La Defensoría de los Habitantes pidió al Ministerio Público abrir una investigación por la represión a manifestantes durante el bloqueo del día lunes 24 de febrero en la entrada de Chomes, Puntarenas, por parte de vecinos de las comunidades costeras.
Igualmente, solicitó al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, un informe detallado sobre la represión policial que dejó más de una decena de personas golpeadas, incluyendo un anciano y un menor de edad, así como once detenidos.
Luis Gerardo Fallas, Defensor adjunto, dijo en una nota al Ministerio Público que quiere determinar si existió algún abuso de las autoridades durante el bloqueo.
Fallas, pidió que se justifique el uso de gas lacrimógeno, la persecución de las personas y el levantamiento forzoso del cierre que realizaron los oficiales de la Fuerza Pública.
Además, Fallas informó que se solicitó documentación de las negociaciones realizadas con las autoridades de salud para brindar atención médica a las personas detenidas que así lo requirieran.
En la manifestación estaban involucradas al menos 50 comunidades distintas que estaban comprometidas con la aprobación del proyecto de Ley TECOCOS, que si se aprueba, beneficiará a cerca de 60 mil familias que viven cerca de terrenos costeros.
La Defensoria pide realizar la investigación luego de recibir una denuncia de la ciudadana Stella Chinchilla, en la cual ella narra lo acontecido y presenta un video como prueba.
La nota recordó que existía un acuerdo entre fracciones legislativas (excepto el Movimiento Libertario) de pasar tres leyes en este período dentro de las cuales estaba incluida TECOCOS, sin embargo por acuerdo del Poder Ejecutivo, se dispuso aprobar las otras dos dejando por fuera esta ley que es de suma importancia para los habitantes de las zonas costeras de Costa Rica.
“Que como parte de la manifestación, se realizó un bloqueo de carretera, ante lo cual la Fuerza Pública intervino en un inicio negociando con los manifestantes la apertura de uno de los carriles de la carretera, no obstante, a pesar de que los manifestantes cedieron a abrir uno de los carriles, el jefe de la Fuerza Pública dio la orden de que la policía anti motines interviniera, lanzando gases lacrimógenos contra los participantes aún dentro de las instalaciones de la Gasolinera, incluso en uno de los baños donde se refugió uno de los manifestantes, le lanzaron el gas, actuando con evidente abuso policial”, precisó la denuncia.
Asegura la nota que los manifestantes sufrieron agresiones físicas por parte de los oficiales de la Policía y que irrumpieron en un restaurante, ubicado en la misma gasolinera, a pesar de la negativa de la dueña del lugar, atacando a otros manifestantes dentro de los cuales se encontraba un adulto mayor de 75 años llamado Ignacio Velásquez, quien fue agredido físicamente por la policía.
La nota de la Defensoría resalta que dos funcionarios de su departamento fueron a la delegación policial en Chacarita, donde estaban detenidos los manifestantes, para “verificar el estado de las personas detenidas, la atención y el trato que se les estaba brindando,” y que a pesar de que en un principio los oficiales les negaron la información, “luego de media hora de esperar en las afueras, un funcionario que se identificó como asesor legal les brindó alguna información, pero no les permitió observar las condiciones de detención”
La Defensoría también solicitó al ministro de Seguridad Pública un informe detallado en donde, entre otras cosas, se le pide “Explicar técnicamente por qué se decidió utilizar gases lacrimógenos en la cercanía de una gasolinera, una institución educativa y establecimientos comerciales; Explicar legalmente por qué para levantar el bloqueo, se habría decidido perseguir a las personas manifestantes hasta detenerlas, con las consecuentes agresiones para ambas partes; Explicar por qué presuntamente se allanó un establecimiento comercial, sin ningún tipo de orden judicial ni autorización del propietario, o llamada al 911 solicitando auxilio”.
Nota original por elpais.cr
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