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Editorial: Cientos de hombres exponen sus vidas en las minas de Abangares, pero a nadie parece importarle

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En las minas de Abangares, todos los días, cientos de hombres exponen la vida a cambio de pequeños gramos de oro sin gloria, que les permiten, a lo sumo, ganarse unos 80.000 colones a la semana.

Sorprendentemente, esto no es nuevo. Lo saben la Municipalidad, el Gobierno, el pueblo. Lo saben todos, pero callan. Mueren personas allí dentro, pero callan.

Lea el reportaje especial: La muerte se viste de oro

Estos coligalleros (mineros artesanales) no salen en las noticias, ni los que sobreviven ni los que mueren allí adentro. No tienen seguro de vida, no tendrán pensión y probablemente nadie los indemnizará si pierden sus habilidades para seguir trabajando, pero esto tampoco parece sorprender a nadie.

Luego del conflicto por la minería a cielo abierto en Crucitas, en el 2011, los diputados buscaron proteger el ambiente mediante el nuevo Código de Minería. Un objetivo sin duda loable, pero que en Abangares no sirve para nada.

¿De qué sirve exigir la protección del ambiente sin proteger también a quienes cuidan de ese recurso? Abangares es el segundo cantón más pobre de Guanacaste, el octavo más pobre de Costa Rica.

La legislación no logró proteger ni a la gente ni al ambiente. Allí la explotación de las tierras se hace sin ningún tipo de control, usando químicos altamente peligrosos no solo para las personas sino para las fuentes de agua.

Según el código, solo las cooperativas pueden tener concesiones y sus afiliados pueden explotarlas, pero eso no se cumple porque no todos los coligalleros se afilian y nadie realmente vigila que solo los miembros extraigan el oro.

Dentro de los túneles y los pozos, como pudo comprobar este medio, explotan dinamita todos los días. Y en el proceso para extraer el oro utilizan mercurio, un material altamente dañino desde el punto de vista ambiental y de salud humana.

La vida de una persona que entra en un pozo a buscar oro no vale menos que la de la alcaldesa de Abangares, la de la directorade la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía o la del presidente de la República. Vale exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué todos responden a nuestras preguntas como si este fuera un problema añejo en el que no queda más que resignarse?, ¿por qué se resignó el Estado a dejar que esta población, calculada en más de mil trabajadores, caiga en el olvido?

El nuevo gobierno debe ocuparse de los coligalleros. No quitándoles sus fuentes de trabajo o expulsándolos de los pozos porque está más que demostrado que eso no sirve de nada (volverán a encontrar alguna forma de llevarle comida a sus hijos), sino dándoles alternativas que también para ellos sean razonables.
Tiene también la obligación de darle educación oportuna y suficiente (con becas igual de oportunas y suficientes) a esos niños y niñas que viven en hogares de coligalleros. Ellos no deben estar condenados, como sus padres, a la misma paradoja: buscar la muerte todos los días para sobrevivir.

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