Costa Rica, un albergue con goteras para el periodismo centroamericano

Gerson Ortiz cuenta por primera vez su exilio, de manera pública, repasando la cadena de acontecimientos que lo llevaron de Guatemala a Costa Rica para huir de la persecución. Para este reportaje repasa lo que va del 2023 y contempla el vértigo y la confusión de todo lo que ha ocurrido. Con 39 años, ha sido editor y jefe de redacción del diario El Periódico, dirigido por José Rubén Zamora, hasta noviembre del año pasado. El acoso del gobierno y las élites aliadas de Alejandro Giammattei resultó en la detención y prisión del director y la cancelación del diario. 

Junto con otros siete periodistas, Gerson informó sobre el proceso judicial a Zamora. Ese fue el delito, puesto que fueron acusados todos por obstruir a la justicia al hacer su trabajo, según la acusación, de manera “maliciosa”. Se trata de uno de los últimos casos que han activado todas las alarmas en el periodismo independiente de la región. Y Costa Rica se ha convertido en el refugio para quienes se han jugado la seguridad y la vida por ejercer su oficio, a pesar de las circunstancias.

Está uno mirando todas esas cosas que están pasando en un espacio distinto y tu mente lo sabe. Es como estar viendo la lluvia desde una ventana; eres consciente de que llueve, pero no te estás mojando”, reflexiona.

Es desconcertante en el plano profesional y en el personal, en lo emocional, repasa al recordar la experiencia que comenzó un viernes al llegar a San José con una atmósfera que nunca había sentido, agotado por el viaje, recibido por una dirigente de la organización que lo atendía y con la presunción de que la huida tampoco era una gran solución. “No sabía si las cosas se estaban ordenando o se estaban desordenando mucho más en mi vida y esa es una sensación que me acompañó por varios días”.

Todavía Gerson carece de muchas respuestas sobre lo ocurrido. Ni qué decir sobre el futuro. Por ratos se incomoda al hablar de sí mismo, pero también entiende que su historia es la de muchos otros en Centroamérica y, por eso, accede a compartirla. Son periodistas solitarios o incluso medios de comunicación completos que han migrado hacia Costa Rica confiados en su fortaleza institucional, en el Estado de Derecho e, incluso, en la tradición de acogida del sistema costarricense, aunque también hay nuevas reglas migratorias que dificultan la vida de los recién llegados. Algunos lo han escogido como el destino menos inconveniente, otros solo se han dejado llevar por las organizaciones que los ubican pronto en suelo tico. Hay reporteros que llegaron en anonimato y así siguen, no todos solicitan estatus de refugiado, algunos han salido y regresado y otros se han marchado pronto  a un tercer país; la cifra de reporteros protegidos en Costa Rica pero incierta, pero un cálculo conservador supera los 150 reporteros y 20 medios.

La mayoría de ellos viene de países donde el periodismo es víctima directa de los modos autoritarios, del deterioro del acceso de la población a información veraz y de la pretensión de extinguir las voces disidentes.  El desarraigo y los problemas de subsistencia acompañan a los periodistas en un país de acogida, pero también el más caro de la región.

El país que ha expulsado más periodistas en los últimos tiempos hacia Costa Rica ha sido Nicaragua. En los últimos cinco años, han sufrido el exilio, además de  procesos judiciales por el ejercicio de su profesión, confiscación de bienes y hasta el retiro de la nacionalidad. En Costa Rica, además del golpe sufrido a su identidad, se enfrentan al coste de la vida. Con el salario promedio de un periodista nica  solo se paga el alquiler de una casa familiar en Costa Rica. 

El costo personal de contar lo que ocurre

Ahora, Álvaro Navarro, periodista y director del medio nicaragüense Artículo 66, se quiebra, al contar su historia.

Si me preguntás quién soy, te digo que soy un nica de Cinco Pinos, de Chinandega (departamento fronterizo con Honduras) que creció bañándose en sus quebradas y que toda la vida he respirado Nicaragua (…) ¡Cómo ese par de tiranos me dicen ahora que yo no soy nicaragüense!”, dice llorando de rabia en una plaza fuera de San José.

Eligió vivir en Costa Rica para estar menos expuesto que los residentes capitalinos después de que llegó con sólo su computadora y una muda de ropa.

Fue en junio de 2021 cuando logró escapar antes de una probable detención, durante una avanzada del gobierno de Daniel Ortega contra periodistas críticos y políticos disidentes. En su caso, ya tenía citación judicial por algunas de las causas que se crearon para perseguir a personas señaladas como “golpistas”. Un agente del régimen avisó a alguien de su equipo: “Para que después no digan que no me porté por la verga, decile a Álvaro que se mueva porque este fin de semana le caen”. La advertencia era seria, pero además había visto cómo las autoridades habían tomado el medio Confidencial, dirigido por el reputado periodista Carlos Fernando Chamorro y entendió que nada impedía a Ortega actuar contra otros más pequeños. Cuando la Policía detuvo a la legendaria excomandante Dora María Téllez, un domingo, ya Navarro estaba escondido en una finca encaminado hacia Costa Rica, computadora en mano.

“Teniendo la responsabilidad de un medio de comunicación, tuve que buscar cómo salir para protegerme y también para poder seguir haciendo periodismo”, explica el director del medio que fundó seis meses antes del estallido de las protestas de abril del 2018, el detonante de la represión gubernamental. Cinco años después, en el recuento, hay asesinatos, encarcelamientos con torturas, expatriaciones y decomisos contra voces críticas, disidentes u opositoras. De eso logró huir Navarro, que ahora se siente seguro a pesar de saber de que en Costa Rica también hay agentes sandinistas, y de que el costo de vivir se duplica. Desde aquí, dirige el trabajo de los periodistas que siguen en Nicaragua, clandestinos.

Viajó a Costa Rica por cercanía, por la presencia de otros miles de nicaragüenses y por las condiciones para seguir haciendo periodismo para su país, pensando en preparar el momento en que caiga el poder de Ortega y Murillo y puedan retornar muchos de quienes han huido. Mientras tanto, sortea los obstáculos más básicos, incluidos los migratorios con las herramientas que dan las garantías institucionales, pues en febrero se logró que la Sala Constitucional anulara el impedimento de salida de Costa Rica para los solicitantes de refugio, una medida incluida por el Gobierno de Chaves, sustentado en la idea de que muchos de los inmigrantes no son verdaderamente perseguidos por razones políticas y que, en realidad, solo buscan vivir mejor. Ese mismo decreto, aún vigente, limita la capacidad de trabajar legalmente y exige que la solicitud de refugio sea presentada en el primer mes, normas que organizaciones defensoras de Derechos Humanos consideran que contraviene los estándares internacionales.

Jennifer Ortiz, como Álvaro, también se ha resistido, hasta ahora, a abandonar el periodismo, aunque siente que han sido muchos los obstáculos. Es periodista y directora del medio Nicaragua Investiga y vive en Costa Rica un nuevo exilio, el tercero. Primero salió de Nicaragua en 2019, pero las dificultades económicas la hicieron volver a su país, pero las circunstancias políticas la volvieron a forzar a instalarse en San José; aquí vive ahora con sus tres hijos de 13, 9 y 4 años. Lo de “tercer exilio” es más por la historia familiar, pues su padre se refugió en Costa Rica durante las guerra interna nicaragüense de los años 80, ya que apoyaba al movimiento contrario a la revolución sandinista que lideraba entonces Daniel Ortega. 

Ahora me puedo sentar y ver en retrospectiva que, con mi historia familiar, puedo hacer un mapeo general de la historia reciente de Nicaragua (…) Solo espero que mis hijos no tengan que vivir eso también”, dijo Jennifer en una tortillería cerca de su casa. Evita hablar de esto frente a ellos para que no se preocupen más.

Ellos son el motivo por el que se permite dudar de seguir haciendo periodismo o de continuar en Costa Rica. Existe la posibilidad de que España les dé nacionalidad como lo han hecho con otros colegas nicaragüenses y Ortiz no descarta cruzar el océano en un futuro para procurar que ellos vivan mejor. La hija mayor le ha contado que en la escuela le han advertido sobre la delincuencia en los colegios, nada sorprendente para quien lea las noticias de los meses recientes en Costa Rica. A la periodista le preocupa no solo la seguridad frente a las amenazas políticas sino también el crimen común y el deterioro del régimen de bienestar que caracterizó por décadas a Costa Rica, ahora con severos cuestionamientos a la educación y la salud públicas.  

“No me voy a hacer la heroína; muchas veces me he autocuestionado. ¿Por qué lo sigo haciendo? Me he preguntado si realmente mis hijos merecen que yo los haya expuesto a todo esto, porque ellos han pasado los mismos riesgos que yo”. Han pedido dos años de estudios, la mayor se ha deprimido y el menor se pregunta si él es nicaragüense también. Rescata que ya está con ellos. La segunda vez había tenido que dejarlos unos meses en Nicaragua, en casa de la abuela, porque temía que los policías la detuvieran a ella en el camino hacia Costa Rica y quedaran los niños abandonados. 

Un salvavidas para muchos

Jennifer Ortiz recuerda cuando venía a toda velocidad en una motocicleta por caminos empedrados y fangales. Lloraba por haber abandonado a los pequeños en la emergencia sin explicarles bien lo que pasaba, aunque sabían que las cosas andaban mal desde hacía tiempo porque vivían casi encerrados en Managua, sin contacto con otros familiares o amigos, cambiando de casa y con medidas de seguridad fuertes desde que los atacaron con un cóctel molotov que lanzaron contra su vivienda. Jennifer sabía que eran amenazas por ser periodista y por dirigir un medio que nació con la crisis de 2018 y que la obligó a dejar atrás el emprendimiento de producción audiovisual. 

Tenía una carrera reconocida en televisión y, además, Nicaragua Investiga empezó a crecer en circulación debido a la información sobre las protestas y la represión gubernamental. Era un blanco fácil para el Gobierno. Por eso la incluyeron en una lista de personas que leyó Rosario Murillo un día en televisión. Eran “golpistas” y contra ellos iba. Jennifer no estaba viendo el canal, pero le avisaron que estaba incluida en la lista y entendió que era el momento de escapar por veredas hacia Costa Rica.

Pasados los puntos militares y sintiéndose segura, se sentó en una caseta de autobús y se preguntó qué estaba haciendo ahí, pero devolverse de nuevo no era opción. Tenía contactos de otros colegas y activistas, pero tampoco quería molestarlos porque sabe que había muchos llegando y los recursos eran pocos para la acogida. Unas 180.000 personas nicaragüenses pidieron refugio en Costa Rica desde la crisis de 2018, según los reportes oficiales. Los periodistas son solo una pequeña parte: reporteros independientes, corresponsales de agencias internacionales y equipos de redacción completos, incluido el de Confidencial y el del diario La Prensa, periódico de referencia en Nicaragua con 96 años de historia. En medio de la fuerte presión migratoria, hay comunicadores cuya cita para acceder al estatus legal de refugiado está programada para después de 2028. De momento, son “solicitantes”.

Esa experiencia nicaragüense fue también válida para el diario digital salvadoreño El Faro, que se mudó a principios de 2023 a San José. Su domicilio legal y cuentas ya no están en San Salvador, donde el medio ha sido objeto de auditorías contables abusivas. En 2020, el presidente Nayib Bukele dijo en cadena televisiva que investigaría a El Faro por lavado de dinero y, en abril de 2021, llegó una primera acusación. Ninguna explicación ha sido suficiente y pronto los encargados entendieron que debían buscar otra casa.

Fue bastante claro que nos íbamos a Costa Rica porque ya teníamos la experiencia de los nicaragüenses y por el grado de estabilidad y la cultura democrática del país”, explica Carlos Salamanca, gerente general de El Faro.

Guatemala presentaba ya un desmantelamiento avanzado de la institucionalidad, en Nicaragua ni se podía entrar y Honduras es reconocido como uno de los países más peligrosos para los periodistas, pero la idea fue quedarse en Centroamérica y solo Costa Rica era viable. Los periodistas de El Faro están donde siempre, la mayoría en El Salvador, a pesar de las amenazas del gobierno de Bukele. 22 miembros del medio han tenido en algún momento sus teléfonos intervenidos por el software de espionaje Pegasus, como se comprobó con el peritaje de dos organizaciones especializadas que analizaron el sistema de fabricación israelí que solo se vende a gobiernos e instituciones estatales.

A ello se han sumado campañas de desprestigio, acoso digital y la amenaza que representan medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del régimen de excepción decretado para reducir los asesinatos ligados a las pandillas. Ahora, un periodista puede ser condenado hasta a 15 años de cárcel por publicar informaciones que “generen zozobra y pánico en la población” mediante la reproducción o difusión de  mensajes de grupos pandilleros.

“El desmantelamiento de nuestra democracia, la falta de controles al ejercicio del poder de un pequeño grupo, los ataques a la libertad de prensa y el cierre de todo mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en El Salvador amenazan seriamente el derecho ciudadano a estar informado, más allá de los cuantiosos recursos públicos destinados hoy a diseminar propaganda y noticias falsas”, decía el editorial de El Faro del 13 de abril.

“La criminalización del periodismo es, lamentablemente, cada vez más utilizada por los gobiernos de la región, paralelamente a la acumulación de poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas y los movimientos civiles. Los autócratas no toleran otras narrativas”, añadía antes de advertir que en Costa Rica “aún hay división de poderes, derecho a la legítima defensa y respeto al estado de derecho”.

Goteras en el albergue

El Faro confirmaba lo que muchas organizaciones han dicho antes, al referirse al territorio costarricense como una zona segura para la libertad de prensa. Ofrece garantías constitucionales y un régimen de Derecho que hace posible la división de poderes, con una cultura política que llevaba a los gobiernos a autocontenerse en sus actos y en los usuales conflictos que alojan las democracias entre autoridades y medios de comunicación. Lo dicen también organizaciones como Reporteros sin Fronteras y la Relatoría de Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero para advertir de inmediato señales negativas que se han presentado en el gobierno actual de Rodrigo Chaves, por actos como insultos contra periodistas o medios, estigmatización y falta de transparencia. 

A los ataques verbales de Chaves -con una aprobación popular de alrededor de 70%- contra los medios críticos se suman acciones administrativas que afectan al tradicional diario La Nación y al medio digital CRHoy. También la revelación de supuestas irregularidades en un contrato del Estado -durante el gobierno anterior- por la contratación de servicios de la periodista Vilma Ibarra, cuyo programa radiofónico Hablando Claro es otro de los espacios disidentes. Aunque el mandatario no se atrevió a identificar la comunicadora ni a revelar la auditoría del caso, en las redes sociales las cuentas afines al Gobierno ya dictaron su propia sentencia con nombre y apellidos.

El gremio periodístico y las autoridades esperan aún la sentencia completa de un fallo inédito emitido en mayo por la Sala Constitucional contra el presidente Rodrigo Chaves, por llamar “sicarios” a periodistas durante una conferencia de prensa televisada. Los magistrados acogieron el recurso de amparo del periodista Jason Ureña, de CRHoy, porque advirtieron un exceso en el discurso de Chaves y el riesgo de un consecuente hostigamiento mayor contra medios y reporteros.

La normalización de la violencia verbal contra un periodista es algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del primer mandatario”, indicaba el comunicado de prensa, pero la argumentación total del tribunal no se había divulgado al cierre de esta información.

Chaves no se ha referido a este fallo, pero meses atrás acusó a los magistrados constitucionales de hacer “contorsionismo” al emitir un sentencia en que calificaron como un ataque indirecto a la libertad de prensa la decisión del Gobierno de cancelar el permiso a un centro de eventos llamado Parque Viva, propiedad del grupo empresarial de La Nación al que él en campaña prometió destruir junto a la televisora Teletica.

El presidente niega que ataque a la prensa y dice que solo se defiende de las informaciones equivocadas o mal intencionadas en favor de grupos poderosos, que sería el primero en tirarse a la calle a defender la libertad de expresión y el derecho a información. Lo acuerpa la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista quien entró en política después de una larga carrera periodística en los tres medios más criticados por Chaves y siempre con un fuerte discurso contra la clase política. Ella ha dicho que hay medios “cavando su propia tumba” dentro de un ambiente que tiende a polarizarse. 

El principal socio de CRHoy, el empresario Leonel Baruch, dijo bajo juramento en la Asamblea Legislativa que ella en agosto le planteó juntar esfuerzos para acabar con La Nación, pero la diputada insiste en que se reunió con él solo para hablar sobre la situación del país y pedirle que moderase la línea editorial del medio. Esta intención parecería inocua si no fuera porque CRHoy es uno de los principales medios adversos para el Gobierno y porque el Ministerio de Hacienda publicó después, en enero, una denuncia contra Baruch por una supuesta evasión fiscal de su banco BCT, aunque los documentos de sustento tampoco han sido publicados. 

El registro de actos contra medios de comunicación crece y las alertas están activas en el gremio, en organizaciones defensoras de la libertad de prensa y en algunas, solo algunas, voces de partidos partidos opositores que dominan la Asamblea Legislativa. “Vuelvan a ver a Latinoamérica; la prensa ha sido la primera que han bloqueado y han hecho que se caiga como medio para llegar a debilitar y botar la democracia. La prensa es un frente, es un muro para que la democracia no se caiga”, dijo la diputada opositora Vanessa Castro. “Él (Chaves) ataca lo que no puede controlar. Como no puede hincar medios de comunicación, lo que hace es buscar la manera de socavarlo”, añadió en otra intervención en el plenario legislativo la legisladora, quien hasta hace poco tiempo fue representante legal de Repretel, la empresa televisiva nacional que es parte del conglomerado Albavisión del mexicano Ángel González, cuyo noticiero en Costa Rica por ahora está fuera de los reproches y ataques de Rodrigo Chaves.

El Gobierno parece decidido a redefinir los criterios de asignación de recursos de publicidad estatal en una “democratización” que puede favorecer a nuevos espacios de información, incluidos algunos que reciben un trato amable del Presidente. También se ve en el horizonte la renovación de asignaciones de frecuencias de radio y televisión, algo que el propio mandatario reconoció preocupante para ciertos medios de comunicación. Otros proyectos periodísticos lamentan el alejamiento de empresas privadas que han reducido su publicidad para no desagradar al Ejecutivo, según dos personas consultadas para este trabajo.

“Hay una tensión que nunca habíamos vivido”, dice la directora de un medio de comunicación que prefiere no revelar su nombre. “No quiero que nos agarren de piñata a nosotros también, hay que ser estratégicos por la supervivencia de la empresa, porque esto va a pasar y aquí tenemos que seguir”, añade antes de disculparse. El peligro de autocensura es comprensible, ha reconocido la Yanancy Noguera, elegida en noviembre como presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica tras una elección gremial que tampoco estuvo exenta del pulso entre simpatizantes de Chaves y sus críticos. Añade que se nota también complacencia de algunos medios en espera de pauta publicitaria, sobre todo de plataformas pequeñas en las regiones.

Señales conocidas. Y la pregunta es: ¿Hasta cuándo?

Álvaro Navarro ha visto esas noticias y encuentra algunas similitudes con acontecimientos del pasado en Nicaragua. Recuerda cuando Daniel Ortega se reunió cordialmente con el gremio de periodistas para decirles que pretendía una mejor repartición de la pauta estatal o, tiempo después, cuando se refería a los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa como “los panfletos de Carretera Norte”, en referencia a la zona de la capital donde estuvieron instalados. Ahora en el primer terreno solo hay escombros y, en otro, el de La Prensa, solo hay un edificio bajo posesión del Gobierno, mientras el exgerente del diario cumple una condena por “lavado de dinero” y dos trabajadores también fueron condenados por “propagación de noticias falsas” y “conspiración contra la integridad nacional”, dos de los tipos de leyes ad hoc que al régimen le funcionan para perseguir a cualquier que considere adverso.

Por eso Navarro insiste en que nada se puede tomar a la ligera. “Lo que digo es que es evidente que aquí en Costa Rica hay una institucionalidad que no tenemos en nuestros otros países, pero nada está blindado si partimos de que los gobiernos siempre están tratando de que nadie los fiscalice ni los controle”. Ve necesaria una defensa activa como la que los medios nicaragüenses articularon cuando ya tenían el incendio en la cocina, quizás muy tarde.

Por eso el apoyo mutuo. Una parte del gremio periodístico recibe y acompaña, pero los recién llegados acaban dando aliento también. “Lo que debió haber sido una dinámica natural de acogida ahora es más complejo, porque incluso hemos experimentado situaciones en que los colegas nicaragüenses dan apoyo y orientan a colegas de Costa Rica”, cuenta Noguera, que resume la situación así: “el ambiente está pesado”.

Gerson ha visto también esas señales en Costa Rica, pero recuerda también condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el país, basada aquí mismo en San José, por violaciones a la libertad de prensa contra medios o periodistas costarricenses en años anteriores. No hay espacios impermeables ante las amenazas, coincide, pero sí hay condiciones ventajosas para mantener bajo resguardo el ejercicio del periodismo y sobre todo un clima que propicie información de calidad para la población.

Costa Rica puede seguir siendo ese país que, aún perteneciendo a la región, se mantiene lejos del derrumbe de las democracias”, dice después de advertir que cuando se está en el terreno suele ser difícil medir el riesgo, como cree que le pasaba en Guatemala. 

En otras palabras, Costa Rica tiene todavía la oportunidad de preservarse como el oasis centroamericano para la libertad de prensa. “Mirá, no puedo decir cómo es para los periodistas que reportan sobre asuntos de Costa Rica, pero yo sí puedo decirle que aquí me siento segura para hacer el periodismo que hacemos”, responde Jennifer, a pesar de la “mano larga del sandinismo” que puede moverse también en Costa Rica. Es cierto que en suelo costarricense no hay periodistas encarcelados ni redacciones allanadas, como ha dicho el propio Chaves para rechazar los cuestionamientos por su relación con la prensa y desdeñar señalamientos como los de Reporteros sin Fronteras, que mostró una caída de 15 posiciones de Costa Rica en el ránking de libertad de prensa 2023.

Las condiciones parecen suficientes para el periodismo desde el exilio, al menos mientras organizaciones cooperantes internacionales sigan dando soporte bajo el entendimiento de que se trata de un servicio público indispensable para sus países. La pregunta es hasta cuándo. Alguna organización se ha planteado ya si conviene dedicar sus fondos a la situación en Nicaragua por la sensación de lo poco que se puede rescatar. 

El desafío mayor es la sobrevivencia personal, la sostenibilidad emocional ante el despojo repentino del entorno, de la familia, los amigos o incluso de la nacionalidad. La posibilidad de caerse o cansarse es latente, la tentación de huir a un tercer país para ganarse la vida en un trabajo diferente del periodismo por el que dejaron su tierra. 

“Yo puedo responder con firmeza preguntas de periodismo, pero en temas personales me quiebro. Me golpea muchísimo porque siento esa carga, siento culpa y yo digo ‘¿por qué? ¿por qué siento culpa? Si el criminal es Ortega por qué yo me siento culpable’. Me siento culpable porque mis hijos han pagado las consecuencias de un trabajo que yo decidí, que yo asumí y no me parece justo”, dice sin poder evitar las lágrimas. Se tranquiliza, respira y añade: “Pero bueno, al final también esto es parte de nuestra vida, vivimos de eso. Te golpea pero al mismo tiempo te da vida y es tan difícil saber convivir con eso”.

Ya pasaron los tiempos de no tener una silla para sentarse ni un bocado para los hijos. Se alegra de ver cómo ha logrado reconstruirse o resistir sin dejar de hacer el periodismo necesario para que Nicaragua también pueda resistir y algún día reconstruirse. 

Su colega Navarro también mira al futuro incierto, pero con esperanza. “Sí, Nicaragua está secuestrada, pero eso no va a ser eterno y llegará la oportunidad de entrar de nuevo”. Por eso hay que alimentar la conciencia ciudadana con el periodismo y por eso hay que tratar de no perder el ánimo, aunque cueste demasiado. Su historia de exilio cumplió ya dos años y todavía se desarma cuando recuerda que un defensor de derechos humanos lo acogió en su casa en Costa Rica y le ofreció prestarle los pantalones. Era, para sus efectos, el indicador de que llegaba por mucho tiempo y que empezaban las pruebas de resistencia. 

“Yo procuro hacer como que las cosas no me afectan porque siempre también he sido de ver para adelante, cargar el bulto y, si no puedo, patearlo en el suelo pues, pero a fin de cuentas te duele saber que estás en un país ajeno no porque querés, sino porque te patearon. Y sí, porque decidimos seguir haciendo periodismo”. Otros no lo han logrado.

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