El presidente de la República Luis Guillermo Solís inauguró la Estación Interinstitucional de Vigilancia en Puerto Níspero de Cañas el 19 de julio del 2016. Allí trabajarían en conjunto el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Servicio Nacional de Guardacostas y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), por primera vez en el país.
Fue una alegre noticia para las once comunidades de la zona, cuya subsistencia depende en gran medida de la actividad pesquera en el Golfo. Pero la alegría les duró poco.
En una visita realizada por La Voz de Guanacaste al sitio en los últimos días de enero, se comprobó que la única institución que trabaja allí en este momento, con tres guardaparques a cargo, es el Sinac. Aunque las oficinas están listas y los edificios inaugurados, no hay un solo guardacostas ni un funcionario del Incopesca allí.
La mística que demuestran estos tres funcionarios es de aplaudir. Con los recursos que tienen (un solo barco y un solo capitán), trabajan allí sin prácticamente sin parar, defendiendo el recurso marino de la pesca ilegal en toda la parte interna del Golfo de Nicoya. Sin embargo, su tarea se opaca por la falta de acción conjunta de las otras dos instituciones.
Ya han pasado más de seis meses desde que el mismo Presidente vino a inaugurar las instalaciones, pero las autoridades alegan que el convenio que permite la unión de las instituciones allí no está listo y, hasta tanto, no pueden pasarse a trabajar allí.
¿Cómo es que un documento, una simple firma, nos aleja de la eficiencia? No hay excusas que puedan justificar semejante sinsentido.
Para que quede claro, tener a las tres instituciones allí significa solucionar problemas relacionados con pesca ilegal, narcotráfico y otros delitos que se cometen en el Golfo de Nicoya todos los días, en solo minutos. Actualmente, a los oficiales les toma una hora trasladarse desde Caldera (donde está la estación más cercana) para atender problemas en la parte interna del Golfo.
Según la Fundación Marviva, encargada de la ejecución de la estación con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada uno de estos desplazamientos le está costando al Estado medio millón de colones.
Mientras tanto, los pescadores organizados por la pesca responsable se cansaron de llenar las boletas de denuncia contra acciones ilegales en el Golfo porque saben que tomará meses para que llegue hasta las manos adecuadas. La ineficiencia es cara. Nos está costando un tesoro.
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