La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Nicoya cerró el caso que seguía contra el ex alcalde de Nandayure Carlos Arias Chaves, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito por el auditor de la municipalidad, Gilberto Hernández.
La Voz de Guanacaste publicó, en su edición de junio, que este cobraba pensión, salario y prohibiciones, violentando el artículo 20 del Código Municipal que establece que si el alcalde es pensionado y no renuncia a su pensión, puede recibir únicamente el 50% del total del salario por concepto de gastos de representación.
El artículo fue publicado sin declaraciones del alcalde, quien tenía pruebas de que actuaba a derecho.
El ex funcionario había consultado con la Procuraduría General de la República (PGR) si podía recibir el plus de prohibición, que es el 65% sobre el salario base, a lo que la PGR respondió afirmativamente porque Arias trabajaba como Administrador Educativo.
Con respecto a la pensión, el entonces alcalde renunció a ella en el 2011 pero al conocer que quien fungía en ese momento como vicealcaldesa de Santa Cruz, María Rosa López, sí percibía ambos ingresos, solicitó a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional que le restituyera su pensión.
El Magisterio denegó su solicitud, por lo que Arias presentó un recurso de amparo en la Sala Constitucional, entidad que falló a su favor en el 2014, logrando que la Junta de Pensiones le restableciera el beneficio.
La Fiscalía terminó por desestimar el caso el pasado 3 de junio, indicando que el imputado actuaba según el fallo de la Sala Constitucional.
“Las acciones llevadas a cabo por el imputado no han sido deliberadas en acrecentar su patrimonio, sino que se encontraba debidamente autorizado para percibir ambos salarios”, indica el fallo de la fiscala auxiliar, Andrea Morales.
Arias fungió como jerarca en el periodo 2010-2016 y percibía un salario aproximado de ¢1.980.000 más el plus de prohibición, que es el 65% sobre el salario base (¢1.300.000 aproximadamente). Además, recibía por concepto de pensión, aproximadamente ¢1.400.000, por lo que sumaba un salario de ¢4.680.000.
Arias comprobó, mediante documentos de los cuales este medio tiene copia, que siempre actuó apegado a la legalidad.
“Quiero dejar claro que siempre he actuado apegado al derecho y a la legitimidad y que en en este caso yo renuncié a mi pensión porque quería ganar el salario completo como alcalde”, explicó.
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