40 años en la lucha: las cicatrices del nemagón

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La pobreza que sufría Guanacaste en la década de 1960 arrastró a unos 5.000 guanacastecos a las bananeras de Limón, con la esperanza de mejorar su vida y la de sus familias. Como parte de sus labores, utilizaban un agroquímico conocido como nemagón que terminó por volverse el protagonista del resto de sus vidas.

“Yo trabajaba toda la semana. Me tocaba preparar el químico y menearlo con un palo, era como una leche pero era tremendo, eso olía como muy fuerte y uno se mareaba”, dice Martín Gómez, uno de los afectados de El Cacao de Nandayure por las consecuencias del uso del agroquímico que todavía hoy, 40 años después, lucha por obtener una indemnización del Estado.

Martín Gómez de El Cacao de Nandayure salió de su casa a los 17 años para ayudar económicamente a su madre. Encontró trabajo rápido en la finca Ticaban inyectando el producto. Mientras trabajó con el nemagón fue internado tres veces, cuenta. “El pie derecho se me empezó a manchar, y se me fue comiendo y comiendo hasta que se puso morado. Me cortaron la pierna porque ya no funcionaba”. Hace seis años rechazaron su solicitud en la oficina de afectados del Nemagón del INS, pues no logró probar su afectación dado que tuvo cinco hijos y la única prueba que se aplica hasta el momento para los hombres es de escasez o malformación de espermatozoides. 

Como él, cientos de guanacastecos pertenecen a la Asociación movimiento costarricense para la defensa de los derechos de las personas afectadas por la aplicación de productos químicos (Asopro). Sus padecimientos se extienden desde la esterilidad, cáncer y abortos hasta dolor de huesos, hongos en la piel y malformaciones genéticas, entre muchas otras.

Agroquímico mortal

Costa Rica empezó a importar este agroquímico en 1967, 17 años después de que sus fabricantes comenzaran a dudar de su seguridad y que los estudios emitidos por la Universidad de California destacaran su toxicidad. El país siguió utilizándolo para eliminar plagas en los monocultivos hasta 1979, dos años después de que los Estados Unidos prohibieran su uso. En algunas plantaciones se utilizaba sin medidas de seguridad, etiquetado, o la protección adecuada.

 
Cándido Fajardo se fue a aventurar al Caribe cuando tenía 18 años. “En ese tiempo era durita la situación porque los trabajos que habían eran solo para gente maciza”, dice. Estuvo en Limón por temporadas y aplicó el nemagón en varias ocasiones. Cuando regresó a Vigía de Guanacaste, le aparecieron manchas en todo el cuerpo y también sufre de la vista, dolores de espalda y cuerpo, mareos, entre otros. Recibió una indemnización del INS de ¢1.900.000.

Han pasado diez Gobiernos desde que el Estado costarricense prohibió el agroquímico, pero sus consecuencias siguen siendo el día a día de estos extrabajadores bananeros.

En el 2001 se creó la Ley 8.130 que obliga al Estado a indemnizar a los afectados directos e indirectos, a partir de esa fecha se le comenzó a pagar a los afectados directos pero hasta el 2014 se aprobó el reglamento para darle el dinero a los indirectos (familiares de los trabajadores).

Asopro cree que la forma en que se aplica el procedimiento y el dinero recibido durante estos años para indemnizarlos sigue siendo insuficiente para hacerle justicia a la tragedia que han vivido. Son pagos que han ido desde los $100 al principio del conflicto hasta ¢1.900,000 en los últimos dos años.

Este fotoreportaje muestra los rostros de cinco trabajadores guanacastecos que dicen haberse trasladado a la zona bananera durante la década de 1960. Todos forman parte de Asopro y permitieron que La Voz de Guanacaste mostrara sus cicatrices, sus padecimientos y su dolor como muestra de lo que puede causar un agroquímico en los cuerpos y las vidas de las personas.

Sully Briceño nació en Santa Cruz y se trasladó a las bananeras de Palmar Sur a los 10 años. Allí trabajó en lavado de uniformes y bombas de plaguicidas, sin guantes ni protección, según su testimonio. 25 años más tarde regresó a Guanacaste con padecimientos y dolores que se agravaron en la última década. Tuvo cáncer de mama hace cuatro años y aún no sabe si ya está completamente recuperada. También padece de diabetes, hongos en las uñas, inflamación de los pies y el estómago y no camina por los dolores que le produce estar en pie. El INS le dio una indemnización de ¢1.900.000.

Las uñas de las manos de Sully Briceño se han comenzado a despegar, ella no se las corta porque teme que se le caigan por completo.

Cuando la nicoyana Mayra Juárez tenía 26 años viajó a la Finca Ticaban en Guápiles con sus tres hijos y su marido. Trabajó sólo tres meses como deshojadora e iba a dejarle el almuerzo a su marido, pero este tiempo fue suficiente para afectar su salud, con dolores de cuerpo, de cabeza, manchas en la piel, hongos y picazón. Juárez asiste al doctor en Nicoya frecuentemente y toma medicamentos todos los días. En el 2014, el INS le dio ¢140.000. ¿Le alcanzó para algo?, le preguntamos. “ Para nada, sólo comprar unas cositas de comida y nada más”. 

Cuando Mayra Juárez trabajó en la bananera caminó con sandalias mucho tiempo entre las hojas de plátano. Hoy sus pies se ven afectados con manchas moradas y mucho escozor.

Donald López de Santa Cruz viajó a las bananeras en 1974 para ganar más plata. Trabajó ahí durante dos años y nunca tocó el químico directamente, pero aún así se vió expuesto y afectado, dice. “Muchas veces llevaban la banana madura y la botaban ahí y uno con hambre se la comía o se bajaba con sed a tomar agua de las hojas de plátano… ahora estoy viviendo las consecuencias de esos años”, cuenta. En el 2006 se sometió a una prueba de espermatozoides y fue indemnizado con ¢138.000. Sin embargo por todo lo que ha sufrido (dolor de cabeza, dolor de articulaciones, hongos en las uñas y en los pies y una mancha cancerígena en su espalda, entre otros) cree que lo justo es que le paguen con ¢8 millones o más. En los últimos diez años ha ido más de ocho veces a la Asamblea Legislativa. “Si yo me muero, por lo menos que les quede a mis hijos. Ese producto es asesino”.