La alcaldesa de Carrillo, Diana Méndez Masís, frenó el acuerdo de las y los regidores de contratar tres personas asesoras en el concejo municipal, una para cada fracción: Progreso Social Democrático (PPSD), Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La jerarca presentó el veto en la sesión del concejo municipal del viernes 10 de mayo alegando “ilegalidad” e “inoportunidad” en la decisión del concejo.
“Se pone en claro riesgo las finanzas presupuestarias del municipio y violentan las razones oportunas que en este momento para nada benefician la correcta marcha municipal”, apuntó.
Además, según la jerarca, el concejo pretendió saltarse pasos establecidos por ley, específicamente el de crear el perfil en el manual de puestos del municipio y contar con el presupuesto para esos nombramientos.
Puedo comprender que existe la necesidad de crear las plazas de asesores para cada una de las fracciones (…) sin embargo, la norma hace el llamado a respetar el procedimiento establecido”, indicó en el veto presentado.
Las y los regidores estuvieron de acuerdo y votaron a favor de la impugnación de la alcaldesa.
Los ediles habían acordado tener asesores de confianza en la primera sesión ordinaria tras haber asumido sus puestos, el viernes 3 de mayo. A raíz del acuerdo, las inconformidades no tardaron en salir a la luz.
“Asesores por fracción nunca visto en un concejo tan pequeño no estamos en una Asamblea Legislativa. Un gasto innecesario”, comentó una ciudadana en la publicación en el Facebook de la Municipalidad de Carrillo. “Esperábamos un consejo [sic] más austero en el manejo de fondos públicos, ahí no se necesitan tres asesores”, dijo otro.
La propuesta surgió del regidor socialcristiano y vicepresidente municipal Álvaro Abarca Gutiérrez, quien mocionó para tener “un asesor legal, y además que se consiga el contenido presupuestario para la plaza”.
Tras presentarla, el regidor liberacionista Jonathan Brenes apuntó que, más bien, debían buscar el presupuesto para tres plazas, una asesoría para cada fracción. La moción fue modificada y finalmente presentada nuevamente por Brenes (PLN), Iris Marchena (PLN) y Álvaro Abarca (PUSC), y aprobada de forma unánime por las y los cinco regidores.
“Este regidor no necesita, si fuese el caso, de asesor. Prueba de eso es que votamos a favor del veto de la señora alcaldesa”, dijo Brenes a La Voz.
Yo ejercí mis funciones como suplente de regidor sin asesor [entre el 2020 y el 2024], entonces tampoco es que se requiere de manera urgente, pero en vista de que la Unidad presenta la moción para pedir un asesor, entonces si hay pa’ Pedro tiene que haber para Juan”.
Brenes dijo que la fracción liberacionista ya no insistirá en tener las asesorías y les “da lo mismo lo que ocurra”. “Damos el capítulo cerrado, pero que se respete la igualdad de condiciones”.
En La Voz creamos esta guía para que conozcás a los nuevos alcaldes, alcaldesas y las personas que integran los concejos municipales.
Un puesto legal, pero raro en Guanacaste
Los nombramientos de asesores de fracción están previstos en el artículo 127 del Código Municipal. Se tratan de plazas de confianza que pueden apoyar las decisiones que toman las y los regidores, ya sea a nivel administrativo (como en la atención de público, o revisión de reglamentos) o en asesoría técnica (por ejemplo personas expertas en política y derecho).
Es una figura distinta a la asesoría legal del concejo, que guía de forma conjunta las decisiones de las y los regidores. El salario asignado dependería de la descripción del puesto.
Eso sí, los nombramientos de personas asesoras de confianza no son comunes en las municipalidades con un limitado contenido presupuestario como es el caso de Carrillo.
“El concejo municipal es una suerte de asamblea en chiquitito, legisla a nivel cantonal. Entonces al igual que las diputadas y los diputados tienen sus asesores, las fracciones políticas a escala municipal pueden solicitar este apoyo”, explicó el encargado del área de formación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMDL), Vladimir Cunningham.
Lo han hecho las municipalidades que tienen más recursos, que son más robustas administrativamente”, relató el experto y ejemplificó que ocurre en municipalidades como la de San José, Escazú y Desamparados.
Cunningham también precisó que los nombramientos de personas asesoras deben ser equitativos para todas las fracciones, es decir, tienen todas o no tienen ninguna.
El regidor Álvaro Abarca, proponente inicial de la petición de asesoría por fracción, dijo a La Voz que es probable que inicien el camino para asegurar el presupuesto de las asesorías para el 2025.
“Estamos sujetos a que haya sustento económico, y en su debido momento lo presentaremos de nuevo, o lo estaríamos valorando”, agregó.
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