El Organismo de Investigación Judicial arrestó a tres abogados relacionados con fraude de propiedades, muchas de ellas en el área de Nosara, quienes están en prisión preventiva.
La investigación tomó fuerza luego de haber dado a conocer, en la edición de diciembre del 2012 de La Voz, sobre 16 casos de traspaso fraudulento de propiedades. Para el mes de octubre, la oficina de NCCC Consultores reportó 22, y en su mayoría figuran como involucrados las mismas personas.
Los abogados son de apellidos Quesada Ugalde, Herrera Fonseca y Vargas Barrantes y han participado en casi el 60% de los casos denunciados.
Dos propiedades en Nosara ya han sido devueltas a sus dueños mientras que una compañía de seguros de títulos ya tuvo que indemnizar a un propietario despojado.
Un denunciado que se hacía pasar por el verdadero dueño de la propiedad ha sido detenido y liberado por razones de su edad avanzada y problemas de salud pero pronto deberá comparecer a juicio. Dos denunciados se encuentran en fuga y las autoridades esperan capturarlos pronto.
Un sujeto de la comunidad de Nosara ha sido condenado a tres años de cárcel pero dejado en libertad por ser la primera vez que se le encuentra culpable. No obstante el mismo es reincidente en otros procesos similares y ya tiene fecha señalada para audiencia.
Finalmente, las bandas de ladrones han disminuido su intensidad y al advertir que existen causas que les pueden ocasionar graves consecuencias, han cambiado de testaferros y de estrategia: usan gente joven y de escasos recursos para que presten su nombre para fraudes.
Los delincuentes posiblemente estén migrando hacia otras áreas pues los abogados comúnmente utilizados no están disponibles por estar en prisión, además de que conocen que son sujetos actualmente de alguna investigación en su contra.
Los procesos legales, que tienen un promedio de hasta 8 años de duración desde el momento que se interpone la denuncia, impiden que las víctimas se den cuenta a corto plazo que la ley que los protege contra fraudes inmobiliarios si existe, y que tarde o temprano alcanza a todos. Desafortunadamente, siendo que la ola de fraudes inmobiliarios es muy reciente, la acción de la justicia, aunque no se ha hecho esperar, ha sido lenta y el proceso de investigación algunas veces tarda más de lo esperado.
En primer término, hay que reconocer que el Sistema Judicial no es infalible, que los recursos son limitados y que los delincuentes utilizan en su favor los beneficios procesales para prolongar las audiencias, dificultar el acceso a las pruebas, etcétera. No obstante, es relativamente rápido para inmovilizar los bienes, que la propiedad robada salga del comercio y no pueda ser traspasada.
Una vez inmovilizada la propiedad, el OIJ debe verificar la evidencia aportada para confirmar la ilegalidad del traspaso de la propiedad y quien o quienes han sido los autores. Posteriormente, se fija fecha para una audiencia preliminar donde se puede conciliar, o ir al juicio definitivo donde la pena impuesta puede variar desde seis meses a doce años de cárcel.
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