Una vez más fracasó el intento de comprar el terreno para el nuevo cementerio de Nicoya. Aunque en noviembre del año pasado el Concejo Municipal aprobó la adquisición de una finca cerca de Matabuey, la investigación que realiza el Ministerio Público en contra del alcalde Marco Antonio Jiménez pone en pausa el proceso.
La Fiscalía detuvo al alcalde el pasado 13 de junio por los supuestos delitos de: peculado (malversación de fondos públicos), influencia en contra de la hacienda pública, nombramientos ilegales, fraude de ley y abuso sexual.
Dentro de los casos a investigar figura precisamente la compra del cementerio. Según la Fiscalía, el departamento de proveeduría supuestamente le recomendó al Concejo de Nicoya que comprara un terreno que pertenecía a un tío de la asesora legal de la municipalidad, Karla Mora Benavides.
No obstante, el regidor y miembro de la comisión encargada de la compra del cementerio, Marvin Vargas, aseguró que la elección del terreno se dio por recomendación de los ingenieros de la municipalidad, luego de los estudios técnicos.
“Cuando formamos la comisión, nosotros integramos a dos ingenieros y a un abogado de la municipalidad para que fueran los que hicieran las valoraciones de cuál era el mejor terreno”, dijo Vargas.
Un concurso del 2016
La Voz de Guanacaste informó el 21 de noviembre del 2016 que la encargada del departamento de Proveeduría, Teresa Salas, daba el visto bueno para comprar una propiedad de 3.5 hectáreas.
Según el informe que envió Salas al Concejo Municipal, de las cuatro ofertas que se postularon al proceso de licitación, la mejor propuesta la ofrecía José Elías Torres Benavides, por un monto de ¢205.750.000.
El Concejo Municipal aprobó el 6 de diciembre del 2016 la adjudicación de la compra de la propiedad, ubicada cerca de la urbanización de Matabuey, camino a Río Grande de Nicoya; sin embargo, la finca tenía un gravamen.
De acuerdo con la alcaldesa en ejercicio, Adriana Rodríguez, cuando se envió el expediente a la Procuraduría General para realizar la escritura, esta aparecía con un gravamen y la compra se frenó.
“La compra estaba paralizada. La Municipalidad no sabía que existe un problema entre el dueño y un tercero y cuando llega el proceso a la Procuraduría, la compra se paralizó”, explicó Rodríguez. Ese proceso es el que ahora investiga la Fiscalía.
¿Y ahora qué?
Debido a que el expediente de la compra del cementerio se encuentra en manos de la Fiscalía, la Municipalidad no puede continuar con el proceso, por lo que el colapso del actual cementerio seguirá siendo un problema para el cantón.
La jerarca también detalló que si la Fiscalía considera que hubo algún delito en el proceso de compra, la Municipalidad debe comenzar el proceso de licitación desde cero, ya que el resto de los oferentes que aplicaron al concurso no cumplen con los requisitos técnicos.
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