Cada vez que sale de su casa lleva en su mano el celular y, en él, una grabadora lista para registrar cualquier momento en el que se sienta en peligro. Kerem Fonseca camina por las calles de Santa Cruz, en Guanacaste, con miedo de toparse a su expareja.
Ella fue la protagonista de incontables episodios de abuso sexual, violencia física, psicológica y patrimonial.
Su expareja no la dejaba contactar a su familia, le decía cómo vestir, la insultaba a gritos, la celaba, le manejaba su dinero, abusaba de ella y la golpeaba hasta dejar marcas en su cuerpo.
Cuando llegaba a casa tomado, algo que ocurría todas las semanas, todo empeoraba, cuenta Kerem. También le arrebató su pasión por la barbería, la obligó a dejar su oficio y quedarse en casa.
Hoy, a sus 29 años, Kerem al fin es libre y vive con sus dos hijos en su propia casa, una vivienda que logró obtener tras años de lucha por un bono del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Además, volvió a ofrecer servicios como barbera. Cuando va a cortar pelo a domicilio, se sube a la bicicleta con la niña atrás y el niño delante. No se separa de ellos, por miedo de que se los arrebaten.
Hace años, su agresor le arrebató una de sus pasiones: la barbería, pero ahora que es libre, la retomó. Cada vez que hace un domicilio, lleva a su hijo delante de su bicicleta y a su hija detrás. Ellos son la razón de su lucha contra la violencia de género. Crédito: César ArroyoFoto: César Arroyo
Cuatro años han pasado desde aquel amargo episodio, pero sus manos todavía tiemblan mientras recuerda lo que vivió. Las secuelas de cada golpe físico y emocional siguen ahí.
Ella denunció a su agresor porque “no quería ser una más”, dice con voz temblorosa al referirse a las mujeres que mueren a manos de sus femicidas.
En 2019, Guanacaste ocupó el segundo lugar del país en denuncias por violencia doméstica, según un análisis por cada 10.000 mujeres en cada región del país, realizado por La Voz de Guanacaste. También ha ocupado el tercer lugar de denuncias en el marco de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, en los últimos cuatro años.
La legislación nacional debe avances en la protección de las víctimas de violencia de género, para que las mujeres estén protegidas al denunciar.
Yo no quiero ser valiente, quiero que más mujeres nos sintamos libres”, dice Kerem.
Ella ya formaba parte de un programa del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) desde antes de denunciar y fue ahí que se dio cuenta que vivía en violencia, pero tardó en salir de esa situación por temor.
Además de los vacíos en la protección al denuncia, también faltan pasos para mejorar el abordaje de casos de femicidio, ese final del que Kerem no quiso ser parte, pero que muchas mujeres no han tenido la posibilidad de evadir.
Decir adiós a un agresor
Ella es Kerem, desconoce de dónde proviene su piel morena y su pelo rizado, pero evita escarbar su pasado. Su mirada está enfocada en el hoy, en cada día sentirse más libre y más segura al lado de sus hijos. Crédito: César ArroyoFoto: César Arroyo
Un día como cualquier otro, la expareja de Kerem llegó tomado, pero esta vez no la golpeó solamente a ella, sino también a su hija. En ese momento ella supo que debía poner punto final a este círculo de violencia.
Pocos días antes de su cumpleaños, le pidió permiso a su agresor para dirigirse a San José a celebrarlo en la capital. Sorpresivamente él le dijo que sí.
Ella agarró sus cosas, las de sus dos hijos (en ese momento la niña tenía cinco años y el bebé apenas año y medio) y las metió en dos bolsas de basura. Tomó un bus hacia San José, de donde es oriunda, y se dispuso a decir adiós a su agresor.
No tenía donde ir, tampoco trabajo, pero sabía que luchar por sus hijos y por su vida, era necesario.
Su faena no terminó ahí. Un amigo de la escuela la recibió en su casa, pero le cobró su estadía y la de sus hijos: abusó de ella. Logró huir del lugar y en una acera, llena de lágrimas y tomada de la mano de sus hijos, sabía que esa noche los tres no tenían dónde dormir.
En un poste vio un rótulo de “se alquila”. Sin pensarlo, llamó. La atendió una señora y luego de escuchar la historia de Kerem, la recibió; ella también había acudido a charlas del Inamu por violencia doméstica. Ese día su vida tuvo un nuevo comienzo.
Tiempo después, y embargada por un inmenso temor, Kerem denunció a su agresor.
El día que tomó la decisión de hacerlo, acudió a los tribunales y no pudo siquiera entrar al edificio. Temía que él quisiera quitarle a sus hijos; ya la había amenazado con hacerlo.
Esto le pasó tres veces, hasta que finalmente logró dar su declaración y firmó la denuncia.
Muchas mujeres sienten el mismo temor al denunciar, por miedo de su agresor, pero también por los tediosos procesos que implica la ley.
“Esto lo que hace es desincentivar a las víctimas de continuar con los procesos porque son sumamente revictimizantes”, afirma la jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, Jeannette Arias.
“El hecho de tener que contarlo ante personas extrañas ya es un factor de sufrimiento adicional muy importante, pero entonces lo que nos toca es reducir al máximo, reduciendo la cantidad de declaraciones, reduciendo los tiempos. Ese es otro gran reto que tenemos: la larga duración de los procesos”, añade Arias.
Como respuesta a esto, el Poder Judicial creó la Plataforma Integral de Servicio a Víctimas, conocida como PISA, por sus siglas, que ofrece a las mujeres todas las instancias en un mismo edificio, pide una o dos declaraciones como máximo y les ofrece psicólogos y trabajadores sociales.
Sin embargo, el modelo solo está en cuatro lugares del país: Pavas en San José, San Joaquín de Flores en Heredia, La Unión de Tres Ríos en Cartago y Siquirres en Limón. Estas son zonas con alta afluencia de delitos, Guanacaste aún no forma parte de la lista, pero podría estar bajo análisis.
En un año caracterizado por el lema de “quédate en casa”, la pandemia dificulta la capacidad de denuncia. Para hacerlo y pedir una medida de protección (más conocida como alejamiento) es necesario ir personalmente.
“Para algunas mujeres esto ha sido horrible, porque como [en casa] está presente la persona que las agrede, es mucho más difícil salir a poner una denuncia al Poder Judicial, acudir a una oficina del Inamu a buscar ayuda y también es hasta más difícil llamar al 911”, explica la investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (Ciem), de la Universidad de Costa Rica (UCR), Silvia Mesa.
En otros países se han ideado estrategias para enviar mensajes claves a las autoridades. Para Mesa, “en Costa Rica ha habido muy pocas estrategias”.
Otro vacío al denunciar es la lucha contra los roles de la sociedad. Cuando una mujer como Kerem admite a un allegado que quiere denunciar, muchas veces les dicen que es mejor callar y no meterse en más problemas. La violencia está normalizada.
A nivel país, Guanacaste destaca en cantidad de denuncias por violencia a la mujer y pedidos de auxilio al 911. Según Arias, un acercamiento a la razón detrás de este comportamiento sería la cultura machista y los roles socioculturales que han calado fuerte en la población, al mismo tiempo que incomoda ver cómo la mujer que quiere abandonar esas conductas aprendidas.
Esos mismos roles están presentes en parte del personal que atiende a las víctimas al momento de poner una denuncia.
Al ir a las oficinas de las zonas rurales, el personal suele ser de esas mismas regiones, entonces su accionar también obedece a sus propios patrones culturales de cada zona”, destaca Arias, del Poder Judicial.
Camino pendiente
Los episodios de violencia de Kerem ocurrieron hace años, pero su agresor sigue libre. El único escudo que ella tiene son las medidas de protección, algo que su agresor ha respetado, pero que en otros casos no siempre ocurre así.
El día en que se notifica al agresor la medida de protección, suele desatar un acto de violencia, afirma Arias.
En una medida de protección en Costa Rica, según la Ley contra la Violencia Doméstica, las autoridades ordenan al presunto agresor que salga del domicilio común y limitarlo a un área distante al de la presunta persona agredida.
“El país tiene una Ley contra la Violencia Doméstica que no es específica para la mujer, y no alcanza para cumplir con las obligaciones país con la Convención Belém do Pará, y tenemos la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres que tiene un ámbito de aplicación muy restringido”, argumenta Mesa, del Ciem.
Conocida como Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, a la que Costa Rica se adhirió en 1994, busca atender cualquier violencia basada en el género de la mujer.
En Costa Rica, las penas por violencia contra la mujer solo se aplican cuando estos delitos ocurren en un matrimonio o una unión de hecho, dejando por fuera a muchas mujeres que son violentadas por su exesposo, un vecino o un familiar lejano, por ejemplo.
Lo mismo ocurre con los femicidios. La misma ley de violencia contra la mujer establece que “se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”.
“Se ha identificado que el marco actual, por lo menos en la parte sancionatoria, no cubre con justicia todo lo que es un femicidio”, afirma la diputada Paola Vega, quien presentó un proyecto de ley en el Congreso para ampliar ese criterio a cualquier mujer que sea violentada o asesinada por su género. En agosto de este 2020, el texto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.
Aun los casos de violencia que sí ampara la ley, como el de Kerem, son largos e inclusive quedan desestimados. Otra piedra en el camino.
En los delitos sexuales y también en los asociados a la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, hay altos porcentajes de desestimaciones, sobreseimiento y absolutorias, explica Arias, de la secretaría de género.
A fin de cuentas se ponen las denuncias, pero cuando vamos a hacer un seguimiento hasta el final, la mayoría no prosperan”, añade.
Para Arias este es un llamado de atención sobre la necesidad de analizar por qué los procesos no prosperan, “como institución tenemos muchísimo que abordar y bueno, todo el Estado en su conjunto”, añade.
Por un lado, está la falta de capacitación del personal y por otro, la alta rotación de trabajadores y los filtros de elección de puestos clave, una realidad que afecta al Poder Judicial en su generalidad. Así lo exalta el Estado de la Justicia, del Programa de Estado de la Nación, de abril, 2020.
Los juzgados de violencia doméstica reciben miles de denuncias al mes y eso en la práctica demuestra que no hay la cantidad suficiente de personal para atender esta pandemia, esta violencia contra la mujer, explica Oscar Morera, el padre de la joven Eva Morera, quien murió a manos de su femicida en noviembre del 2019.
Un vacío más está en la atención de casos de desaparición.
“Con los casos de femicidio de este año, especialmente el de Luany, y en la audiencia que tuvimos con el OIJ (Organismo de Investigación Judicial) en la Comisión de la Mujer, confirmamos que el OIJ en este momento está siendo negligente con los protocolos que tiene que seguir con las desapariciones de mujeres”, explicó la diputada Vega.
Según Vega, el abordaje en las primeras horas de desaparición es clave, pero por ahora la respuesta que dan a las familias «es lamentable».
Hay mandatos de no repetir estereotipos al abordar a la familia, pero esto se irrumpe, según Vega. “Por ejemplo, está el caso de Luany (joven que murió a manos de un femicida en Cartago), cuando los familiares llegaron a denunciarlo, les dijeron: ‘no se preocupe, seguro ella anda de fiesta’”, añade.
Morera, por su parte, afirma que se debe mejorar la respuesta de las autoridades para identificar casos de violencia y abordarlos de manera proactiva. Antes de que pase lo peor.
En el caso de Luany, la Asamblea Legislativa pidió al jefe del Poder Judicial, Walter Espinoza, que acudiera al Congreso a justificar la inacción de la institución. Su respuesta “hizo alusiones o suposiciones acerca de la vida privada de las muchachas, lo que no justifica de ninguna forma que las hayan matado”, dice Morera.
Levantarse después de ser libre
Cuando Kerem Fonseca conoció a su agresor, estaba embarazada. Él era amable y decidió hacerse cargo de la niña. La violencia empezó cuando ella dio a luz, y persistió aún después de tener un hijo juntos. Crédito: César ArroyoFoto: César Arroyo
Kerem pudo dejar a su agresor, y no acabar en la lista de femicidios, pero pide protección a todas las mujeres que dan este paso y que viven en violencia.
Al menos en mi caso pude hacerlo, aún con miedo, pero tomé valor por mis hijos. Aun así, es difícil caminar con miedo después de interponer la denuncia”, resalta.
“Al momento de que cada mujer haga su denuncia, deberían darle más protección a ella y sus hijos. Que se le dé seguimiento a su caso y mayor apoyo tanto psicológico como económico”, afirma Kerem.
Ella también tiene dos hijos mayores de su anterior pareja. Los ve por videollamada y espera algún día tener las posibilidades económicas y legales para traerlos de vuelta. Por razones que desconoce, hoy le impiden hacerlo. Esa es otra de sus luchas.
Hoy ella lamenta cómo muchas mujeres “inclusive denuncian, firman, pero por miedo o su situación económica vuelven con el agresor”.
Kerem rodó de un lugar a otro en busca de un techo durante años a la espera de su casa, y hoy la tiene, aún vive con miedo, pero es libre.
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