La municipalidad de Santa Cruz debe buscar una manera inmediata de empezar a gestar un plan regulador que ordene sus costas, que le permita concesionar las zonas que podrían activarse comercialmente y la impulse a cuidar del ecosistema.
No es solo una cuestión de proteger el ambiente, sino de procurarse mayores recursos económicos. Si no lo cree necesario, vea el siguiente dato: con una costa comercial un 80% más pequeña que la de Santa Cruz, Carrillo recoge el doble de dinero por el canon de concesiones.
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Las comparaciones suelen ser odiosas, pero en este caso, es muy necesario que la primera sepa en qué está acertando la segunda para imitarla, adaptar sus estrategias, entender a fondo cómo lo lograron y replicar. Esto no quiere decir que Carrillo tenga una municipalidad perfecta, pero ha logrado un mejor resultado en este rubro.
Tener un plan regulador para toda la costa es, sin duda alguna, la primera estrategia que deben seguir todas las municipalidades de Guanacaste. No lo dice La Voz de Guanacaste solamente: lo confirman las cifras, los resultados y los especialistas de la Universidad de Costa Rica consultados para los artículos de esta edición.
Santa Cruz tiene un puñado de planes reguladores para la zona marítimo terrestre de algunas playas como la de Tamarindo (cuyos pobladores alegan que fue diseñado “a la medida” de empresarios turísticos) pero carece de un documento que unifique la planificación de todas las costas del cantón.
Además, los pobladores cargan sin querer con el problema ya expuesto en el artículo de portada de esta edición: el caos en las concesiones sobre la zona marítimo terrestre.
Hay que reconocer, sin embargo, que la alcaldesa María Rosa López asumió la alcaldía con este problema sobre los hombros, sin necesariamente ser la responsable. Durante años, el funcionario a cargo del departamento de Zona Marítimo Terrestre desatendió sus labores sin ningún tipo de castigo por parte de los alcaldes anteriores, según consta en las denuncias hechas por pobladores y por los mismos regidores. López fue la única que decidió despedirlo.
Pese a la buena decisión, despedir a una persona conflictiva es insuficiente si no se invierten recursos de manera eficiente para ordenar las concesiones, actualizar el monto que pagan los concesionarios y cobrarles como se debe.
Eso no se va a lograr reduciendo un departamento a la mitad (como sucedió después del despido del funcionario), ni mucho menos diciendo que “no hay plata” para hacer un plan integral para todo el cantón. Si los tres funcionarios que están integrando el departamento y la alcaldesa tienen la mística y el compromiso, en poco tiempo podrían impulsar un cambio sustancial que se reflejará también en sus finanzas.
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