Orlando Ordóñez detiene el vehículo en una intersección y nos dice en voz baja, como para que nadie más lo escuche, que aquí se esconden ellos cuando van a agarrar a los cazadores “con las manos en la masa”. “Les salimos todos de un solo porque si no se nos escapan”.
La caza, la tala y la pesca son ilegales en las 3.030 hectáreas de la Reserva Biológica Lomas Barbudal, a la que solo se puede ingresar para investigarla (aunque hay un pequeño sector en el que se puede hacer turismo). Aquí, este guardaparques y dos funcionarios más invierten 10 de cada 15 días de sus vidas para cuidar el bosque. “Y a veces 11 o 12”, aclara Manrique Montes, administrador y también guardaparques de esta zona protegida.
Los recursos no alcanzan y eso pone en peligro las áreas de conservación y su sostenibilidad”, agrega.
Mientras tanto, a cientos de kilómetros de aquí, los diputados aprueban un proyecto de ley que también pone en riesgo una parte de la reserva pero que, por otro lado, dotará al Estado de recursos para que cuide con más intensidad este bosque.
La ley “Modificación de los límites de la Reserva Biológica Lomas Barbudal para el desarrollo del Proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media del río Tempisque y comunidades costeras (Paacume)” permitirá que se inunden 113 hectáreas —un 3,7% del total de la reserva— y obligará al Estado a compensarlas con fincas aledañas que tengan un nivel de conservación semejante y mitiguen el daño ambiental causado.
El Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento (Senara), que es la institución que lidera Paacume, presentó estudios de impacto ambiental en el 2017, en los que explica cómo reducirá el daño causado por el Embalse Río Piedras.
Los diputados aprobaron la ley este jueves 6 de setiembre, pero sigue existiendo una fuerte oposición de un grupo creciente de ambientalistas que abogan por más estudios para demostrar la verdadera mitigación del daño y, además, cuestionan si realmente existe la necesidad de desarrollar el embalse.
Sentado en una banca en la reserva, Manrique Montes dice que ellos hicieron todo lo posible por evitar la inundación, pero que ahora que es un hecho, se han encargado de vigilar que se cumpla con la mitigación. Cree que el Estado tendrá que invertir más en la reserva a partir de la aprobación del proyecto y que eso mejorará la disponibilidad de recursos para combatir el crimen dentro del área protegida.
En medio de posiciones tan divididas, La Voz de Guanacaste hace un resumen de lo que gana y lo que pierde la provincia al cederle una parte de su biodiversidad al embalse:
- Animales afectados
“Ellos van a ir inundando de a pocos para que la mayoría de animalitos salga. Seguramente algunos se van a morir, pero vamos a tratar de salvar a la mayoría”, dice Orlando Ordóñez mientras camina por uno de los senderos de Lomas Barbudal.
Senara se comprometió a diseñar un plan de manejo antes de empezar la construcción del embalse, y a contratar a un biólogo y a un veterinario para hacer el traslado de las especies animales.
Según un estudio de la Organización de Estudios Tropicales, el terreno más grande que comprará el Estado solo tiene entre un 50% y un 55% de las especies de mamíferos y de plantas leñosas (árboles) que posee la reserva, y entre un 79% y un 62% de especies de aves, artrópodos (distintas familias de insectos) y anfibios.
El estudio también muestra que algunas especies ya están acostumbradas a moverse entre las fincas aledañas y la reserva, como los monos carablanca.
- Pérdida de bosque primario
Orlando Ordóñez es uno de los guardaparques de la reserva. Cuenta que en estas pozas vienen a bañarse los locales los fines de semana. Esta parte de la reserva no se verá afectada por la inundación. Foto de César Arroyo.
La finca principal a comprar tampoco posee bosque ripario, que es un ambiente de árboles maduros que rodean a las quebradas, mientras que en el terreno a inundar hay 30 hectáreas de este tipo de bosque.
“En general, el sitio potencial de inundación en Lomas Barbudal posee mayor estructura, más árboles dominantes, biomasa y potencial para fijar carbono”, indica el documento.
Para compensar la menor biodiversidad de la finca, la OET recomendó comprar más del triple de hectáreas de las inundadas (530 en total) e incluir otras dos fincas en las que sí hay bosque primario alrededor de los ríos.
A los ambientalistas, sin embargo, les preocupa que no existan estudios a profundidad sobre la biodiversidad de las otras dos fincas. El estudio de la OET sí recomienda incluir una de esas fincas como parte de la compensación, pero aclara que el análisis de esta zona es preliminar y se basa en una observación de campo. Es decir, no es un estudio igual de riguroso al que se realizó en la finca más grande.
Otra de las críticas de los ecologistas es que el dinero que tiene el Estado para comprar las propiedades aledañas no es suficiente, pues los dueños de las fincas han compartido cifras más elevadas de las que estaban presupuestadas. Según Senara, este aumento en el precio se debe a que los propietarios están pidiendo incluir una casa de lujo que está en una de las propiedades dentro de la expropiación.
En un comunicado de prensa, Senara aseguró que los $1.600 millones que poseen para la compra de estos terrenos es suficiente para pagarlos. El director de Ingeniería y desarrollo de proyectos de la institución, Marvin Coto, explicó que, una vez aprobado el proyecto de ley, iniciarán con el proceso de expropiación de estas 530 hectáreas para comprarlas antes de empezar a construir la obra.
- ¿Más recursos económicos?
Los tres funcionarios que trabajan en la reserva hacen literalmente de todo: vigilan los posibles incendios forestales desde una torre, buscan voluntarios para mantener los senderos, atienden al público que viene a conocer la reserva y a los investigadores que se dedican a estudiarla, persiguen cazadores, llevan denuncias al Ministerio Público y, en general, vigilan más de 3.000 hectáreas de bosque.
Esa sobrecarga de trabajo por la falta de recursos pone en riesgo la sostenibilidad de la reserva, opina el administrador Manrique Montes. Para él, el megaproyecto va a atraer la mirada de visitantes y debería traer más recursos para fortalecer la vigilancia, no solo de las hectáreas que ya poseen sino de las nuevas, y del mismo proyecto.
La ley que recibió segundo debate en la Asamblea Legislativa hoy, indica que el 50% del canon que cobre el Ministerio de Ambiente y Energía a los usuarios por usar el agua, se destinará al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para la implementación del Plan General de Manejo de Uso Sostenible y Racional. Sin embargo, no menciona una dotación de recursos mayor para la reserva.
- Un humedal nuevo
Una vez concluidas las obras, la ley ordena que el embalse se constituya como un ecosistema de humedal. El estudio de la OET incluso sugiere que se declare refugio de vida silvestre y recomienda mantener un anillo boscoso de especies nativas alrededor, sin que esto afecte la explotación del agua reservada durante el verano.
- Agua para agricultores y hoteles
Alrededor de la reserva se encuentran grandes plantaciones de caña. Foto de César Arroyo.
Paacume distribuirá el agua a través de la construcción del canal oeste de riego, llevándola a comunidades, sembradíos y zonas costeras para el desarrollo hotelero. Aunque se reservarán 2 metros cúbicos por segundo para el consumo humano, la presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Yamileth Astorga, había aclarado en entrevista con este medio que el agua de Paacume no será necesaria para el consumo humano hasta dentro de un par de décadas.
Otra de las críticas del grupo de ambientalistas que aboga por la inconstitucionalidad del proyecto es que el 50% del agua se va a destinar a monocultivos de caña que pertenecen a fuertes empresarios.
“Todo el proyecto parece beneficiar solo a algunos cañeros y desarrolladores inmobiliarios que, con la excusa de “traer agua a Guanacaste” van a utilizar fondos fiscales para hacer crecer sus negocios particulares”, indicó el Frente por las Áreas Silvestres protegidas en un comunicado de prensa.
Ante esta crítica, Senara asegura que a los pequeños parceleros se les dará proporcionalmente más agua que a los grandes, pues estos últimos tienen más capacidad de implementar tecnologías de riego que le saquen un máximo provecho al agua. También el cobro será distinto. Según la entidad, están trabajando en una tarifa por volumen y no por la cantidad de hectáreas inundadas para fomentar el consumo responsable del líquido.
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