El cielo se abre en lluvia y el techo sobre el asiento número 19 del bus de San José a Nicoya lo imita: sobre mi cabeza (mi ropa, mi computadora) cae el agua como si estuviera a la intemperie. Abro la sombrilla.
“¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Una huelga?”, se queja Marietta Díaz, usuaria frecuente del servicio, mientras espera a que el chofer arregle algún otro desperfecto.
Su pregunta se responde en una retahíla de trámites burocráticos que involucran al Consejo de Transporte Público (CTP) y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y donde las respuestas tardan en llegar.
Si una usuaria como Díaz llegara a presentar la denuncia ante el CTP (que es el encargado de velar por el cumplimiento del contrato), la seguidilla de menesteres burocráticos en el mejor de los casos terminaría con una “fuerte llamada de atención” contra la empresa y ninguna multa.
“El único castigo que existe (en el CTP) es eliminar la concesión y eso solo ha pasado una vez en la historia de este país y fue porque un bus se quemó”, explicó el ex viceministro de Transportes Sebastián Urbina un día antes de ser separado de su cargo, el 23 de junio pasado.
La normativa, dijo el viceministro, no faculta al Consejo a imponerle sanciones a los concesionarios fuera de rescindir el contrato y, para llegar a ese punto, debe acumular al menos tres denuncias de los usuarios contra la empresa.
La Junta Directiva del CTP, que es la que se encarga de renovar concesiones o eliminarlas, está integrada precisamente por concesionarios como los autobuseros y los taxistas, que terminan siendo juez y parte de los conflictos.
Mientras tanto, el concesionario de la ruta San José – Nicoya, Transportes Alfaro, asegura que los buses reciben mantenimiento constante, aunque reconoce que sus buses sufren algunos desperfectos.
Germán Alfaro, vocero de la empresa, comentó que la flota se renueva cada 15 años, tal como manda la legislación y, por lo tanto, no existen motivos para que les eliminen el contrato.
“El bus Chirriche, el de las goteras, fue reparado la semana pasada. El chofer está pendiente de revisar que no hayan quedado filtraciones”, asegura el empresario.
Uno y todos
¿Qué puede hacer un usuario ante el incumplimiento de una empresa proveedora de un servicio público?
El usuario tiene dos caminos. El primero, ante el CTP, y el segundo ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
La ley 7593 de servicios públicos le otorga a los usuarios el derecho a presentar quejas cuando sienten que un servicio es irregular o tiene una tarifa incorrecta.
Hacer valer ese derecho, sin embargo, también es un viacrucis para el usuario, quien primero debe reportar la queja ante la empresa y, si esta no responde en diez días hábiles, puede acudir a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). VEA INFOGRAFÍA.
Carolina Mora, vocera de la Autoridad, confirmó que, desde el 2013, solo se han presentado dos denuncias contra la empresa Alfaro. Cada trámite puede tardar de seis meses hasta un año y la empresa podría ser penalizada con multas entre los ₡2 millones y los ₡8 millones (el máximo permitido por ley).
Mora explica que, aunque los servicios de transporte público suelen ser motivo constante de quejas entre los usuarios, pocas veces llegan los casos hasta las manos de la Aresep.
“Si las quejas no trascienden de la parada de buses, ¿cómo va la Aresep a detectar que hay un mal servicio?”, dice al teléfono la vocera.
El año pasado, este ente regulador penalizó a la empresa Alfaro con una multa de ₡5.086.000, debido al “cobro de tarifas no autorizadas”. Sin embargo, German Alfaro corroboró que el caso fue apelado ante el Contencioso Administrativo, que le dio la razón a la empresa autobusera
Esta nota fue actualizada por el editor.
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