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Un negocio cruel

El martes 10 de mayo de 2016, la Policía Federal de Brasil interceptó una encomienda enviada desde una oficina de DHL en la calle Bela Cintra de São Paulo con destino a Johannesburgo, Sudáfrica. Al abrir el paquete, encontraron cinco hojas de pasaportes con visas falsas a nombre de dos ciudadanos de Kenia, dos de Somalia y uno de Eritrea, aparentemente estampadas por consulados brasileños en Mozambique, Etiopía, Zimbabwe, Arabia Saudita y la misma Sudáfrica. 

Abdifatah Hussein Ahmed, ciudadano sudafricano residente en Brasil, fue quien envió los documentos falsificados. Ya había hecho dos envíos similares a finales de 2015, uno a un hombre en Angola y otro a alguien en Johannesburgo, según descubrió después la policía, que lo tenía en la mira por liderar una célula de tráfico de personas. 

Los investigadores fueron siguiendo la pista de Hussein Ahmed hasta descubrir que tenía dos socios en el negocio de tráfico: Abdessalem Martani de Argelia y Mohsen Khademi Manesh, de origen iraní. Entre los tres, proveían a africanos de diversos países de pasaportes con visas espurias que les permitían entrar sin ser detenidos a Brasil, Bolivia o Venezuela. Ya con un pie en el continente, los migrantes emprendían su viaje de 8 000 o más kilómetros al norte, dependiendo de dónde empezaran, buscando llegar a Estados Unidos o Canadá. 

Según la policía, Hussein Ahmed y su red movilizaron al keniano Abdi Yussuf Wardere y al somalí Mohamed Ibrahim Qoordheer, dos presuntos miembros de la organización armada islámica al-Shabaab, que comete actos de terror en Somalia y en Kenia. El diario The Guardian publicó en 2015 que Abdi Yussuf era, además, hermano de Mohamed Mohamud, autor intelectual del ataque en la Universidad de Garissa en Kenia, que dejó 147 muertos en abril de 2015. 

En el caso de Qoordheer, la policía de Costa Rica lo detuvo en marzo de 2017, tras una alerta del gobierno estadounidense. Las autoridades lo deportaron a Zambia el 23 de junio de ese año, informó a CLIP la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense. No hay evidencia de que Qoordheer haya sido acusado de algún delito de terrorismo en EEUU, según publicó el Instituto Cato. 

Las sospechas de que hubiera ayudado a algún terrorista a entrar a Estados Unidos, además de la estela de evidencias que fue dejando tras de sí, hizo que Hussein Ahmed por fin cayera en agosto de 2019, cuando la Policía Federal brasileña lo arrestó por el delito de tráfico de personas, después de una investigación coordinada con el Servicio de Inmigración estadounidense (ICE).

El detalle de estas y otras operaciones salen a la luz tras la investigación periodística transfronteriza Migrantes de otro Mundo, que tomó nueve meses, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP),  la organización periodística europea, Occrp, y otros 16 medios aliados de Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador, México, Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Camerún y Nepal.* 

El reportaje Un Negocio Cruel, específicamente, incluyó la revisión de numerosos expedientes judiciales, informes de inteligencia y entrevistas con autoridades internacionales, nacionales y locales, con académicos y expertos, coyotes locales y traficantes internacionales y con decenas de migrantes en América, África y Asia.  

La colaboración pudo constatar que entre 13 000 y 24 000 personas de países de Asia y África cruzan América Latina anualmente, para entrar a Estados Unidos o a Canadá, y les producen ingresos a los traficantes que pueden oscilar entre 176 y 326 millones de dólares al año. (Ver nota explicativa abajo). Es un cálculo más ilustrativo que preciso, basado en las estadísticas oficiales de migración recabadas en diez países y en documentos y entrevistas que consiguió la alianza periodística. Pero como se trata de un negocio clandestino, y miles de personas pasan sin dejar huella ni registro en ningún país, es probable que estas cifras se queden cortas. 

La alianza periodística también encontró que los contrabandistas de personas operan mediante complejas redes de testaferros, pequeñas empresas, hoteles y agencias de envío de dinero. Cuentan además con abogados, proveedores de documentos falsos en embajadas y consulados, y corrompen oficiales de Migración y Policía en aeropuertos, fronteras y aduanas, a veces por años antes de ser detectados.

Migrantes de otro mundo porque cuenta las historias de viajeros que se embarcan o que vuelan entre diez y quince mil kilómetros al otro lado del mundo, y que una vez en Suramérica o en el Caribe atraviesan el continente en buses expresos o aviones, en lanchas rápidas o canoas apaleadas, en taxis clandestinos o carros particulares por atajos subrepticios y azarosos, siempre hacia el norte, a Estados Unidos o Canadá, como golondrinas aturdidas, atravesando a menudo tramos enteros sin más medios que las piernas, las alas de la esperanza. 

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Brasil, hub del tráfico 

El caso de Hussein Ahmed refleja cómo Brasil es el núcleo de diversas redes criminales que coordinan pequeñas células a lo largo del continente americano. Sacan provecho económico de las fuerzas globales que empujan a migrantes asiáticos y africanos a salir de sus países: la guerra, la persecución política o la crisis económica.

Es un negocio cruel. Estos mercaderes de seres humanos les sacan a los migrantes y a sus familias hasta la última moneda de sus ahorros, con la promesa de abrirles las puertas del “sueño americano”. Los pasan de mano en mano, como si fuesen mercancías –hombres, mujeres y niños– de un país a otro, en avión, barco, bus y muchas veces, semanas a pie; los cruzan por territorios peligrosos, sin el equipo ni la preparación necesarias. 

En años recientes, las bandas que trafican personas han visto su negocio crecer conforme emergen nuevas rutas hacia América, especialmente desde naciones como Nepal, India y Bangladesh. Políticas dispares en América Latina, con unos gobiernos que por años instauraron políticas migratorias más abiertas, como Brasil, Argentina y Ecuador, y con otros, cerrando cada vez más la entrada legal de migrantes, como México y en ocasiones Colombia, crearon el caldo de cultivo perfecto para que las redes de contrabandistas ampliaran su negocio. 

Rápidamente entraron por las puertas más abiertas para poner un pie en América, y de allí organizaron el paso clandestino a donde fuera más restringido y, por tanto, les dejara más utilidades. Brasil es el país que más migrantes transcontinentales recibe. El Comité Nacional para los Refugiados de Brasil (Conare) mantiene activas 47 124 solicitudes de refugio presentadas desde 2013 por personas de Asia y África. Senegal, Angola y Bangladesh son las tres nacionalidades con más pedidos activos. 

Algunos desisten de esperar el resultado de su solicitud de asilo en Brasil y siguen viaje. Por ejemplo, durante un allanamiento en la casa de Mohsen Khademi Manesh, la policía brasileña halló las solicitudes de asilo de dos mujeres paquistaníes, quienes fueron detenidas sin documentos en Estados Unidos en julio de 2019. 

Desde Sao Paulo, sobre todo, es de donde se coordina la gran mayoría de las operaciones de tráfico humano por el continente.

Sí, es legítimo decir que (los traficantes en Brasil) son los grandes controladores de la ruta, porque son los que cobran a los inmigrantes, son los que reciben el pago y, eventualmente, envían dinero a los otros asociados en América Central”, dijo Milton Fornazari Jr., director de Inteligencia de la Policía Federal en São Paulo, la unidad que investiga los delitos de contrabando de inmigrantes y trata de personas, en entrevista con Profissão Repórter de TV Globo, socio de la colaboración periodística que produjo Migrantes de Otro Mundo 

“Son los contrabandistas aquí en São Paulo quienes deciden cuándo pagarán a sus asociados”, explicó. 

Pero también operan en otras ciudades brasileñas. A finales de 2015, un pakistaní llamado Sharafat Ali Khan, conocido como ‘doctor Nakib’, recibió en la capital, Brasilia, cinco mil dólares de un paisano quien horas antes había llegado a Brasil desde Arabia Saudita. El migrante le estaba pagando la primera cuota para garantizar su viaje a Estados Unidos. Ali Khan recibió el dinero de su compatriota advirtiéndole que, para llegar, tendría que pagar otros cinco mil a lo largo de la ruta.

El 3 de junio de 2016, Ali Khan fue detenido en el aeropuerto de Doha, Qatar cuando huía hacia Pakistán. Dos días antes la policía brasileña había allanado su casa. Lo tenían fichado como el líder de una banda de tráfico de personas a Brasil. En abril de 2017, preso en Estados Unidos, Ali Khan admitió ser responsable de haber montado “casas de seguridad” para los migrantes, unas viviendas donde los ocultaban durante el viaje. El pakistaní también confesó que había organizado una red de cómplices que pasaban a los migrantes de un país a otro.

Más prohibiciones, más negocio 

Según autoridades nepalíes consultadas por esta alianza, las principales rutas desde Nepal a Brasil fueron descubiertas por personas locales que viajaron a América Latina hace casi dos décadas. 

Un jefe de policía de Katmandú, quien pidió proteger su nombre por motivos de seguridad, recordó que un traficante apodado “LB”, originario del distrito de Rukum, al oeste de Nepal, fue uno de los precursores de las rutas a través de Brasil. 

“Hace unos 15 o 18 años, este hombre ayudó a cuatro o cinco personas de su pueblo para que obtuvieran visa para México. Él viajó con ellos y les ayudó a cruzar a Estados Unidos. El viaje le mostró cómo funcionaba el tráfico. Él comprendió que si podía aterrizar en un país latinoamericano como Brasil, grupos organizados por bengalíes y pakistaníes podrían encargarse del contrabando”, explicó el oficial. 

Al parecer, esa idea dio frutos. El número de ciudadanos nepalíes indocumentados que las autoridades de Estados Unidos arrestaron en sus fronteras pasó de 5 en 2007 a 336 en 2019, con un pico en 2018, cuando hubo 719 detenciones, según datos del US Border Patrol. Otra evidencia del aumento del flujo migratorio asiático lleva el sello de Bangladesh. En 2007, la patrulla fronteriza estadounidense detuvo a 30 bangladesíes cruzando de forma irregular, mientras que el año pasado arrestó a 1 240.

Un cable diplomático de diciembre del 2009, enviado por la entonces embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Jean Stephenson, da una mejor idea del ritmo en que ha venido aumentando la inmigración extracontinental por América Latina en la última década. 

En el telegrama, publicado por la plataforma WikiLeaks, Stephenson advertía al Departamento de Estado que el número de inmigrantes africanos interceptados en Panamá ese año había aumentado seis veces, llegando a las 96 personas, en su mayoría somalíes que se dirigían a Estados Unidos. “El problema tiene implicaciones para el esfuerzo de asegurar nuestras fronteras extendidas”, anotó la diplomática. 

El año pasado, al cumplirse una década desde la advertencia de Stephenson, Panamá registró el paso de casi 10 000 inmigrantes de Africa y Asia.

En años recientes, según fuentes policiales, aumentó el uso de documentos genuinos como visas y pasaportes, que los inmigrantes obtienen de forma fraudulenta, algo que complica la detección de anomalías, hacen más difíciles los operativos y distorsionan los registros migratorios.  

Las crecientes restricciones de países como Estados Unidos, que disminuyó su cuota de admisiones para refugiados de 110 mil al año en 2017, a 18 000 para el año fiscal de octubre de 2019 a septiembre de 2020, también fuerzan a la gente a buscar salidas desesperadas y costosas en manos de criminales. Esto se restringió aún más con la pandemia del Covid-19: a fines de abril, el país anunció el cierre total de fronteras, aún para refugiados ya admitidos, con muy pocas excepciones.

El número de personas que se presenta en las fronteras de Estados Unidos para pedir asilo –y que llegaron hasta allá muy probablemente por tratos con los traficantes –ha aumentado por ocho años consecutivos, hasta alcanzar casi los 140 mil de todas las nacionalidades en 2017. Y entre los que pidieron asilo, como medida defensiva, después de que los hubieran detenido sin papeles, más de seis mil provenían de India y de China. En 2018 bajó un poco, a raíz de un discurso cada vez más xenófobo del gobierno Trump y el hecho de que impusiera a sus vecinos del sur políticas muy restringidas para ir hacia el norte.

Entre más migrantes se ven forzados a cruzar América, con la esperanza de obtener asilo una vez en suelo estadounidense, más tienen que valerse de traficantes y coyotes, y estos, a su turno, engordan sus ganancias.

Las utilidades del negocio

La investigación policial de otro caso en Brasil arroja luz sobre la dimensión de las utilidades del tráfico de personas, y los métodos que tienen para mover el dinero y documentos sin problemas, a través de fronteras.  

Saifullah Al Mamun, ciudadano bangladesí residente en São Paulo desde hace seis años, es un gran contrabandista de personas. Uno de los mayores del mundo, según las autoridades brasileñas. Fue arrestado con otros socios el 31 de octubre pasado, acusado de operar una “extensa red de lavado de dinero”, a través de un sistema de testaferros y personas jurídicas. Incluso, utilizaba la identidad de los propios migrantes que movilizaba para falsificar documentos, crear cuentas bancarias y evadir la vigilancia policial.

Su actividad criminal se inició y desarrolló aquí en São Paulo (…) la ciudad principal en la que estos contrabandistas realizan sus actividades criminales”, dijo el delegado de la Policía Milton Fornazari Jr., en la ya mencionada entrevista a Profissão Reporter.

Al Mamun cobraba US$11 000 por llevar a inmigrantes de Bangladesh hasta Estados Unidos. También cobraba unos US$6 000 solo por traerlos a suelo brasileño con carné de extranjero y otra documentación falsa incluida. 

Según documentos judiciales, Al Mamun recibía los pagos por medio de testaferros, en cantidades fraccionadas, a cuentas bancarias a nombre de otros inmigrantes y por transferencias desde agencias bancarias en ciudades fronterizas brasileñas, especialmente Marechal Cândido Rondon, Cruzeiro do Oeste y Cianorte en el estado de Paraná, cerca de Paraguay. También, por medio de terceros, el bangladesí distribuía el dinero hacia otras células de traficantes en diferentes países. 

Un documento, al que CLIP tuvo acceso, detalla 222 envíos de dinero de Saifullah Al Mamun a personas en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Durante una llamada telefónica interceptada por la policía en mayo de 2018, Al Mamún reveló, sin saberlo, que dirigía un equipo de doce personas.  

Las autoridades brasileñas bloquearon 42 cuentas bancarias de este grupo de traficantes. “Pero aún no hemos podido identificar todo el patrimonio, dada la extrema profesionalización de la célula de lavado de dinero”, dijo Fornazari.

Ofrecían sus servicios sobre todo a ciudadanos de Afganistán, Nepal, Bangladesh, India y Pakistán. Contaban con la colaboración de un abogado brasileño –también detenido en octubre– para tramitar solicitudes de refugio a nombre de los inmigrantes en forma fraudulenta, incluso sin estar en Brasil.

“Este grupo es extremadamente articulado aquí. Hacía contacto con inmigrantes a través de las más diversas herramientas tecnológicas, vía WhatsApp, una aplicación llamada IMO o vía Skype”, explicó Fornazari. 

Entre los documentos que ofrecía Al Mamun para traer inmigrantes a América, hay pasaportes bolivianos y visas y sellos falsos de Ecuador en pasaportes auténticos. Para esto, Al Mamun reclutó a un secretario del consulado de Ecuador en São Paulo, con quien se reunió a inicios del 2019, según registró la policía. Pese a las pesquisas policiales en Brasil, ese funcionario seguía en la planilla del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en diciembre pasado.

CLIP envió varias preguntas sobre las actividades del secretario a la Cancillería ecuatoriana y a su vocera, y aunque insistimos, la entidad no respondió.  

Al Mamun también conseguía falsas tarjetas brasileñas de extranjero y con ellas obtenía visas venezolanas, que luego enviaba por correo al sur de Asia. Allí, los traficantes las pegaban en los pasaportes de los inmigrantes, quienes viajaban a Venezuela para luego cruzar a Brasil, pasando por la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima. Luego, se dirigían a Perú para continuar hacia Estados Unidos. 

“(La de Venezuela) es una ruta con mucho menor tráfico (…) diversifican el camino de entrada ilegal a Brasil, para no concentrar la actividad de manera que pueda atraer la atención de la inspección brasileña”, explicó Fornazari. 

También reciclaron algunos documentos fraudulentos. En algunos casos la policía pudo comprobar que, una vez que los inmigrantes entraban a Brasil, los traficantes desprendían las visas brasileñas de los pasaportes y las enviaban por correo a África, donde se colocaban en nuevos pasaportes para traer a más personas. 

La banda de Al Mamun proporcionaba cartas de tripulante marítimo (seaman’s book) apócrifas, para permitir la entrada de inmigrantes sin la necesidad de una visa brasileña.

Una de las personas que viajó a Brasil con un permiso marítimo es Nabin Gurung, un nepalí originario de Kushma, un pequeño pueblo al oeste del país. Gurung, de 37 años, atravesó el continente americano durante casi tres meses en 2018. Llegó a Estados Unidos sólo para ser detenido y enviado de regreso a Nepal. 

De regreso en Kushma, Gurung contó al periodista Deepak Adhikari, quien participó en esta alianza, que pagó USD$44 000 a diversos grupos de traficantes, dinero que pidió prestado y aún debe. Primero viajó a Nueva Delhi, India, a un hotel en el distrito turístico de Paharganj. Luego a Etiopía, donde los nepalíes pueden entrar sin visa. Desde Adis Abeba voló con otros tres compatriotas a São Paulo, donde los recibió un hombre brasileño.

Expertos policiales internacionales consultados por CLIP, quienes hablaron off the record, confirmaron, que, en efecto, una de las principales vías que usan los inmigrantes para entrar a Brasil es el vuelo de Ethiopian Airways, que conecta diariamente a la capital etíope Adis Abeba con São Paulo.

Otro migrante de Bangladesh que entrevistó esta investigación en enero de 2020, en la frontera de Colombia con Panamá, dijo que su hermano había pagado unos US$18 000 dólares por llevarlo a Estados Unidos. Aseguró que salió de su país a Nueva Delhi, y de ahí Adis Abeba en “un vuelo muy largo” y que aterrizó en el aeropuerto de “una gran ciudad”, sin saber cuál era. Del avión lo bajaron y lo subieron directamente a otro, sin entrar al aeropuerto, y de ahí voló a Ecuador. 

Nabin Gurung contó que en Brasil la red de tráfico era liderada por bangladesíes, aunque su “agente” en ese país resultó ser de Nepal. “Tuve que gastar como $500 en Brasil, durante los cinco días que estuve ahí. Los contactos, fueran nepalíes o brasileños, estaban determinados a extorsionarnos”, aseguró.

Una buena parte de los inmigrantes que movía la red de Al Mamun volaba a São Paulo y luego a Rio Branco, en el estado fronterizo de Acre, al norte de Brasil. El vuelo hasta Rio Branco tarda unas cuatro horas, aunque otros inmigrantes viajaron por tierra durante varios días, como lo hizo Gurung. Allí, la red enviaba los nombres y fotos de las personas que llegarían a Acre a taxistas contratados para que los llevasen a la frontera con Perú. 

En São Paulo, Al Mamun operaba la agencia de viajes BD Tour Ltda, que proveía pasajes aéreos a los inmigrantes para enviarlos a Rio Branco o a otros países. Al Mamun también movió dinero mediante un contrato de cambio de divisas a nombre de su empresa con la entidad financiera OM Distribuidor de Valores y Valores, y ésta le facilitó el envío de dinero a otros asociados a lo largo de la ruta ilegal a Estados Unidos.  

La firma financiera rescindió el contrato al descubrir que Al Mamun utilizaba el nombre de terceros para cambiar las divisas, según un documento policial.  

Las autoridades estadounidenses, que colaboraron con la Policía Federal brasileña, abrieron una causa contra Al Mamun y otros presuntos traficantes. El caso se tramita en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. 

Uno de los acusados es Moktar Hossain, alias Ricky o Carlos, un ciudadano bangladesí a quien le atribuyen ser el contacto de la red en Monterrey, México. Proveía habitaciones de hotel a los inmigrantes y pagaba choferes para llevarlos hasta el Río Grande, donde cruzaban a Estados Unidos. En agosto de 2019, Hossain, quien había sido detenido en Houston, se declaró culpable por el delito de tráfico de personas.

Ali Ibrahim, un migrante somalí detenido en Texas en mayo de 2018 por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), contó que pagó cerca de US$10 000 a lo largo de su viaje a ese país, de esos pagó US$4 500 a una persona en Etiopía por la compra de un pasaporte somalí falso con una visa brasileña, con la que viajó al aeropuerto Guarulhos de São Paulo. Ibrahim aseguró que Abdifatah Hussein Ahmed, el traficante surafricano que vivía en Brasil, mencionado al comienzo de esta historia, lo recibió en su casa y le retuvo su pasaporte durante siete días. También que fue él quien le hizo puente con otra persona que lo recibió en Perú.  

Las autoridades brasileñas tuvieron acceso a los estados de cuenta de Hussein Ahmed y su socio Abdessalem Martani en la compañía de remesas MoneyGram. Encontraron transferencias de dinero a la ciudad fronteriza de Reynosa, México; Apartadó, Colombia, cerca a la frontera con Panamá; y a Ciudad de Panamá, así como envíos a Liberia y Santa Cruz, ciudades fronterizas con Nicaragua al norte de Costa Rica.   

CLIP y sus aliados hicieron un cálculo, muy aproximado, sólo para dar una idea de las cifras que mueve el negocio. Se basó en estadísticas oficiales que recabaron los socios de Migrantes de Otro Mundo en varios países y en las múltiples fuentes consultadas. Calculamos que podría estarles produciendo ingresos a los traficantes entre los 176 y los 326 millones de dólares al año. Si estas cifras yerran es por lo bajo, porque no incluyen pagos adicionales que deben hacer a coyotes y otros guías locales. Así sucede, por ejemplo, en Colombia y en Panamá. Tampoco tienen en cuenta pagos obligados a los gobiernos, como en Nicaragua, para obtener los permisos de paso. 

Además, el flujo constante de migrantes extra-continentales por América Latina, les dejan ganancias adicionales a hoteles, transportistas, estafadores, comerciantes, asaltantes y funcionarios corruptos, imposibles de calcular. 

Las células en cada país 

Aunque desde Brasil se coordina buena parte de estas operaciones, cada célula en los países por donde transitan los inmigrantes tiene sus propias estrategias, precios y aliados locales. Y en algunos casos, las ciudades latinoamericanas son el destino final. 

Argentina, por ejemplo, desde los años noventa, ha sido destino de inmigrantes primero de Malí y después de Senegal. Los pioneros tuvieron mayor suerte con sus negocios y sus éxitos atrajeron a otros. Hoy siguen llegando y se asientan sobre todo en la capital Buenos Aires, además de La Plata y las ciudades costeras de Bahía Blanca y Monte Hermoso.  

En marzo del 2019, la Policía Federal de ese país arrestó a tres senegaleses, acusados de integrar una red de tráfico internacional de migrantes: Ibou Diagne y los hermanos Amar Dieng y Nar Dieng.  

Dijo la policía que ellos cobraban unos US$6 000 por el viaje a Argentina y que compraban  pasaportes de la República de Gambia con nombres modificados, que los senegaleses utilizan para viajar – vía España o Francia– a Ecuador donde hasta agosto del año pasado los gambianos no necesitaban visa. De Ecuador viajaban a Perú y luego a Rio Branco, Brasil. Aunque algunos se quedan en Brasil, la mayoría viaja por tierra a Paraguay para entrar a Argentina a través de El Dorado (provincia de Misiones) por pasos fronterizos no autorizados.

Una revisión detallada del caso que hizo Cosecha Roja, socio de esta alianza periodística en Argentina, pone en entredicho qué tanto Diagne y de los hermanos Dieng son los peces gordos de este tráfico. Por ejemplo, encontró que la Cámara Federal de Apelaciones excarceló a Ibou Diagne y a Amar Dieng porque cumplían roles muy menores como para perder la libertad y, si bien confirmó la prisión para Nar, puso en duda que se hubiera probado que los senegaleses fueran traídos con la obligación de trabajar en sus comercios. 

Puertas abiertas 

Ecuador ha sido otro importante punto de entrada a América. El expresidente Rafael Correa instauró en 2008 una política de puertas abiertas, que no les exigía visa a pasajeros de casi ninguna nacionalidad. Sin embargo, como sus vecinos no compartían esa política de libre movilidad a los viajeros, los negociantes en tráfico de personas no sólo pudieron seguir cobrándoles caro a los migrantes para llevarlos a Estados Unidos, sino que usaron a Ecuador como fácil puerta de arribo. 

En vista del abuso a su generosidad, Ecuador fue cerrándose. Primero restringió 12 nacionalidades en 2010, y a partir de agosto de 2019, lo extendió a otras 12, entre éstas a personas con pasaportes de Camerún, Angola, Gambia, Ghana y Guinea. Estas nacionalidades están entre las doce que más frecuentemente están tomando hoy la ruta latinoamericana para ir a Estados Unidos o Canadá, según el hallazgo de Migrantes de Otro Mundo.

Entre agosto de 2014 y agosto de 2019, la Fiscalía General de Ecuador recibió 746 denuncias por tráfico de migrantes. En septiembre del año pasado, la policía de ese país desarticuló una célula de traficantes integrada por cuatro ciudadanos de Yemen y dos ecuatorianos, que operaban en Quito y en el cantón de Lago Agrio, en la frontera con Colombia.  

Los yemeníes coordinaban el viaje de los inmigrantes, mientras que sus socios locales conseguían visas de trabajo, permisos de residencia y cédulas ecuatorianas fraudulentas, así como falsos certificados laborales o documentos académicos. La policía les decomisó pasaportes de Sri Lanka, Sudán y la India, entre otros. 

Fuentes de organismos internacionales de inteligencia consultados por CLIP explicaron que ningún país latinoamericano suele reportar participación en estas bandas criminales de gente con poder o acceso a altas esferas políticas. 

Una excepción podría ser Colombia. En 2018, las autoridades de ese país arrestaron en Bogotá al exsenador Félix Salcedo Baldión, a quien acusaron de utilizar empresas de papel y su propio nombre para extender cartas de invitación y referencias ante distintos consulados, con el fin de lograr visas para inmigrantes de la India, a quienes falsamente identificaba como empresarios.

Junto a Salcedo, la policía colombiana investigó a seis personas, entre ellas Yasmín Eliana Serrada Bautista, ex cónsul de Colombia en República Dominicana, a un cantante de apellidos Pavón Lineros y a un ecuatoriano de apellidos Huamán Miranda, considerado el líder del grupo, que tenía contactos con otros traficantes en Perú y Honduras. 

Una de las llamadas interceptadas entre Salcedo y Huamán Miranda dejan ver que el exsenador sospechaba que la policía le seguía la pista: “Tengo que comentarle personalmente una cosa, no puedo mandar más cartas, me pasaron un dato de un amigo que tengo allá en el ministerio, yo lo ayudé a meterse ahí. No se qué ha pasado, pero me tienen rechillando por allá, no quiero tener problemas. Lo que sea verbal yo lo hago, lo que tenga que dejar en ese tipo de documentos no puedo dejarlos, eso es una evidencia en contra mía”, dijo Salcedo a Huamán. 

Durante la investigación, la policía logró probarle (con audios grabados)  73 giros que Félix Salcedo envió y recibió por 12,087,540 pesos colombianos (unos 4 mil dólares de 2018), por pagos de documentos y visas. Salcedo, quien fue legislador por el departamento del Norte de Santander hace treinta años, la policía lo acusa de utilizar influencias políticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en sus dependencias de migración y en el consulado colombiano en República Dominicana, donde se emitieron varias visas para ciudadanos de la India. 

Esta alianza periodística trató de comunicarse con Salcedo para que diera su versión sobre los hechos, pero no fue posible localizarlo ni contestó los mensajes que se le enviaron por Facebook.

En 2019, el Juzgado 21 Penal del Circuito condenó a Salcedo y a una abogada de apellido Muñoz Parra a 62 meses de prisión por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. Baldión está bajó arresto domiciliario mientras se resuelve una apelación de su abogado para que pueda cumplir toda la pena desde su casa, según informó la Fiscalía General de Colombia.  

El tráfico de migrantes en Colombia, dijeron las autoridades de migración, dejó de ser tan buen negocio desde que volvieron a legalizar la entrada de quienes vienen de paso, camino al norte. La decisión se tomó en 2019, luego de un naufragio en el que murieron 21 personas, entre ellas diez niños, en el Golfo de Urabá, cerca de la frontera con Panamá. La nueva norma invita a los migrantes a presentarse a las oficinas de Migración en dónde les tomas los datos, huellas e iris del ojo. Se contrasta la información con las bases de datos de la Interpol, y si no tienen antecedentes criminales, se les otorga un salvoconducto para salir del país. 

 Nueve de cada 10 inmigrantes que entran a Colombia lo hacen por tierra, principalmente por la ciudad de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Cuando las autoridades colombianas intensifican los controles en esa zona, los inmigrantes se ven obligados a buscar rutas más complejas pasando a Venezuela desde Brasil, según explicó a CLIP Wilson Patiño, director de Migración de Medellín. 

Autobuses que se han especializado en proveerle el servicio a los migrantes, los llevan en buses que no se detienen, salvo para recesos cortos, por 30 o más horas desde la frontera con Ecuador hasta Medellín, o directamente hasta Necoclí, en el Golfo de Urabá, muy cerca a la frontera con Panamá, como nos informaron varios migrantes que entrevistaron Semana y CLIP, socios de esta alianza. El paso que sigue a Panamá es la “completa muerte”, como dijo Samuel Eyong Beyong, un camerunés que entrevistó la Revista Factum, socio de esta alianza, en Choluteca, Honduras en febrero pasado. 

“A mí me robaron”, dijo Beyong, quien viajó con su esposa embarazada y dos niños pequeños. “Me quitaron $1 200. Son una mafia de ladrones. Desnudaron a todo el mundo para buscar el dinero. Tuvimos suerte en esa jungla, pues solo tomaron el dinero. En algunos otros grupos violaron a las niñas e incluso le dispararon a alguien”.

Los ataques contra los inmigrantes en esa zona inquietan al “clan del Golfo” (también conocido como “autodefensas gaitanistas” o “clan úsuga”), el mayor grupo narcotraficante en el país, que utiliza el Darién para transportar droga y armas, según coincidieron varias fuentes. Los narcotraficantes saben bien que los robos y las muertes llaman la atención de la prensa, y se les “calienta” la zona. Por eso, han amenazado de muerte a quienes atenten contra los inmigrantes. 

Los grupos que se dedicaban a asaltar, o son más cuidadosos o han reducido esa actividad ilícita”, dijo Leonardo Altamiranda, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Urabá, cerca a la frontera. “Este año, las autodefensas gaitanistas repartieron un panfleto en Capurganá (otro pueblo de paso de los migrantes en el Golfo de Urabá), advirtiendo que aquella persona que atentara contra los migrantes, que los robara o violara a las mujeres, la iban a matar”. 

En Capurganá, la última población sobre el Golfo de Urabá, desde donde parten los migrantes a pie para atravesar la selva del Darién hacia Panamá, varias fuentes nos dijeron que el clan le dio a una organización comunitaria la responsabilidad de llevar a las personas hasta Panamá, y les autorizó a cobrarles 70 dólares por cabeza. Si hay quejas, no obstante, estos guías pagan con su vida. 

“Los llevan hasta cierta parte para que no se pierdan por el tapón del Darién. Anteriormente ellos iban solos. Desde que se organizó ya no se habla de muertes, o de atracos”, dijo a esta alianza periodística un hombre que conoce bien lo que pasa en el lugar y que por seguridad pidió no revelar su nombre.  

Centroamérica: grupos bien organizados 

La corrupción, sobre todo en mandos medios de agencias policiales y guardias fronterizas, permite que estos grupos movilicen migrantes a través de fronteras y aduanas. 

En Costa Rica, a finales de 2018 la policía desarticuló una banda de traficantes, entre ellos a cinco funcionarios de Migración y a un oficial de la Fuerza Pública. Y el año pasado las autoridades costarricenses arrestaron a 38 personas involucradas en una red de tráfico. Fue un operativo conjunto con la policía de Panamá, donde detuvieron a otras 10 personas. A mediados de 2019, seguían investigando a varios funcionarios públicos por su posible participación en el negocio, explicó a CLIP la fiscal costarricense Eugenia Salazar. 

Los Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en Costa Rica toman los datos de los viajeros y les dan un permiso de tránsito temporal para atravesar el país. Muchos lo hacen por su cuenta, en transporte público. Aunque las autoridades saben que los Catem son blanco de las redes de tráfico, porque tienen garantía de un flujo grande de potenciales clientes. Incluso, han identificado migrantes que buscan reclutar a otros, ofreciéndoles el viaje “gratis” a cambio.  

Varios inmigrantes entrevistados en Estados Unidos, como parte de la investigación contra Abdessalem Martani, declararon que en Costa Rica su principal contacto era una mujer apodada como “Mamá África”. En el país centroamericano, así es como conocían a Ana Yancy López Martínez, una mujer de origen nicaragüense que vive en La Cruz, cerca de la frontera con Nicaragua, desde hace 12 años. Ella fue arrestada por la policía local en julio de 2019, junto a otros 37 sospechosos de conformar la célula local de tráfico de personas, entre ellos un funcionario del Ministerio de Salud de ese país. 

Según el expediente judicial, López era la líder el grupo y coordinaba el paso de migrantes con coyotes en otros países, además los ocultaba y les proveía de alojamiento, incluso en su casa. La policía también señaló a su esposo, un inmigrante de Ghana, Adnan Abdul Wahab, conocido como ‘Mohamed’, actualmente preso en Estados Unidos, quien presuntamente participaba en el negocio. Entrevistada por La Voz de Guanacaste, a donde cumple arresto domiciliario, López aseguró que no era traficante de personas y que brindaba ayuda a quien se lo pidiera, sin cobrarles. 

Según pudimos constatar, ese nombre de “Mamá Africa” se lo dan a contactos locales que ofrecen alojamiento o prestan las cuentas a los viajeros para que sus familias les envíen el dinero que les exigen coyotes a cada tramo. Es un nombre fácil de recordar para cualquiera. Hay otra “Mamá Africa”, arrestada en Colombia, cerca a la frontera por las mismas razones que López. Otras fuentes aseguraron en Colombia, que estas mujeres humildes empiezan dándoles alojamiento y apoyo a los viajeros, y muy pronto las redes criminales les ven su utilidad y las enredan en sus telarañas.

Un informe de inteligencia del 2016 de la policía hondureña, al cuál CLIP tuvo acceso, presenta otro buen retrato de cómo funcionan las células locales en Centroamérica. Pone al descubierto la estructura de una red de traficantes que operaba en Guatemala, con aliados en Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Recibían inmigrantes provenientes, en su mayoría, de Brasil. 

El grupo lo lideró el peruano Luis Leonardo Mejía Pasapera, actualmente preso en una cárcel guatemalteca. Mejía fue deportado de Estados Unidos a Perú en 2008, imputado por cargos de narcotráfico, pero terminó apareciendo luego en el municipio de San Marcos, al noroeste de Guatemala, con documentos falsos. 

Según las autoridades guatemaltecas, Mejía y otros 11 miembros de la banda ingresaron en sus cuentas un total de 30,244,437 quetzales (equivalentes en 2016, cuando sucedieron los hechos, a unos US$4 millones) provenientes del tráfico de personas durante siete años. 

Esta alianza periodística intentó conversar sobre estos hechos con Mejía a través de su abogada, Ana Eugenia Ávila, pero dijo que no podía referirse al tema. 

Las conversaciones interceptadas a este grupo guatemalteco revelan que cobraba entre 1 750 y 2 200 dólares a cada persona para llevarlas desde Panamá hasta Tapachula, México. A los inmigrantes les asignaban un número, que estos llevaban anotado en un papel, para identificarlos ante los cómplices en cada país.

A los inmigrantes de la India, dice el informe policial, les cobran más, pues los consideran “de buena paga”. Un traficante hondureño, llamado Manuel Antonio Pérez Sánchez, aseguró en una llamada en 2016 que a los indios “no los lleva nadie por menos de US$10 000”, aunque él pidió US$8 000 por llevarlos desde Choluteca, Honduras hasta Houston, Estados Unidos, según una llamada interceptada por la policía. 

La investigación reveló que este grupo había reclutado a funcionarios hondureños de Migración en la estación de Choluteca, quienes simulaban detener a los inmigrantes para transportarlos por su cuenta hasta Tegucigalpa. A cambio, los oficiales pedían 1 500 lempiras por persona (unos 66 dólares del momento). 

Un integrante de la banda era un inspector de Migración en Tegucigalpa de apellido Sierra Landa, alias ‘teniente Sierra’. Este cobraba para aprobar salvoconductos que permitían a los inmigrantes salir de Honduras sin problema, según los documentos judiciales que revisó CLIP. 

Al teniente Sierra le interesaba, sobre todo, agilizar el trámite para inmigrantes de Nepal, Túnez, Pakistán y Somalia. Según el informe, a Sierra se le conocía con el sobrenombre de “veinte por cabeza”, porque supuestamente cobraba US$20 a cada persona por entregar el salvoconducto en un plazo máximo de seis horas. El funcionario fue despedido del Instituto Nacional de Migración de Honduras en marzo del 2016, mientras las autoridades lo estaban investigando. 

Según una llamada interceptada en la investigación, la red presuntamente tenía un cómplice en el albergue de la organización La Casa del Migrante, en Guatemala, a quien pagaban $5 por cada persona que alojaba sin anotarla en sus bitácoras. Así, evitaban dejar rastros en los hoteles de la capital guatemalteca. 

CLIP preguntó a Carlos López, administrador de la Casa del Migrante si conocía de esa situación. Él aseguro que nadie de esa organización recibió dinero de los traficantes. 

Hace un par de años varias personas se presentaron preguntando si podían pagar por atender inmigrantes, pero les dijimos que no podíamos entrar en negociaciones de ese tipo, porque nos convertiríamos en apoyo de esas redes. Aquí nadie recibió pagos o sobornos”.

López contó que durante unos meses en esa misma época aceptaron inmigrantes que las autoridades de Migración les enviaban, pero dejaron de hacerlo al sospechar que esos movimientos eran parte de una red de tráfico de personas. “Estábamos siendo utilizados por esas redes, que están enquistadas en las autoridades migratorias. Decidimos decirles que ya no”, explicó.

 México, tierra de secuestros

 México es la última grada antes de llegar a Estados Unidos, pero no por ello la más expedita. Los crecientes esfuerzos del gobierno mexicano –presionado por Donald Trump– para bloquear su paso, les ha cerrado las puertas a la posibilidad de migrar legalmente, y los empuja cada vez más a buscar caminos clandestinos y caer en manos de criminales violentos.  

 Esto quedó en evidencia en el relato de inmigrante yemení Mohamed Salah Ali Salah, a quien detuvieron en Estados Unidos el año pasado, tras viajar desde Brasil mediante la red de tráfico liderada por Abdifatah Hussein Ahmed. Salah narró a las autoridades estadounidenses que, en marzo de 2019, al llegar a Reynosa, México, la policía lo arrestó junto a otro grupo de personas, los golpeó y les pidió dinero. Luego los entregó a la mafia local, que les exigió US$2 000 por llevarlos a McAllen, Texas, otros US$3 000 para ir a Houston y US$3 000 más a Canadá. 

 La Policía Federal brasileña sospecha que los líderes de la red en Brasil sabían del secuestro y la extorsión de Salah, pues en esos mismos días los grabaron conversando sobre la necesidad del pago no planificado antes de que un grupo de migrantes pudiese continuar el viaje de Reynosa a McAllen, y de allí a Houston y luego a Canadá.

 “El relato y el modus operandi del secuestro encajan perfectamente con el diálogo (entre los traficantes), no hay otra explicación razonable para el requisito de pagar más dinero en la frontera entre México y Estados Unidos, aparte del pago del rescate por secuestro”, escribieron los investigadores. 

 Ya hemos visto en otras investigaciones que los traficantes de personas a veces terminan asociándose con los carteles de la droga en México y eventualmente participan de los secuestros”, explicó el jefe policial Milton Fornazari. 

El grupo liderado por Hussein Ahmed tenía un contacto en McAllen, Texas, a quien solo identificaron como “Karim”, un ciudadano argelino. Este acompañaba a los inmigrantes en su viaje hasta Houston. Según declaraciones de los propios traficantes, Karim fue capitán en el ejercito de Argelia entre 1991 y 2005.

En México operan tanto coyotes locales como extranjeros. En relatos de inmigrantes y documentos policiales aparecen los nombres de traficantes de India, Nepal, Siria, Pakistán y Líbano, entre otras nacionalidades, domiciliados en suelo mexicano. 

Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, es considerado el centro de operaciones de los traficantes locales. Manejan una red de hoteles y contactos con funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano, que cobraban por emitir salvoconductos para cruzar el país, una vía legal que el gobierno eliminó en julio del 2019, lo que hizo aún más difícil el tránsito de los migrantes. Muchos quedaron varados en el sur de México, lo que generó tensiones y enfrentamientos con la policía local. 

En Tapachula, además, pueden obtenerse tarjetas de residente falsificadas por 500 dólares. Un equipo de Animal Político, que participó en esta investigación, pudo ver uno de estos documentos que fue adquirido por un ciudadano cubano, con quien se entrevistó en un hotel local. Su baja calidad hizo que no le sirviese para atravesar los retenes instalados en el exterior del municipio.

Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM, contó que otra forma de ingresar a México es por medio de solicitudes de trabajo realizadas desde los países de origen y que cuentan con el apoyo de empresas fantasma y oficiales públicos coludidos en México. 

Guillén reconoció la existencia de funcionarios ligados a redes de corrupción. Aseguró que durante los siete meses que duró su mandato, entre diciembre de 2018 y junio de 2019, fueron despedidos de sus puestos cerca de 500 oficiales del INM.

Josep Pele, un periodista migrante de la República Democrática del Congo, quien colaboró con esta alianza con reportajes en Tapachula, llegó a México en julio de 2019. Él aseguró haber tenido que pagar 100 dólares por cada miembro de su familia para poder quedarse en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula.

En ese país, algunos coyotes terminan incumpliendo su trato de llevar a los migrantes hasta donde les han prometido, tal como le pasó a Harpreet Singh, cuyo nombre hemos cambiado para proteger su identidad. Es un joven de 23 años oriundo de Behrampur, en el estado de Punyab, al norte de la India. El año pasado pagó cerca de US$30 000 para viajar a Estados Unidos a través de Brasil. Su destino era Nueva York, según contó a un reportero de The Confluence, India, colaborador en esta investigación. 

Poco después de llegar a México la policía lo detuvo y lo llevó a Tapachula, a donde le prohibió abandonar la ciudad. Allí estuvo durante mes y medio hasta que se cansó de esperar la ayuda del coyote al que había pagado inicialmente, un hombre de ciudadanía india, conocido como “Max”, quien además administraba el hostal Hakeemi, donde Singh se hospedó, cerca del parque central de Tapachula.

Singh decidió buscar a otro coyote, un pakistaní apodado “Ali”, a quien pagó algo más de 2 000 dólares para que lo llevase al norte de México. “Nos enviaron en carro. Nos hicieron cambiar de vehículo como 50 veces”, dijo. 

En Veracruz su grupo fue interceptado por las autoridades. Lo llevaron a la Estación Migratoria de Acayucán, donde estuvo mes y medio, hasta que lo deportaron junto a 310 inmigrantes de la India, en octubre de 2019, en una acción inédita del gobierno mexicano que muestra la creciente presión del gobierno estadounidense para que impida el paso de los migrantes a su territorio.

Pisar suelo estadounidense tampoco ofrece garantías, no solo por la probabilidad de ser detenido por la patrulla fronteriza, sino por el peligro físico que corren las personas cuando los coyotes los abandonan en el desierto. 

En junio de 2019, una niña de seis años originaria de la India, Gurupreet Kaur, murió por un golpe de calor en el desierto de Arizona después de haber cruzado la frontera. La niña viajaba con su mamá y otras tres personas. Los coyotes los obligaron a bajar del carro en una zona remota al oeste de Lukeville un miércoles en pleno verano, cuando la temperatura superó los 42°C. 

Gurupreet, originaria de la villa de Hasanpur, al norte de la India, intentaba reunirse con su padre, quien vivía desde hace algunos años en Nueva York, donde tenía pendiente una petición de asilo para él y su familia. En cambio, murió sin su familia, en el desierto de Sonora, mientras su mamá intentaba encontrar agua. 

Así es como miles de inmigrantes, entre ellos niñas como Gurupreet, son exprimidos por los traficantes de personas en América Latina. La falta de coordinación intergubernamental y los constantes cambios de la legislación en distintos países, según la ideología y los gobernantes de turno, y la decisión del actual gobierno estadounidense de cerrar las oportunidades de migración legal a ese país, y obligar a varios países centroamericanos a “frenarle” a los migrantes, fuerzan a más personas a buscar caminos clandestinos de la mano de traficantes y coyotes, cuyos negocios en América Latina han venido prosperando al mismo ritmo que crece la migración transcontinental. 

Perseguidos, los inmigrantes no tienen otra opción que pagar miles de dólares para aventurarse en un peligroso y largo viaje clandestino que puede costarles la vida. 

“Están pasando por nuestros ojos familias enteras. Cada país tiene leyes que en lugar de favorecer el tránsito de los migrantes, lo entorpecen y ocasiona muertes”, dijo el sacerdote Aurelio Moncada Cardona, cura de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Capurganá, Colombia, un pueblo pegado a la selva del Darién por donde los migrantes pasan clandestinamente a Panamá. 

A esto se le suma la corrupción en algunas instituciones y el poder de las mafias del narcotráfico en países como Colombia y México, que aprovechan el flujo migratorio para mover drogas, secuestrar y explotar a las personas. Además, la economía de algunos pueblos fronterizos termina girando en torno a los migrantes, que pagan por servicios, transporte, alojamiento y comida. 

“La migración es un negocio del que comen muchos, tanto autoridades como grupos armados ilegales y la misma comunidad. En Capurganá hay barrios que se han construido con plata que han pagado los migrantes en ese tránsito”, dijo Leonardo Altamiranda, de la Defensoría del Pueblo en el Darién.

Los expedientes policiales dejan ver la facilidad con la que fluye el dinero proveniente de este negocio a través de canales legítimos como bancos, agencias de viaje y empresas de remesas. Ni siquiera las autoridades pueden contabilizar las ganancias que obtienen las células de trafico. Esto contrasta con las crecientes restricciones para los inmigrantes. Casi podría decirse que es más fácil para un delincuente hacerse rico que para un migrante honesto conseguir una segunda oportunidad en otro país. 

Lo que más nos sorprende fue la avaricia, la irresponsabilidad de estos traficantes, a quienes realmente les importa poco la vida de las personas. Escuchamos llamadas telefónicas de los miembros de la organización criminal, burlándose de las personas que murieron en el camino”, dijo el inspector Fornazari. 

Y pese a las barreras y la explotación, cada vez más personas siguen viajando. Los conflictos en sus países, la pobreza y la violencia no cesan. 

Tampoco cesa la globalización de la comunicación. Herramientas de comunicación como WhatsApp, Messenger o Skype les facilita a los coyotes coordinar los viajes y brinda a los inmigrantes una línea de contacto instantáneo entre ellos, para advertir a quienes vienen detrás de los peligros que encontrarán en ese pavoroso viaje. Ya no dependen de papel y lápiz para escribir cartas que quizás nadie encuentre, como la que Faiz Ahmed Jewel, un inmigrante bangladesí, le dejó a su hermano hace cinco años en el muro de una vieja escuela en Puente América, un pueblo fronterizo colombiano en la entrada al Tapón del Darién, y que encontró el periodista de Semana tiempo después. 

“Cuando tomé esta decisión no sabía que era un viaje riesgoso. No le creas a los coyotes, son tramposos y mentirosos. No te explican la verdadera historia de este viaje. Si supieras la verdad, nunca decidirías ir a Estados Unidos, nunca, nunca”. 

 

Migrantes de Otro Mundo es una investigación conjunta transfronteriza realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Occrp, Animal Político (México) y los medios regionales mexicanos Chiapas Paralelo y Voz Alterna de la Red Periodistas de a Pie, Univision Noticias (Estados Unidos), Revista Factum (El Salvador); La Voz de Guanacaste (Costa Rica); Profissão Réporter de TV Globo (Brasil); La Prensa (Panamá); Semana (Colombia); El Universo (Ecuador); Efecto Cocuyo (Venezuela); y Anfibia/Cosecha Roja (Argentina), Bellingcat (Reino Unido),  The Confluence Media (India), Record Nepal (Nepal), The Museba Project (Camerún). Nos dieron apoyo especial para este proyecto: La Fundación Avina y la Seattle International Foundation.

 

Nota explicativa:

Este cálculo surge de la siguiente lógica: los datos oficiales de este grupos de migrantes africanos y asiáticos, que son de las doce nacionalidades que más frecuentemente se registraron por la región en 2019, nos dicen que por lo menos en dos países,  México y Costa Rica, son similares y oscilaron alrededor de los 13 mil. No tenemos forma de saber si son los mismos, por la diversidad de rutas y entradas que tienen estos migrantes transcontinentales que pasan por América Latina rumbo al norte. En México capturaron en total a 13,760 personas en 2019, de todas las nacionalidades asiáticas y afriacanas. (Informe oficial obtenido por Animal Político). Y para septiembre de 2019, las autoridades de Estados Unidos habían capturado ya a casi 14,875 personas provenientes de Asia y Africa.  Además hubo 12,776 nacionales (último dato disponible de 2018) de esos dos contientes que solicitaron y les dieron “asilo afirmativo”. Descontando los chinos que fueron 3,400 y otros de nacionalidades que casi no fueron detectadas pasando por América Latina,  se puede tener una idea de que al menos unas 24 mil personas de nacionalidades asiáticas y africanas intentaron entrar o entraron a Estados Unidos. Eso es dos veces los que en promedio pasan oficialmente por México de las 12 nacionalidades más frecuentes.  Hemos tomado esos dos números el mínimo de 13 mil que son los reportados en al menos dos países, y el máximo de 24 mil que suman los que entraron o intentaron entrar a Estados Unidos.  La proporción en promedio es de 40% africanos y 60% asiáticos (en América Latina los estados registran en promedio mitad africanos, mitad asiáticos, pero en Estados Unidos, es mayor la proporción de asiáticos 80% a 20% de africanos).No todos pagan a traficantes, pero los que lo hacen, entre los que entrevistamos y los que dan cuentas las investigaciones policiales. los asiáticos pagaron en promedio 20,000 dólares por el viaje y los africanos, 4,000. Esto arrojaría una cifra de ingresos para los traficantes entre los 176 y 326 millones de dólares por año. Subrayamos que estos números solo son ilustrativos de cuánto podría valer el negocio visible, pues no tiene en cuenta, como lo muestra esta extensiva investigación, los miles que entran con pasaportes y visas falsas de otros países, los que entran por las islas del Caribe de origen inglés o a Surinam, los que viajan por Cuba opor Venezuela, cuyas cifras desconocemos, y los que viajan totalmente clandestinos e incluso entran a Estados Unidos sin ser detectados.

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