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Editorial- Violencia policial en la marcha de TECOCOS: no es hora de guardar silencio

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Al enfrentar la posibilidad de perder sus hogares y su estilo de vida, varios grupos de las comunidades costeras a lo largo del país se juntaron el pasado 24 de febrero y bloquearon la Carretera Interamericana cerca de la gasolinera San Gerardo en Chomes, Puntarenas. Estos grupos estaban ejerciendo su derecho a manifestarse en favor del proyecto de Ley de Territorios Costeros Comunitarios, conocido como TECOCOS.

TECOCOS busca proteger a las más de 50,000 familias y pescadores que habitan los territorios costeros y las islas a lo largo del territorio nacional, muchos de los cuales viven en condiciones de marginalidad y subsistencia para así preservar la cultura, las costumbres y las tradiciones de estas comunidades.

Como respuesta, una unidad de 30 oficiales anti motines de la Fuerza Pública utilizó gases lacrimógenos en contra de los manifestantes. También violaron la propiedad privada cuando ingresaron a un restaurante donde un grupo de manifestantes se refugiaba de los gases. Botaron las mesas y las sillas, los atacaron y arrestaron a 11 personas. Más de una docena de manifestantes resultaron heridos, entre ellos un menor y un adulto mayor. 

Dos miembros del equipo de la Voz de Guanacaste presenciaron este incidente. Al refugiarse de los gases en el restaurante San Gerardo, de pronto se vieron atrapados y horrorizados entre tanta violencia, algo que ninguno esperaba ver ese día en un país pacífico como Costa Rica.

Ellos observaron mientras un contingente de policías rodeaba el restaurante. Quizá el momento más impactante fue cuando los policías entraron al restaurante. Una niña de unos 4 años dentro del restaurante estaba muy asustada, y mujeres mayores empezaron a rezar. La gente gritaba mientras los policías rompían sillas. Tomaron a la fuerza a un menor y, cuando un señor mayor se paró a defenderlo, lo agarraron a golpes.

Cuando se lanzaron los gases a menos de 100 metros de una gasolinera, todos temían que hubiera una explosión; aunque, después, nuestro reportero supo que la policía se había puesto de acuerdo con el dueño de la gasolinera y se habían tomado medidas de seguridad.

¿Y cuál ha sido la respuesta de la Casa Presidencial ante esta violencia?

El silencio.

Este no es momento para callar. La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio Público que investigara la represión de la protesta, pero al momento en que se escribe este editorial, no se ha recibido ninguna respuesta.

Sin duda, el gobierno desea que este incidente se olvide y desaparezca, pero eso no va a pasar. El gobierno desea regular algo que por muchos años no tuvo ninguna clase de regulación, y el resultado hasta ahora es de un completo desorden. La moratoria presidencial para la expropiación de las zonas marítimas vence el 14 de octubre del presente año, y aquellas personas que viven en las costas continúan con la lucha para defender sus hogares.

Es cierto que los manifestantes bloquearon en un principio ambos carriles de la Carretera Interamericana, provocando presas de unos ocho kilómetros hacia ambos lados. El derecho al libre tránsito es vital, pero se debe notar que los manifestantes permitieron el paso de ambulancias, y varios de los conductores mostraron su apoyo y empatía hacia los manifestantes y la situación en sí. Cuando la Fuerza Pública les solicitó habilitar un carril para que se pudiera reanudar el tránsito, los manifestantes accedieron. Fue después de abrir el carril que los policías respondieron lanzando los gases lacrimógenos.

Existen mejores formas de manejar situaciones como esta. Si se quiere dar a los afectados una solución real que traiga orden y paz a las zonas marítimas, en lugar de caos y lágrimas, se requiere empatía y respeto de parte de todos los grupos: desde la Casa Presidencial hasta los diputados, la policía, las municipalidades y aquellos que han vivido en las zonas costeras por generaciones.

 

 

 

 

 

 

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