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Siete claves para entender la nueva ola de arrestos a opositores en Nicaragua

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En los últimos 15 días el Gobierno de Nicaragua apresó al menos a 16 opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al amparo de un conjunto de leyes aprobadas a finales del 2020 que criminalizan cualquier tipo de protesta contra el Estado. La escalada de violencia ocurre de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, cuando el presidente buscará su cuarto mandato consecutivo. 

La Voz de Guanacaste entrevistó a analistas políticos nicaragüenses y familiares de los perseguidos, para entender por qué el país vecino está apresando a la oposición y qué hay detrás de los acontecimientos más recientes.

¿Por qué están arrestando a opositores en Nicaragua? 

En el último trimestre del 2020, la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo de la nación nicaragüense, aprobó un conjunto de leyes que las autoridades han aplicado para encarcelar a los opositores durante el año en curso. 

Esta operación, llamada “Operación Danto 21” por el gobierno de Ortega, está centrada en allanar y apresar a reconocidos opositores por “traicionar a la Patria”. Este criterio proviene de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (o Ley 1055), aprobada en diciembre del 2020.

Esta ley cataloga como “traidores de la patria” o “golpistas”, e impone prisión a todas aquellas personas que “fomenten actos terroristas” y “exalten o aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”. Quienes quebranten esta ley no podrán postularse a cargos de elección popular y pueden recibir una condena de hasta 20 años de prisión. 

También aprobaron la Ley de Regulación a Agentes Extranjeros, que demanda que aquellas organizaciones que reciban “fondos extranjeros” deberán entregar al Estado informes detallados de cómo los recibirán y usarán. El Ministerio de Gobernación, parte del poder Ejecutivo, los dividirá en “verdaderos” y “agentes extranjeros”. 

Quienes reciban la calificación de “agentes extranjeros” no solo no podrán participar en actividades de la política nicaragüense, sino que el Gobierno podrá confiscar todos sus bienes y condenarlos hasta a 5 años de prisión.

Desde que Ortega entró nuevamente al poder en 2007, solo financia proyectos de entidades que no critican a su gobierno. Desde entonces las organizaciones sin fines de lucro (como colectivas feministas, ambientales o artísticas), medios de comunicación, fundaciones y hasta personas físicas tienen que encontrar otras fuentes de ingresos para su sostenibilidad, a través de becas y fondos en el extranjero. Esta ley intenta ahogar financieramente a aquellas personas y organizaciones que sobreviven de esto.

Otra legislación aprobada en octubre del 2020 es la Ley Especial de Ciberdelitos, que condena hasta a diez años de prisión a toda persona que difunda “noticias falsas”, calificadas así a criterio de las autoridades, en medios de comunicación o redes sociales.

¿A quién arrestó el Gobierno de Ortega?

Dentro de la lista de arrestados están precandidatos presidenciales (Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro), activistas que pertenecen a grupos opositores (Suyen Barahona, Violeta Granera, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, José Pallais), empresarios (José Adán Aguerri, Luis Rivas Anduray) y exguerrilleros sandinistas (Dora María Tellez, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres). Estos últimos militaron con Ortega y Rosario Murillo durante la Revolución Sandinista de Nicaragua en los setenta. 

Basados en Ley de Agentes Extranjeros, la Policía nicaragüense también arrestó a los ciudadanos Marcos Fletes y Walter Gómez, junto con la precandidata Cristiana Chamorro, por un supuesto caso de lavado de dinero, bienes y activos a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).

Además, la Fiscalía General se acogió a la Ley de Ciberdelitos para amenazar con cárcel al menos a tres periodistas. 

¿Quiénes son los actores detrás de los arrestos?

Actualmente, de los 92 diputados de la Asamblea Nacional, 71 son sandinistas (un 77%), por lo que cualquier ley que venga del Gobierno es aprobada en cuestión de días por esta bancada oficialista. El paquete de leyes para reprimir a la oposición fue aprobado en menos de seis meses, sin permitir la participación de los 21 diputados opositores.

El Poder Judicial, controlado por jueces sandinistas, es el encargado de ejecutar las leyes que aprueba la Asamblea, para realizar las investigaciones a los opositores y ordenar las capturas. La Policía Nacional es la que realiza los allanamientos y arrestos (actualmente la Policía es dirigida por Francisco Díaz, consuegro de los Ortega-Murillo y una de las personas más cercanas al poder). En muchas ocasiones, los allanamientos y arrestos ocurren antes de que algún juez haga la orden judicial. 

La politóloga y exdiputada nicaragüense, Edipcia Dubón, afirma que aunque las instituciones hagan estos procedimientos, todas las órdenes vienen “de arriba”. Es decir, que tanto la Policía como los Juzgados actúan siguiendo las órdenes de Ortega y Murillo. 

Siempre esperan órdenes, no actúan individualmente o con separación de poderes”, explica la experta. 

¿Los arrestos son legales?

El Gobierno de Ortega encarceló a los opositores al amparo de las leyes que la misma Asamblea aprobó en Nicaragua, y por tanto, los arrestos son legales en ese país

Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Unión Europea (UE) han calificado el paquete de leyes como una “violación a los derechos humanos”. En los últimos 15 días, estos organismos internacionales  exigieron la liberación de todos los presos políticos, la derogación del paquete de leyes y que Ortega facilite un espacio apto para la realización de elecciones libres, democráticas y justas en Nicaragua. 

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, calificó a las personas arrestadas como “presos políticos del Estado de Nicaragua”.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) específica que los Estados americanos deben garantizar que sus habitantes puedan practicar el derecho a aspirar a puestos políticos. Por lo que Ortega y Murillo estarían incumpliendo tratados internacionales. 

El límite entre Costa Rica y Nicaragua es una línea imaginaria de 309 kilómetros entre montañas, ríos y, sobre todo, comunidades acostumbradas a vivir como un solo pueblo, a compartir nombre y escuela, a intercambiar comercio y trabajadores. ¿Cómo es vivir en la nueva frontera dibujada por el COVID-19… y por el miedo?

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La CIDH afirmó que las leyes de Soberanía, de Ciberdelitos y de Agentes Extranjeros forman parte de una estrategia para “aumentar la represión de las voces disidentes en el país”. La entidad calificó la redacción de las tres leyes como “demasiado amplias”, “imprecisas” y con “ausencia de procedimientos eficaces para saber cuándo utilizarlas”. 

¿Por qué incrementó la violencia?

Edipcia Dubón enfatiza que aunque la persecución es más “visual” actualmente, en realidad inició en el 2018, cuando las protestas contra el gobierno de Ortega estallaron, y no ha cesado desde entonces.

En el 2018, el Gobierno Ortega-Murillo reprimió violentamente múltiples protestas masivas que, en un principio, rechazaban una reforma al seguro social de Nicaragua. Según la CIDH, en ese entonces el Estado asesinó al menos a 250 protestantes, encarceló a unas 350 personas y mandó al exilio a casi 80.000 nicaragüenses. 

Además de los 16 arrestos más recientes, en Nicaragua hay al menos otras 110 personas privadas de libertad por razones políticas, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de ese país. Al menos 20 de ellas están en prisión desde hace tres años. 

La violencia también está trasladada en persecución a los familiares de las personas asesinadas en protesta, está en la creación de leyes represivas, en la persecución a opositores en sus hogares, en mandar a gente al exilio. Eso no se ve en las noticias, pero pasa todos los días”, explica Dubón, quien actualmente vive en Costa Rica.

Josefina Dávila, familiar representante de la presa política Tamara Dávila, afirma que su familia vivía en constante asedio por miembros de la Policía Nacional y por agentes parapoliciales sandinistas que llegaban a su casa a vigilar sus movimientos. 

El asedio llegó hasta el punto donde Tamara no podía salir con su hija, porque tenía miedo de que les pasara algo”, cuenta.

Según su hermana, Tamara, quien también es feminista y parte de la organización opositora Unidad Nacional, no podía realizar ninguna acción regular sin ser cuestionada o perseguida por un oficial. Al momento del arresto en su casa de habitación, su hija de cinco años estaba presente.

Lo mismo vivieron Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, quienes antes de su arresto denunciaron abiertamente la persecución policial y militar que sufrían. Maradiaga regresó del exilio en el 2019, tras un año fuera del país por miedo a que atentaran contra su vida.

¿Cuál es la condición de los presos?

Nadie sabe. Desde el arresto y allanamiento de sus respectivos hogares, ningún familiar tiene noticias de ellos. El Gobierno tampoco ha informado de su condición y en la Dirección de Auxilio Judicial ⎯la cárcel donde los familiares suponen que están no les dan ninguna respuesta. 

El Poder Judicial nicaragüense tampoco ha permitido que los familiares envíen a los arrestados ninguna comida sólida, productos de higiene personal o medicina. 

Según testimonios que presenciaron el arresto de Dora María Tellez y Ana Margarita Vigil, ambas fueron golpeadas por antimotines previo a su detención. Sin embargo, sus familiares no han podido comprobarlo.

Ahí está presa gente con problemas de salud, gente que puede haberse enfermado por la violencia en la que fueron capturados y no nos dicen nada”, enfatiza Josefina Dávila.

Dávila afirma que hasta tener una foto o algún tipo de contacto con su hermana Tamara, no la considerará como presa, sino como una persona desaparecida por el Estado. Aunque Josefina cuenta que ninguna de las personas presentes durante el allanamiento de la casa de Tamara vio cuando la arrestaron y se la llevaron, la Policía Nacional confirmó mediante un comunicado que la joven estaba encarcelada.

Previendo una situación como esta, varios de los arrestados habían conseguido abogados; sin embargo, el Poder Judicial no ha permitido que ninguno de los defensores esté involucrado en el proceso.

¿Cuál es la posición de Costa Rica ante los arrestos?

El 9 de junio, un día después del arresto del activista y precandidato opositor Félix Maradiaga, la Cancillería emitió un comunicado reiterando “la obligación inexcusable de que se respeten los derechos humanos de los diferentes actores políticos”.

Una semana después, el 15 de junio, Costa Rica votó a favor de una resolución dentro del Consejo Permanente de la OEA, que le exige al Estado de Nicaragua liberar a las personas arrestadas por motivos políticos.

La Asamblea Legislativa también condenó «las últimas acciones ilegales del Gobierno de Daniel Ortega Saavedra” mediante una moción aprobada por 40 de los legisladores, refiriéndose a los encarcelamientos y las amenazas contra la prensa. Además, los diputados emitieron un mensaje de “solidaridad con el pueblo nicaragüense”.

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