Durante el fin de semana anterior, los mineros y otros representantes comunales de Abangares se manifestaron y bloquearon la carretera Interamericana cerca de la entrada del cantón. La razón: los principales compradores de oro quedaron inhabilitados para comercializarlo y la economía del pueblo se desplomó.
El jueves 20 de agosto, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 32 allanamientos y 14 detenciones en Guanacaste, San José, Heredia y Puntarenas por una investigación que iniciaron en abril del 2019 por extracción ilegal de oro en Crucitas. Según la investigación, el oro era trasladado a Abangares para procesarlo y exportarlo principalmente a Estados Unidos.
Desde ese día, el Ministerio Público extendió medidas cautelares a los principales compradores del mineral en Abangares por estar vinculados al comercio ilícito del oro de Crucitas.
Los mineros de Abangares tenían oro pero no a quién vendérselo, lo que desencadenó un problema socioeconómico entre los pobladores, ya que el pueblo depende mayoritariamente de la extracción y comercialización de los yacimientos de oro en los túneles y pozos.
El problema de la compra y venta fue solo el detonante de una serie de reclamos acumulados por los coligalleros en la última década. Cargan con irregularidades en los permisos de explotación de las minas, las concesiones de terrenos, el uso temporal del mercurio para separar el metal de las piedras, la falta de acceso al crédito y seguros de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
El regidor y presidente de la comisión de mineros del concejo municipal de Abangares, Pablo Segnini, dice que un día después de los allanamientos —el viernes 21 de agosto— las organizaciones y cooperativas del oro supieron que entrarían en una crisis por no tener a quién venderle el metal y empezaron a buscar soluciones tocando las puertas del gobierno.
“Se hicieron los contactos para que nos atendieran en el departamento de geología y minas”, relata Segnini. Los mineros, representantes comunales y municipales tuvieron reuniones presenciales y virtuales desde el lunes 24 de agosto con autoridades del gobierno.
Después de 20 días de negociaciones y presiones con bloqueos, sobre todo en la última semana, una comitiva del gobierno se trasladó el lunes 14 de setiembre al cantón para lograr acuerdos con los oreros.
La comitiva estaba integrada por los viceministros de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano Randall Otárola, el viceministro designado de Recursos Naturales Franklin Paniagua, la ministra de Ambiente y Energía Andrea Meza, el ministro a.i. de Comercio Exterior Duayner Salas, el viceministro de Trabajo y Seguridad Social Luis Diego Aguilar Monge, la directora de Geología y Minas Ileana Boschini, la Secretaría Técnica de Setena Cinthya Barzuna y el director nacional de Dinadeco, Franklin Corella.
El viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, Randall Otárola, firmando el acuerdo el lunes 14 de setiembre por la noche, tras más de 20 días de negociaciones entre el gobierno y representantes comunales de Abangares. Foto: Presidencia
El Gobierno firmó diez acuerdos en los que se compromete a regular la actividad para que puedan extraer y a pedirle a instituciones como la CCSS, el IMAS y el ICE que apoyen a los coligalleros. Los coligalleros también asumieron el compromiso de comprar mercurio únicamente de forma legal.
En los acuerdos también se establece que el Minae dará apoyo administrativo y jurídico a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (Uncada), que funcionará como un centro de acopio, para facilitar la comercialización y exportación del oro de Abangares.
La Uncada ya agrupa a 15 asociaciones de desarrollo de todo el cantón. Segnini considera que la propuesta comunal de que sea Uncada la comercializadora del oro le dará un giro al desarrollo del cantón. “Es un proyecto social para que los ingresos queden en la misma comunidad”, le dijo el regidor a La Voz de Guanacaste.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Programa Pronamype, le inyectará ¢100 millones de colones a Uncada y le dará “cooperación técnica” a la agrupación.
El gobierno también formalizará las concesiones de los mineros de la comunidad a través de modificaciones al Reglamento 37225, de la actividad de minería artesanal, de la Ley 8904.
Otros acuerdos incluyen oficios del gobierno al ICE para moratorias de suspensión del servicio eléctrico a familias abangareñas, a la CCSS para que los atiendan y puedan asegurarse, y al IMAS para atender 260 solicitudes de familias en necesidad.
Durante las negociaciones de las últimas semanas, los mineros también se reunieron virtualmente con diputadas y diputados de la Comisión de Guanacaste. A ellos les solicitaron acelerar el dictamen de comisión y posterior discusión del proyecto de ley 21.229 Fortalecimiento y Mejoramiento Ambiental de la Minería Artesanal en Abangares, propuesto por el legislador Welmer Ramos, para dar permisos de exportación de oro a las cooperativas solicitantes de concesiones.
Al proyecto, el Minae le introducirá reformas para incorporar una moratoria de 12 meses para darles permisos de exportación de oro también a las cooperativas. “En un futuro lo veríamos cómo se manejaría [la comercialización] cuando las cooperativas tengan sus permisos de exportación y sus concesiones. Podrían haber convenios entre ellas y la Uncada”, considera Segnini.
El miembro de la Uncada, Alexander Rodríguez, manifestó en una entrevista a Eco Municipal el jueves 17 de setiembre que perciben un gran compromiso del gobierno y de las instituciones estatales para avanzar con el crecimiento de Uncada.
“Desde Dinadeco hay un compromiso total con el proyecto y ayer estábamos con la ministra de Hacienda y con el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC). Si el proyecto fuera solo Uncada no tendríamos capacidad, pero hoy yo creo fielmente en el compromiso del Ejecutivo”, aseguró. “Hoy por hoy, estamos a las puertas de un proyectazo de impacto comunal, social y económico”, agregó.
Tanto Rodríguez como Segnini, del concejo municipal, aseguran que los líderes comunitarios continúan en contacto con representantes del gobierno para verificar el avance de los acuerdos. Segnini espera que la próxima semana se reactive la comercialización a través de la Uncada.
Problemas acumulados
En Costa Rica, extraer oro solo es permitido en pequeña escala en Abangares, en Miramar de Montes de Oro y en Corcovado. El Tribunal Contencioso Administrativo le canceló en el 2015 la concesión a Industrias Infinito, que desarrollaba el proyecto Crucitas de extracción de oro en Cutris de San Carlos, debido a que las autoridades encontraron irregularidades en el otorgamiento de permisos y en la declaratoria de interés público por parte del exmandatario Óscar Arias.
Alrededor de la extracción de oro en Abangares también existen una serie de irregularidades y problemas no resueltos desde gobiernos anteriores, como las concesiones a cooperativas para que extraigan el oro, el uso de mercurio y cianuro como métodos de procesamiento del material y las condiciones de precarización laboral con las que trabajan los coligalleros.
Desde el gobierno de Laura Chinchilla, en el 2010, el gobierno estableció en la Ley 8904 que la extracción de oro en Abangares podría darse siempre y cuando los coligalleros estuvieran agrupados en cooperativas. Además, los mineros tenían del 2010 al 2018 permiso de usar el mercurio para extraer el oro, mientras el gobierno buscaba e implementaba un método de separación distinto.
Como no hubo avances en otras alternativas para extraer el oro, el 4 febrero del 2019, el Minae extendió el uso del mercurio a través de la ley 9662 hasta el 2023.
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