar violencia política. 

“Es una situación monstruosa”, describe Uribe, que ocho meses antes de esa reunión estuvo incapacitada un mes por depresión asociada a su trabajo. Aunque tenía funciones asignadas por el alcalde, Carlos Cantillo, siente que su trabajo fue boicoteado a propósito para deslucir políticamente su figura.  

Mi salario fue en muchas ocasiones el presupuesto para sacar adelante los proyectos”, dice ella indignada. 

Asegura que no era invitada a las actividades de la alcaldía, no le notificaban los periodos de ausencia del alcalde, cuando era ella quien debía asumir las responsabilidades y competencias, según lo establece el Código Municipal. 

En una ocasión, incluso, suprimieron su rostro de una foto grupal publicada en las redes sociales de la municipalidad. 

Y como era previsible, al gobierno local le llovieron comentarios. 

“Y el resto de la foto? O a caso no se percataron de que había otros municipios que tomaron la misma foto y la publicaron completa? [sic]”, reclamó un ciudadano en comentarios. “Por que cortaron a la Vicealcaldesa? Seguimos en la edad de piedra, minimizando el trabajo de las mujeres [sic]”, dijo otra.

En entrevista con La Voz, el alcalde carrillense, Carlos Cantillo, dice que esa fue la foto que le compartió una funcionaria de la Municipalidad de Liberia que tomó la fotografía. Y que entonces le pidió a la encargada de redes sociales de la Muni de Carrillo que la publicara. 

Sin embargo, la fotografía publicada por la Muni de Liberia sobre esa actividad sí incluye a Uribe. 

Cantillo también se sacude de los señalamientos de Uribe diciendo que él ha sentido “que ella ha querido ser la figura de la institución, cuando el alcalde soy yo”. También alega que siempre que pudo “corrió” para conseguir los presupuestos necesarios para los proyectos que ella impulsaba, y que si otro funcionario actuó como jerarca en su ausencia, fue porque tenía “desconocimiento”, asegura él, de los trámites municipales. 

Temor a la competencia

Antes de la publicación de la legislación, ni siquiera el TSE reconocía la violencia política en los amparos electorales que desde el 2011 las funcionarias de elección popular interponían cuando sentían violentados sus derechos políticos.

“[Los amparos son interpuestos] particularmente de vicealcaldías. que mayoritariamente eran y son ocupadas por mujeres, en los que alegaban que, en razón del género, la persona que ejercía la alcaldía tenía manifestaciones de violencia política como no otorgarles funciones o minusvalorar su trabajo”, explica el funcionario del TSE, Andrei Cambronero. 

Sin embargo, a través del tiempo, el TSE no pronunció ninguna sentencia en la cual se reconociera la situación de violencia política como tal”.

La vice de Liberia, Arianna Badilla, es la única vicealcaldesa de este periodo en la provincia que ha presentado recursos de amparo electoral por violencia política. Presentó uno antes de la aprobación de la ley, y otro después de entrada en vigencia la legislación. En ambos ha reclamado que el alcalde le suprimió funciones que había asignado previamente. 

El TSE le ha dado la razón. “El alcalde recurrido [Luis Gerardo Castañeda] disminuyó las funciones de la señora Badilla Vargas sin motivar esa decisión”, concluyeron los y las magistradas. “Se acredita en el expediente que las tareas que conservó la amparada son insuficientes para ejercer adecuadamente la vicealcaldía primera”. 

Tanto Badilla como Uribe, creen que una de las principales molestias de los alcaldes fue percibir que ellas también tenían proyectos políticos ambiciosos. Ambas, de hecho, querían aspirar a convertirse en alcaldesas. 

A Uribe, sin embargo, no se le dio pues su candidatura iba a ser con el Partido Aquí Costa Rica Manda, que el TSE frenó por incumplimiento con el requisito de paridad de género en las candidaturas municipales. 

Para el jefe de despacho de la presidencia del TSE, Andrei Cambronero, es necesario que se socialicen aún más los caminos que deben seguirse para “para ir aclarando cuándo se debe acudir a una instancia o a la otra”. 

La multiplicidad de puertas que generó la ley para que las mujeres puedan ver tutelados sus derechos fueron muchas y es necesario irse apropiando de esta ley para que el haber varias formas de protección o tutela, no se convierte en una dificultad más bien de acceso, porque no sé a dónde acudir”, agrega. 

Las vices de Liberia y Carrillo también consideran que debería valorarse incluso una reforma al Código Electoral, para que las funciones de las vicealcaldías no dependan de la decisión de quien ostenta el cargo de alcalde o alcaldesa. 

Las dos, también, cuestionan la correcta aplicación de la ley, pues en las municipalidades, son los concejos municipales los que deben aplicar sanciones. ¿Y qué pasa si están completamente alineados con el alcalde en ejercicio?, se pregunta Uribe.