GuanaData, un proyecto de La Voz de Guanacaste, investiga el presupuesto público de seis municipalidades del país, entre ellas Nicoya. ¿Qué van a leer en esta investigación?
- Los vecinos de la comunidad de Nicoya tienen más de 8 años de espera por la construcción de un cementerio. La alcaldía está a la espera de un nuevo criterio de la proveeduría que indique si pueden renegociar la adjudicación o si deben comenzar el proceso de licitación, que ha durado casi dos gobiernos municipales.
- La Municipalidad de Nicoya tiene desde el 2012 ¢350 millones en su presupuesto para construir un nuevo cementerio municipal. Desde el 2016 se adjudicó un terreno en Matabuey, pero un nuevo informe indica que sería imposible construir en ese terreno, por ser área protegida.
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Ricardo Suazo emigró desde Nicaragua en la década de los setenta y encontró en Nicoya un hogar seguro. “El Paisita”, como lo conocían en la comunidad y en la soda El Cóndor, era un nicoyano de corazón. Suazo falleció en setiembre, a sus 83 años y sus allegados no pudieron enterrarlo en la comunidad que lo acogió durante más de 50 años. En el cementerio municipal de Nicoya no cabe un alma más.
“Él llegó sin dinero y sin familia a Nicoya, entonces mi cuñado lo albergó. Para nosotros era como parte de la familia y nos duele mucho no haber podido sepultar al ‘abuelo’ cerca de nosotros. Tuvimos que ir hasta Copal (a 35 minutos de Nicoya) y casi que rogar para que nos dejaran enterrarlo ahí”, relató con melancolía Alicia Badilla a GuanaData, de La Voz de Guanacaste.
La municipalidad de Nicoya arrastra este problema desde hace más de 30 años, a pesar de que tiene el presupuesto para solucionarlo desde hace ocho años. Incluso, desde el 2012 obtuvo un préstamo del Banco Popular por ¢350 millones para comprar un terreno y construir el nuevo cementerio.
Al 2020, la municipalidad sigue sin ejecutar ese dinero, pero ¿por qué no lo ha hecho? El terreno en Matabuey que el Concejo Municipal y la Proveeduría aprobaron en 2016 tiene tres inconsistencias, según un informe del 29 de junio de 2020 de la Dirección de Gestión Jurídica de la municipalidad, al que GuanaData tuvo acceso.
La primera es que la finca colinda con la quebrada Matabuey y una naciente de agua. Es decir, cerca de un área protegida. La municipalidad tiene presupuesto para comprar una décima parte de lo que mide el terreno (30.000 metros de 273.094 metros cuadrados), pero “el Concejo nunca conoció ni determinó la ubicación exacta del predio (tierra) cuya compra debía autorizar”, cita el informe.
La ausencia de esa información provocó la segunda inconsistencia: el contrato no reúne algunas formalidades, por ejemplo, que los contratantes estén conformes con el precio y objeto del acuerdo.
Finalmente, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción cuestionaron el avalúo del terreno porque pertenece a José Elías Torres Benavides, tío de una ex asesora legal de la municipalidad de apellido Mora.
Esta última inconsistencia y una investigación por 21 delitos, entre ellos pagos irregulares de contratos administrativos, que abrió el Ministerio Público en contra del exalcalde Marco Antonio Jiménez, detuvieron el proyecto durante más de tres años.
Fue hasta el 7 de julio de 2020 que el actual alcalde del cantón, Carlos Armando Martínez, envió un oficio a la dirección de Proveeduría de la municipalidad con el informe jurídico para solicitar recomendaciones pertinentes y así dar fin a la odisea.
De acuerdo con un oficio emitido por la proveeduría el 27 de agosto, la municipalidad tiene dos opciones: renegociar la parte de la finca que la muni compraría a Benavides, el dueño del terreno en Matabuey o considerar la segunda mejor oferta, pero no recomendó cuál de las dos debe seguir. Según Martínez, el actual alcalde, en ambas opciones la compra del terreno podría tomar más de un año y no existe una fecha propuesta para la construcción del cementerio.
El dinero está ahí guardado en la municipalidad. Lo que necesitamos es que se dé el criterio porque entonces así el Concejo puede continuar el proceso”, dijo a GuanaData el administrador financiero de la Municipalidad, José Ernesto Baltodano.
Mientras los departamentos municipales se ponen de acuerdo, al viernes 9 de setiembre, Nicoya reportaba 10 de las 23 muertes en Guanacaste.
Además, la falta de un cementerio afecta a casi 24.752 habitantes nicoyanos que, al igual que Alicia, deben sepultar a sus seres queridos lejos de sus hogares.
Laberinto de lápidas
El cementerio municipal de Nicoya opera desde 1891, pero según el presidente de la comisión del cementerio en el Concejo Municipal, Raymer Loaiciga, hace más de 30 años rebasó su capacidad operativa.
Las cientos de filas de lápidas coloridas crean pasillos angostos y caminar por ellos es como atravesar un laberinto. La estrechez de tantos habitantes en un terreno de 10.700 metros cuadrados dificulta el acceso a algunas de las bóvedas más antiguas.
Las familias que tienen bóvedas con varios nichos aprovechan el poco espacio disponible para apilar diferentes lápidas, una encima de la otra. Actualmente, el máximo son tres.
Las familias de Nicoya que son dueñas de bóvedas continúan enterrando a sus familiares en el cementerio, a pesar de que está lleno. Foto: David Bolaños.
“El cementerio tiene una orden sanitaria como desde hace más de 30 años que prohíbe que ingresen personas nuevas. El problema es que hay espacios o bóvedas que se vendieron hace años, entonces en este momento hay personas que sacan al tatarabuelo para meter al tío. Hacer todo el trámite (sepultar a una persona) cuesta solo ¢3.500 y por supuesto las personas prefieren pagar esto”, explicó el regidor propietario y presidente de la comisión del cementerio, Raymer Loaiciga.
Aquellas personas que no cuentan con bóvedas, que son la mayoría en Nicoya, deben acudir a otros cementerios distritales del cantón, públicos o privados, para que los restos de sus allegados tengan un lugar en dónde descansar.
Este fue el caso de Ricardo Suazo.
Él falleció dormido en la casa y hacer los trámites para poder enterrarlo fue simplemente de locos. Por suerte, mi cuñada tenía un campito en el cementerio de Copal y así fue como logramos darle santa sepultura al “abuelo”. Para poder comprar el féretro y los servicios de traslado desde Nicoya mi familia se tuvo que endeudar. Todo salió como en ¢450.000”, expresó Alicia por teléfono.
Alicia contó a GuanaData que el costo económico no fue el único reto que enfrentaron. Antes de acudir al cementerio de Copal, consultaron en los distritos de Sabana Grande y San Antonio, pero por el contexto de la pandemia, los encargados les explicaron que preferían guardar los campos para habitantes de esas zonas.
En Costa Rica, los familiares de cada difunto deben asumir los gastos funerarios, a menos que la persona los haya dejado pagos. El artículo 27 del Reglamento General de Cementerios dice que todos los cementerios municipales deben tener como mínimo el 5% de sus nichos desocupados para personas de escasos recursos, pero ese espacio está reservado para personas en condición de calle o la atención de emergencias como terremotos, inundaciones o epidemias.
Sin embargo, inclusive para atender la pandemia, el cementerio está lleno.
Desde la alcaldía estamos tramitando los permisos con los cementerios de Nambí, Sámara y Belén. Ahora estoy ante la contraloría para justificar la necesidad de usar el de Belén, porque es de los más cercanos. Desde el primero de mayo para acá, el cementerio ha sido una de mis prioridades, pero quiero asegurarme que el proceso sea transparente. Por eso estoy esperando el criterio de la proveeduría”, afirmó el alcalde de Nicoya, Carlos Armando Martínez.
¿Por qué la municipalidad no ha construido el cementerio?
El presupuesto municipal para comprar el terreno y construir el nuevo cementerio está disponible desde el 2012. La ejecución de los ¢350 millones del préstamo del banco ayudarían a que familias como la de Alicia no tengan que emprender una travesía al perder a un ser querido.
Aun con el préstamo aprobado, fue hasta noviembre del 2016 que el Concejo Municipal avaló la compra de un terreno cerca de la urbanización de Matabuey, camino a Río Grande de Nicoya.
El 31 de marzo del 2016, la encargada del departamento de Proveeduría, Teresa Salas, dio el visto bueno para que la municipalidad pudiera adquirir tres hectáreas (30.000 metros cuadrados) de la propiedad que pertenece a José Elías Torres Benavides.
Para ese momento, su sobrina trabajaba en la municipalidad como asistente legal del exalcalde Marco Antonio Jiménez. Esto desembocó en el inicio de una investigación del Ministerio Público en contra de Jiménez en 2017 en donde además le acusaban de 21 delitos. Al ser uno de ellos pagos irregulares administrativos, el proyecto del cementerio quedó en pausa.
En 2019, los Tribunales de Justicia de Goicoechea rechazaron prorrogar la medida cautelar de suspensión del cargo de Jimenéz y desestimaron la investigación del cementerio. Aunque la muni no finalizó la compra del terreno, la licitación quedó adjudicada a Benavides.
“En ese informe se nos indicó que -de los dos terrenos- solamente el de Benavides cumplía con los estudios que pide el Reglamento General de Cementerios. La segunda mejor oferta no los tenía en ese momento. Tampoco tenían listos los servicios públicos, como el agua, que son necesarios para construir un cementerio”, declaró el regidor propietario Raymer Loaiciga.
Desde el 2012, la Municipalidad de Nicoya tiene ¢350 millones para hacer un nuevo cementerio. Foto: David Bolaños.
El reglamento establece que un cementerio podrá construirse en un terreno que supere tres estudios: uno hidrológico, uno arqueológico y geológico. Esto certifica que la construcción no tiene riesgo de contaminar los mantos acuíferos de la zona.
También, el informe enviado por Salas argumenta que la segunda oferta incumple el artículo 33 de la ley forestal que delimita las áreas de protección sin permiso de construcciones. No obstante, la Dirección de Gestión Jurídica municipal declaró el 29 de junio de 2020 que una zona de la finca del señor Benavides también incumple esta ley.
El departamento jurídico también argumenta que el Concejo no determinó la ubicación exacta de la finca que debía comprar y que, de venderse un espacio cercano a la quebrada o al yurro, sería casi imposible construir el cementerio.
Hay una intención grande por parte de esta administración para que Nicoya tenga un cementerio. Por eso solicité el informe al departamento jurídico y también a proveeduría. Yo no tengo problema en comprar el terreno, solamente que necesito que ella (Teresa Salas, de Proveeduría) me asegure que el proceso no tiene vicios o que más bien va a afectar al cantón”, explicó el alcalde del cantón, Carlos Armando Martínez.
La última respuesta de Salas a la alcaldía fue un oficio del 27 de agosto de 2020. En este documento reconoce que la municipalidad no determinó la ubicación exacta del terreno, sino que solamente consideró la finca madre como un todo. También, que el área utilizable de la finca no cumple con lo requerido por el cartel, al contar con una naciente de agua.
La municipalidad tiene dos opciones: volver a negociar con Benavides o aceptar la segunda mejor oferta. En caso de que elijan esta segunda opción, el municipio debe comenzar el proceso de licitación desde cero y asegurarse, de nuevo, que los oferentes cumplen con los requisitos técnicos. De acuerdo con el alcalde Martínez, el proceso podría tardar, como mínimo, un año.
Cerrar el ciclo del luto
Una combinación de burocracia, inconsistencias legales por parte del exalcalde Marco Antonio Jiménez y descuidos de diferentes miembros de la municipalidad, son parte de una cadena de razones por las que Ricardo Suazo y otras personas no pueden ser enterradas en su cantón.
De acuerdo con el administrador financiero de la Municipalidad, José Ernesto Baltodano, al final del día, la comunidad nicoyana es la que resiente más los atrasos en este largo proceso.
“Construir el cementerio también nos ayudaría a recuperar la deuda porque nos permitiría vender nichos”, indicó Baltodano.
Baltodano compartió con GuanaData que durante mediados de septiembre vivió en carne propia la desesperación de buscar un espacio en donde enterrar a un ser querido. Su tío falleció por COVID-19, solo que su familia sí tenía espacio en una bóveda.
Relata que para su tío, que llevaba toda la vida viviendo en Nicoya, poder descansar en la tierra que lo vió nacer era importante. Para su familia también porque la cercanía al cementerio municipal permite sentir cierta proximidad a alguien que ya no les acompaña de forma física.
El criterio final de la proveeduría no quiere decir que el cementerio que necesitaba Ricardo Suazo o sus seres queridos aparecería de la noche a la mañana, pero sí significa estar un paso más cerca de que otras familias puedan decir su último adiós cerca de sus hogares.
“Uno tiene ese arraigo a la tierra, ¿verdad?”, dice Alicia, “Al “abuelo” le tocaba descansar aquí en Nicoya, cerca de las personas que en vida lo amamos”.
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Esta nota forma parte de la cuarta edición del proyecto GuanaData, que en esta ocasión es llevado a cabo por La Voz de Guanacaste en conjunto con el International Center for Journalism, gracias a una beca de la embajada de Estados Unidos. GuanaData pretende analizar los presupuestos de seis gobiernos locales del país con el fin de transparentar la función pública y combatir la corrupción dentro de las municipalidades.
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