Un 21% de los anfitriones de Airbnb en Costa Rica ha alcanzado la insignia de “súperanfitrión”, según las reseñas de las y los usuarios. Eso lo ubica como el segundo país de América Latina con mayor porcentaje con ese reconocimiento, superado solo por Puerto Rico, con 41%.
Además, según datos de Airbnb, Santa Cruz, en nuestra provincia, es la ciudad más hospitalaria del país, con un 28% de los host como “súperanfitriones”. Solo tres ciudades de la región tienen porcentajes superiores: San Juan de Puerto Rico, Canela en Rio Grande do Sul de Brasil y Ensenada en Baja California de México.
De acuerdo con una investigación realizada por Oxford Economics, en el 2021 las y los visitantes nacionales y extranjeros que utilizaron Airbnb en Costa Rica generaron un gasto de $493 millones (excluyendo los gastos de hospedaje), lo cual equivale al 18,5% de toda la actividad turística directa en Costa Rica, según los cálculos de la misma firma de análisis económico.
Como cualquier actividad económica, debe también contribuir con las finanzas públicas y obras del Estado. Y esa recaudación debe traducirse en una mejoría de la calidad de vida de quienes habitan el país. ¿Está reflejándose? ¿Qué deberían cumplir, qué incumplen y qué consecuencias pueden tener?
Ley sí, cumplimiento no
En octubre de 2019, el Gobierno firmó la Ley 9742, que regula los servicios de hospedaje no tradicional, incluyendo plataformas como Airbnb.
Si estamos ejerciendo una actividad económica y omitiendo esa parte en la que nos corresponde contribuir con los impuestos, estamos faltando a nuestro deber como ciudadanos, generando una competencia desleal entre quien sí está en regla y que cumple con todas sus obligaciones versus aquella que está al margen”, apunta la coordinadora internacional de impuestos de la firma BDO en Costa Rica, Marianela Masís.
La normativa impone obligaciones a los propietarios de Airbnbs, como la inscripción ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Dirección General de Tributación para el pago de impuestos establecidos por ley como la Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Aunque la ley fue publicada en 2019, el reglamento entró en vigencia hasta agosto del 2021. Aún con su publicación, no hay un cumplimiento de las obligaciones que establece.
“Hay que ser muy transparentes en decir que hay un sector grande en Costa Rica [de anfitriones de Airbnb] que no se ha formalizado”, considera Masís.
El sitio del ICT solo registran 651 alojamientos que cumplen con las reglas.
Quienes no se han inscrito corren el riesgo de enfrentar multas y sanciones establecidas por la ley, lo cual puede tener un impacto económico significativo a largo plazo.
De acuerdo a Masis, si Hacienda detecta que la propiedad no está debidamente registrada, el propietario recibirá una sanción económica equivalente a medio salario base (aproximadamente ₡462.000) por cada mes que pasó desde que empezó a operar el Airbnb, hasta alcanzar un límite máximo de tres salarios base.
“Hacienda tiene hasta cuatro años para revisar y fiscalizar los impuestos relacionados con una actividad económica”, explica. “Sin embargo, si se omiten por completo los deberes formales, este período puede extenderse hasta diez años. Así que, aunque parezca que todo está tranquilo, es posible que Hacienda llame a tu puerta mucho tiempo después”.
Si hablamos de ciudades hospitalarias, el cantón de Santa Cruz destaca en la lista con un 28% de sus anfitriones reconocidos como Súperanfitriones.
Pasos lentos
Según la especialista, Hacienda no ha sido muy activa en la implementación y supervisión de la ley.
Una acción directa sería la revisión a las personas que se dedican a esta actividad. Ir a tocar la puerta directamente a ver si los propietarios de Airbnb están en regla, a ver si están inscritos y reportando sus obligaciones, que en ese campo no hemos visto que Hacienda haya sido muy activa”, considera.
De acuerdo a Masís, en lo que Hacienda sí tomó cartas fue en la aprobación de la Reforma Fiscal en 2018, a través de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Con la legislación, Hacienda reguló los servicios digitales transfronterizos de plataformas digitales, como Netflix, Spotify y Uber. Creó un listado de servicios comúnmente consumidos y obligó a los emisores de tarjeta en Costa Rica a retener el IVA (13%) cada vez que personas con tarjetas emitidas por bancos en Costa Rica alquile un Airbnb.
Sin embargo, Masís señala que esto creó grandes distorsiones.
“Cuando un tico pasaba su tarjeta para un hospedaje vía Airbnb, en Costa Rica, en México, o en Estados Unidos, el emisor de la tarjeta no discriminaba. Aún así aplicaba la retención del IVA. Además, al usuario se le cobraba este impuesto por parte de su anfitrión. Entonces se daban una serie de duplicación de cobros o cobros indebidos”, detalla.
Para hacerle frente a la situación, Airbnb decidió inscribirse ante el Ministerio de Hacienda en condición de proveedor de servicios digitales transfronterizos desde el 1 de junio del 2023.
Con la inscripción, empezó a cobrar el IVA sobre sus tarifas de servicio a las y los usuarios en territorio nacional, y las entidades bancarias costarricenses dejaron de aplicar el IVA a las transacciones nacionales provenientes de la plataforma.
¿Cómo reservo con todas las de la ley?
Según la especialista, hay dos formas de hacerlo:
La manera más ágil para confirmar si el Airbnb que reservamos cumple con todas las normativas legales es pedir a la persona anfitriona la factura electrónica.
«Que el propio consumidor exija la factura electrónica propicia que las personas que ofrecen el servicio estén regularizadas en todos sus temas de obligaciones tributarias», concluye Masís.
Otra forma es verificando que el propietario del Airbnb que querés reservar aparezca en el registro de hospedaje no tradicional. Además, si estás interesado, también podés inscribir tu propiedad en el mismo sitio ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para ofrecerla como hospedaje.
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