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Gobierno perdona pozos ilegales para poder contabilizarlos

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Si usted perforó un pozo sin pedir los permisos correspondientes, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) le da seis meses de tiempo para que lo registre.

Desde el 24 de septiembre del 2019 y hasta el 24 de marzo del 2020, el Minae aplicará una amnistía [o proceso para perdonar un delito] para normalizar las perforaciones irregulares realizadas antes de abril del 2010, fecha en la que entró en vigencia el nuevo Reglamento de Perforación del Subsuelo para la Exploración y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas.

«Aplica para pozos perforados con maquinaria o equipo especializado, no para pozos artesanales [que son excavados manualmente] de uso doméstico, los cuales están exentos del Registro Nacional de Concesiones», indica el comunicado del Minae.

Con esta medida, el ministerio pretende ubicar la mayor cantidad de pozos clandestinos para saber cuánta agua se extrae sin que el Estado se dé cuenta. Así lo detalla el decreto publicado en La Gaceta el 24 de julio del 2019.

En el 2015, el Minae calculó 40.000 pozos ilegales en el país, de los cuales 15.000 son de Guanacaste. Pero para el director de aguas, José Miguel Zeledón, ningún dato es confiable porque no hay forma de cuantificarlos.

De hecho, el año anterior Dirección de Aguas encontró un aproximado de 100 pozos ilegales en el país y calcula que el 80% se encontraban en Guanacaste, aunque los datos que manejan son solo estimaciones.

“Esta es una forma de mejorar el conocimiento sobre el agua que se extrae en el país, de poder actualizar los balances hídricos, prepararse en temas de agua y cambio climático, entre otras cosas [relacionadas a la protección y manejo del agua]”, dijo Zeledón.

La amnistía no estuvo libre de críticas y alarmó a la Federación Ecologista (Fecon) que describe la medida como una “legalización del robo de agua subterránea”.

Tanto para el presidente de la Fecon, Henry Picado, como para Zeledón, es necesario tener un mejor monitoreo de los pozos ilegales en el país. Sin embargo, Picado considera que la amnistía permite la sobreexplotación del recurso hídrico.

“Que no haya un inventario no debe de ser razón para que se perdone un delito. El Estado debería tener la capacidad para solicitar la entrada a las fincas, monitorear y realizar censos para generar un conteo más exacto de los pozos ilegales que existen”, comenta Picado.

Para inscribir un pozo, la Dirección solicita una declaración jurada en donde conste que se perforó antes del 2010. El documento debe indicar el caudal que se extrae y debe traer un permiso para que los funcionarios ingresen al sitio y revisen la excavación.

“Esta declaración es el único mecanismo de control con el que cuenta el Minae sobre los pozos que quieran legalizarse”, dijo Zeledón.

Además, en Guanacaste quedan fuera de la amnistía los pozos ubicados en los acuíferos de Sardinal, El Coco, Panamá, Playa Hermosa, Mala Noche, Playa Sámara, Huacas, Tamarindo, Potrero-Caimital, Nimboyores y Marbella, que son de los más vulnerables de la provincia.

“Si la persona mintió y se comprueba, tendrá su penalidad”, explicó el director. Sin embargo, la única sanción que contempla la ley actual de aguas (del año 1942) es el cierre del pozo.

Esta no es la primera vez que el Minae aplica una amnistía para legalizar las perforaciones irregulares: en el 2002 ya había legalizado 256 pozos bajo esta modalidad, mientras que en el 2010 fueron 380.

Zeledón admite que los números de inscripción fueron muy bajos y, según él, muchos dueños de pozos prefieren evitar los controles del Minae y quedarse en la ilegalidad. Sin embargo, aseguró que en esta ocasión hay “hay mayor comunicación y coordinación [que las ocasiones anteriores]”.

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