“Un montón de gente va a estar ahí para verlas. Van a tener que perder la vergüenza”. Esta es una frase real de un médico que daba un curso preparto en uno de los centros de salud de Nicoya, en setiembre.
El doctor le contaba a las ocho mujeres que lo escuchaban —y a los dos periodistas que acompañaron la sesión— que lo “normal” es que hayan muchas personas viendo mientras la mujer está en labor de parto. Lo dice él aunque la normativa de la Caja indica que únicamente pueden estar en la sala el personal médico y un máximo de dos estudiantes, salvo que la mujer permita una mayor cifra.
Este tipo de frases son parte de una cultura en la que se irrespetan los derechos de las mujeres en su proceso de parto. O esta otra:
“Tienen que tener una buena respiración para que no se cansen a la hora de pujar de verdad porque si no ahí empiezan los regaños de los enfermeros”.
Está tan arraigada y normalizada esta cultura que incluso se reparte en forma de consejos en los que se les habla a las mujeres como si fueran niñas a las que alguien más tiene la potestad de regañar.
En otros casos, ese irrespeto llega a convertirse en casos de agresión que muchas mujeres ni siquiera denuncian porque las herramientas para hacerlo no están claras en las normas y reglas de los hospitales públicos del país.
Si usted ya tuvo algún hijo en un hospital público de Costa Rica, es posible que haya sufrido este u otros tipos de violaciones a sus derechos como embarazada. Sin embargo, también es probable que le hayan dado un trato humano y respetuoso: parir con derechos es una ruleta rusa, nunca se sabe si le va a tocar un equipo de obstetras sensibilizado con sus derechos o no.
En un par de días, dos decenas de mujeres llenaron un formulario en el que les preguntábamos si habían sufrido violencia en su proceso de parto. Si ellas hablaron, ¿cuántas más habrán callado?, ¿cuántas ni siquiera sabrán qué están viviendo violencia?, ¿cuántas creerán que lo que vivieron es normal?
Sus testimonios evidencian que este es un problema que continúa vivo, pese a que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Estado definen claramente esos derechos en varios documentos de acatamiento obligatorio. Y no solo sus testimonios sino que al menos dos informes de la Defensoría de los Habitantes también lo han denunciado previamente.
Los hospitales públicos urgen de capacitación para sensibilizar a su personal médico y de enfermería. Y también, urge de profesionales como las enfermeras del Hospital de La Anexión, que compraron sus propias herramientas para adaptarse a los requerimientos del parto humanizado.
Las mujeres que nos contaron su historia nos hablaron no solo de malas experiencias durante el parto sino de las consecuencias posteriores, los daños emocionales que sufrieron después, cuando sus hijos más necesitaban de ellas. Perjudicar a las madres es dañar un país entero.
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